La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 no han hecho sino aumentar la presión sobre el contribuyente,, al igual que el proyecto de Ley de Medidas contra la Prevención del Fraude Fiscal, que se tramita en el Congreso.

Arthur B. Laffer, en una simple servilleta de papel, dibujó una curva con forma de U invertida, y consiguió mostrarnos algo tan simple como que, a partir de cierto punto, si se incrementa la presión fiscal sobre los contribuyentes, éstos se verán impedidos para contribuir a la economía, -ni como empresarios ni como consumidores- y, en consecuencia, el Estado disminuirá su recaudación.

En esa famosa curva, Laffer relaciona la presión impositiva de un país y su nivel de recaudación, y muestra que en toda economía existe un punto de equilibrio en el máximo de dicha curva que supondría para un país situarse en el «óptimo paretiano» de la imposición, donde se minimiza la presión fiscal soportada por el contribuyente y, a su vez, se maximizan los ingresos del Estado.

Encontrarnos a la derecha de ese punto podría generar efectos tan indeseados como la normalización de la economía sumergida, el incremento en la defraudación, la «fuga» de capitales al extranjero, o incluso, el desincentivo a nivel individual de los contribuyentes -trabajadores o empresarios-, que pueden plantearse que, a partir de cierto tramo de tributación, les resulta más interesante no producir y disfrutar de mayor ocio o ayudas de la administración, con el único fin de tributar menos. En definitiva, un efecto sustitución trabajo-ocio poco acertado en una etapa que busca la necesaria reactivación de la economía.

El impacto que la política económica y fiscal tiene sobre los agentes económicos, incluso el mero anuncio de ella y antes siquiera de que sea implantada, ya afecta a la evolución de esta curva. Una subida de impuestos, en un momento desacertado, puede determinar sustancialmente el devenir de nuestra economía y sus consecuencias ya pueden verse hoy, y no nos referimos únicamente a youtubers que se van a Andorra, sino a empresas, grupos empresariales y grandes patrimonios que, en uso de su economía de opción y ante la incertidumbre fiscal, buscan sedes con mejores condiciones fiscales que las que aquí se ofrecen o, al menos, una seguridad legislativa en el ámbito fiscal a corto/medio plazo.

Las medidas introducidas en la Ley de Presupuestos Generales para 2021 no han hecho sino aumentar la presión sobre el contribuyente, no sólo incluyendo un tipo adicional en el IRPF para las «rentas altas» de las personas físicas o incrementando los tipos del Impuesto sobre Patrimonio, sino también eliminando exenciones importantes en Sociedades como las que afectan a dividendos o políticas de grupo.

Las modificaciones tributarias previstas en el Proyecto de Ley de Medidas contra la Prevención del Fraude Fiscal, que se tramita en el Congreso, a pesar de que fija como objetivo de la Ley la supervisión y prevención del fraude fiscal, aumentan de nuevo la presión fiscal al contribuyente -residente o no residente-, introduciendo un «valor de referencia» para los inmuebles que aumentará la base imponible de todos los tributos patrimoniales; modificando el Exit Tax; incrementando los supuestos de tributación por transparencia fiscal internacional, etc. Y si a todo esto se añaden los anuncios o advertencias sobre la modificación del régimen fiscal de las Sicav o las Socimi, y golpes como el último de las grandes digitales con la tasa Google, el panorama es desalentador.

Con un margen de maniobra tan limitado y unas políticas tan desorientadas, para evitar el desgaste y hartazgo del contribuyente, sobre todo tras la destrucción de capacidad productiva que la crisis está generando, se requiere de mayores estímulos económicos y fiscales que permitan evitar repuntes de insolvencia empresarial -especialmente en Turismo y Hostelería- y de un plan fiscal que vaya mucho más allá de un mero incremento en la recaudación.

Como decíamos al inicio, presión fiscal y recaudación no siempre avanzan en el mismo sentido, por lo que cada comunidad autónoma y cada país tienen la obligación de analizar su propia curva de Laffer, que, si bien no deja de aportarnos un planteamiento meramente teórico, sí que parece razonable asumir que, en una fase expansiva con crecimiento económico, y sin perjuicio de consideraciones de población, situación de partida, riqueza, etcétera, podría cumplirse al menos parcialmente.

Recordemos con cierto orgullo que España ya ha logrado en ocasiones anteriores situarse, en épocas de crecimiento, incluso a la izquierda de ese óptimo, y así lo han reflejado estudios como «The Laffer Curve for High Incomes» (del sueco J.Lundberg) referido a 2017, o la propia evidencia empírica.

De momento, parece que tendremos que olvidarnos de esa visión liberal de Laffer y aferrarnos a las políticas de gasto que tanto le gustaban a Keynes, pero no perdemos la esperanza de que en un futuro no muy lejano se revisen esos libros de la carrera que hablaban de la teoría de la Hacienda Pública, de la curva de Laffer, de planes con eficiencia fiscal, porque de los errores se aprende, porque ya lo hemos vivido y lo hemos superado, y porque en esta época en la que hemos doblegado tantas curvas el siguiente paso no puede ser sino iniciar un nuevo ascenso, y con ello una nueva oportunidad de alcanzar ese «óptimo paretiano» perseguido por Laffer.

Fuente: Expansión.com