La crisis sanitaria ha acelerado la digitalización de las áreas jurídicas y fiscales en las grandes compañías, que aprovechan los beneficios de la tecnología para optimizar sus procesos y prestar mejores servicios.

Aplicar la inteligencia artificial al sector legal era inimaginable hasta hace poco, pero hoy ya es una realidad que ayuda a agilizar procesos y el acceso a la información. Las nuevas plataformas digitales permiten que los profesionales de los departamentos fiscales y legales de las empresas puedan centrarse en aportar valor a partir del análisis de los datos para minimizar riesgos y prestar un servicio óptimo.

Esta transformación protagonizó la primera edición del NewLaw Summit 2021, organizado por PwC Tax & Legal y EXPANSIÓN, en colaboración con DigitalES, que contó con la participación de expertos y representantes de grandes compañías y de la administración pública.

Para estos agentes que actúan en torno a la función fiscal, «hay cuatro grandes corrientes que están cambiando nuestra forma de desenvolvernos: la disrupción digital, la complejidad normativa, las tendencias hacia una mayor transparencia en el gobierno corporativo y la presión sobre los costes», apuntó Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax & Legal. Entre los cambios que ya son una realidad en el sector, Latorre hizo hincapié en que «buena parte de los servicios legales están en manos de profesionales no abogados, la gestión de los datos es clave y los procesos internos y externos se digitalizan de manera vertiginosa».

En el escenario actual, «la pandemia ha abierto una oportunidad de transformación para las administraciones digitales: nuestro plan estratégico se ha acelerado», comentó José Borja, director del departamento de informática tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Hacienda utiliza fórmulas como el Suministro Inmediato de Informacion (SII) y su sistema integral de análisis de riesgos, que «nos permite tener una visión integral de los riesgos fiscales en la sociedad». Entre otras tecnologías, emplea la inteligencia artificial para promover el cumplimiento, automatizar procedimientos y analizar riesgos.

«La transformación de ámbitos que parecen alejados del mundo digital proporciona ventajas competitivas a las empresas y a nuestro país», aseveró Víctor Calvo-Sotelo, que en diciembre fue elegido director general de DigitalES, la patronal que agrupa a las principales empresas del sector de las telecomunicaciones, tecnología e innovación digital en España. Calvo-Sotelo subrayó que «una fiscalidad más digital es también una fiscalidad más inteligente y eficiente».

Justicia

El Ministerio de Justicia también ha identificado la transformación digital como uno de los puntos prioritarios en su agenda. «Los fondos europeos de recuperación plantean una oportunidad para invertir y hacer que España sea más competitiva. La transformación de la Justicia es uno de los proyectos tractores», manifestó Aitor Cubo, director general de transformación digital de la Administración de Justicia. Uno de sus puntos fuertes es el proyecto de Justicia orientada al dato, tanto en la parte de tramitación como en la explotación de la información y la toma de decisiones basadas en la evidencia.

En este sentido, la incorporación de la tecnología ofrece cada vez más oportunidades desde el punto de vista jurídico. «El dato y los documentos estructurados son, sin duda, un instrumento necesario para el cambio en cualquier organización», señaló David Mellado, socio de PwC Tax & Legal responsable del área legal.

Desde la perspectiva de las compañías, «la tecnología nos da seguridad y nos permite automatizar procesos de carácter más administrativo, preservando el análisis jurídico fino para lo que realmente es necesario», aseveró José Luis Barceló, director de la asesoría jurídica de Ilunion. Sobre los aspectos a mejorar, Barceló lamentó que «echamos en falta que exista una uniformidad en el tratamiento documental de las resoluciones judiciales que permita aplicar herramientas de inteligencia artificial».

Otro ejemplo lo protagoniza Iberdrola, que lanzó el proyecto Darwin para renovar sus servicios jurídicos. «El objetivo era permitir que los abogados dedicasen más tiempo a aportar valor y menos a realizar tareas repetitivas, incrementando así la eficiencia», explicó Irene Agúndez, directora jurídica de Iberdrola España, que añadió que la firma pone el foco en una gestión más ágil de los proyectos legales.

Fuente: Expansión.com