La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, siguiendo los pasos de Andalucía. Ayuso considera que el gravamen temporal, diseñado por el Ministerio de Hacienda para anular las bonificaciones y descuentos de varías autonomías en el impuesto sobre el patrimonio, «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.» El recurso, ha añadido tras el Consejo de Gobierno, se interpondrá antes de que termine el mes de enero, aunque previamente se solicitará la suspensión cautelar.

Para la presidenta, según explica el Ejecutivo regional en una nota, “no hay justificación” para crear este impuesto. Por un lado, se «ignora» la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos, a las competencias autonómicas y al principio de igualdad. Por otro, la nueva figura impositiva se lanza en «un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica», con unos ingresos tributarios récord que podrían cerrar el año en torno a los 250.000 millones de euros.

Con este recurso, argumenta el Gobierno regional, se defienden los intereses económicos de Madrid y de toda España, ya que con este tipo de impuestos los contribuyentes con alto patrimonio pueden abandonar el país y marcharse a otros lugares de menor tributación. Si estas inversiones «se van de Madrid, se van de España y, por tanto, perdemos todos”. La aplicación del nuevo impuesto, según cálculos de Madrid, se traducirá en una pérdida de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año en inversión extranjera en la región, con un impacto en el empleo de 19.500 puestos de trabajo menos.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, argumenta el Ejecutivo de Díaz Ayuso, reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio, un tributo que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008. Sin embargo, «el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las CC AA de regimén común, invadiendo la gestión atonómica en la materia.

En efecto, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha diseñado el tributo para combatir los descuentos impulsados en el impuesto original por regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, que lo bonifican total o parcialmente. Para ello, la nueva figura tendrá una deducción del 100% en todas aquellas regiones en las que el impuesto sobre el patrimonio sí opere.

El Ejecutivo madrileño considera que tanto el diseño del nuevo impuesto como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española. Así, «perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid».

Además, la Comunidad de Madrid considera que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- ahora se van a ver obligados a hacerlo.

Fuente: Cinco Días