El Gobierno plantea una ambiciosa subida de impuestos para elevar los ingresos y cerrar la brecha de recaudación con Europa que tendrá que entrar en vigor al inicio de 2023.

El Gobierno ha detallado finalmente cuáles son sus planes para la futura reforma fiscal que pondrá en marcha en el año 2023 con la publicación de las 30 fichas que componen el Plan de Recuperación que remitió la semana pasada a Bruselas. El Ejecutivo pretende acercar a España a los niveles de recaudación del conjunto de la eurozona y ello implica un importante endurecimiento de la presión fiscal. Aunque todavía quedan muchos detalles por decidir, los textos remitidos a la Comisión señalan claramente algunas de las figuras que el Gobierno pretende tocar en los próximos años y que afectarán a casi todos los contribuyentes en mayor o menor medida. Entre los tributos que se subirán se encuentra el impuesto al diésel, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio, las bases máximas de cotización o los peajes de las autopistas. «Nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo», señala el Gobierno en su ficha sobre fiscalidad.

Se trata, por tanto, de una batería de medidas ambiciosas que tienen que entrar en el Congreso de los Diputados a lo largo del año 2022 para que entren en vigor en el primer trimestre del año 2023. Este es uno de los hitos que ha fijado el Gobierno para recibir los fondos europeos, de modo que será improrrogable. El Gobierno elaborará esta reforma a partir del informe del comité de expertos ya designado por el Ejecutivo y que tiene de plazo hasta el inicio del año 2022 para remitir sus conclusiones.

-Subida de las bases máximas de cotización. Esta es una de las medidas más relevantes por su poder recaudatorio y que afectaría a 1,2 millones de contribuyentes, cuyos ingresos superan la base máxima actual. En concreto, el Ejecutivo propone la «adecuación de las bases máximas de cotización», lo que significa una subida de las cuotas para los trabajadores cuyos ingresos anuales superen los 2.400 euros al mes. El Gobierno propone que esta subida «se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano» que empezaría a activarse a partir del año 2022. Esta subida de las cuotas sociales para empresas y trabajadores «deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema», lo que no señala el texto es si la subida de la pensión máxima será equivalente a la subida de las bases máximas de cotización.

-Fin de la bonificación por aportación a planes de pensiones privados. El Gobierno eliminará este beneficio fiscal en el impuesto sobre el IRPF ya que se trata de una ayuda que no estimula el ahorro y es regresiva, según el informe encargado a la AIReF. En consecuencia, el Gobierno ha prometido a Bruselas su eliminación y sustitución por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones de empleo. El objetivo es estimular el ahorro de los trabajadores a través de planes de empresa que se tendrán que acordar en la negociación colectiva para determinar cuál será la aportación de los trabajadores y cuál la de las empresas.

-Imposición sobre la riqueza. El Gobierno remarca en la ficha sobre fiscalidad su intención de buscar un sistema fiscal más progresivo que implicará una subida de impuestos sobre la riqueza de las familias. Aunque no detalla cómo quedará dicha reforma, señala que «evidencian importantes mejoras a introducir desde la perspectiva de implementar una política redistributiva coherente a nivel nacional». Esto significa la búsqueda de un sistema más progresivo que suponga una subida de impuestos para los patrimonios altos. Además, también señala «la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA». Esto es, una armonización de impuestos para evitar que algunas comunidades, como Madrid, bonifiquen sus tributos cedidos para eliminarlos en la práctica.

-Diésel. La ficha sobre fiscalidad no se refiere a la subida del impuesto al diésel en concreto, pero lo insinúa con esta frase: «Revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante». La bonificación al diésel sobre la gasolina es la más importante de todas las que existen, de modo que su equiparación progresiva implicará una subida de este impuesto, algo que ya intentó el Ministerio de Hacienda con los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que tuvo que retirar por exigencia del PNV.

-Impuesto de matriculación. El Gobierno pretende revisar esta figura para «adaptarlas a estándares medioambientales», lo que implica acabar con algunos beneficios fiscales que existen en España a vehículos contaminantes. Actualmente, el impuesto de matriculación está transferido a las comunidades autónomas, que gravan con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

-Peajes en todas las autovías. Es otra de las medidas fiscales más relevantes que incorpora el Gobierno en su plan y empezará a aplicarse a partir del año 2024. El objetivo es doble: establecer un pago por uso y una compensación por la externalidad negativa que supone la contaminación. El Ejecutivo se compromete a poner en marcha una ley de movilidad y financiación del transporte que dará cobertura legal al cobro por uso de las carreteras estatales: «Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías». Con esta medida se pretende «garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del ‘stock’ de infraestructuras con el que está dotado nuestro país». Aunque todavía no hay detalles de la tasa que se aplicará, lo que sí ha fijado el Gobierno es que la ley deberá estar aprobada en el segundo semestre del año 2023, de modo que el Gobierno empezaría a cobrar peajes en las autovías a partir del año 2024.

-Eliminación de bonificaciones y reducciones a la contratación. Es una de las medidas fiscales incorporadas a la ficha 23 en la que desarrolla la reforma laboral. El Ejecutivo señala que pretende «liberar recursos» de estas ayudas para redirigirlos a otras políticas activas de empleo que resulten más eficientes. Aunque no detalla qué bonificaciones y reducciones pretende eliminar, sí señala claramente que «los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos».

-¿Eliminación de la tributación conjunta? La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado este miércoles que su propuesta para eliminar la reducción a la tributación conjunta en el IRPF que aparece en el resumen del Plan de Recuperación es «una errata». Calviño ha asegurado que encontrarse ese párrafo ha sido para ella ha sido una «sorpresa», sin embargo, no ha querido contestar a las preguntas de la prensa sobre quién asume la responsabilidad de ese error. Tal y como ha señalado Calviño, en las fichas remitidas a Bruselas no se contempla la eliminación de esta modalidad de IRPF. Eso sí, tampoco se descarta, ya que el Gobierno analizará todos los beneficios fiscales existentes actualmente.

-Ensanchar las bases imponibles. Estas figuras impositivas señaladas en el artículo son las que el Gobierno ha detallado en sus fichas, pero no son todas las que habrá. El Ejecutivo pretende «ensanchar las bases imponibles» eliminando agujeros fiscales por los que se escapa la recaudación, para lo que hará una revisión en profundidad de todo el presupuesto de beneficios fiscales.

Fuente: ElConfidencial.com