El nuevo impuesto sobre las grandes fortunas anunciado la semana pasada por Hacienda pretende neutralizar las bonificaciones que la Comunidad de Madrid, primero, y otros gobiernos regionales del PP, después, han ido impulsando en el impuesto sobre el patrimonio. El nuevo gravamen, de momento de carácter temporal, nace así con el doble objetivo de combatir la pérdida de recaudación y de frenar el efecto llamada hacia las fortunas de autonomías que mantienen el tributo original.

El impuesto sobre el patrimonio es un tributo de naturaleza estatal cedido a las autonomías del que dependen anualmente un 0,6% de todos los ingresos de la Hacienda española. Tienen que declararlo por norma general los ricos con un patrimonio neto de más de 700.000 euros, excluyendo 300.000 euros de la primera vivienda, si bien estos umbrales varían tímidamente entre unas zonas y otras. Pese a su tímido peso recaudatorio, el tributo está rodeado de gran polémica por la bonificación total que impulsó Madrid en 2011 y por los anuncios recientes de regiones como Andalucía o Galicia, que lo bonificarán a partir de ahora al 100% y al 50%, respectivamente.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, bromeó hace dos semanas, al anunciar la medida, con la posibilidad de atraer a grandes fortunas asentadas en Madrid gracias a la nueva bonificación. Sin embargo, a juzgar por la tendencia que rodea al impuesto, lo tendrá difícil.

Desde 2012, un ejercicio después de que acabase en la práctica con el gravamen, Madrid ha ganado un 25% de declarantes. Es un porcentaje menor que el de Aragón (un 166% más), Baleares (32%) y Comunidad Valenciana (30%), zonas que no aplican ningún tipo de descuento. Se encuentra cerca, a su vez, de las subidas de Cataluña (24%) y Extremadura (21%), que tampoco aplican rebajas para los más ricos, y de la media española (un alza del 26%).

Según apunta Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, es realmente complicado saber los efectos que las bonificaciones tienen sobre el funcionamiento del impuesto a nivel de fuga de riqueza. Por un lado, apunta, puede darse el caso de que muchos potenciales afectados asentados en Madrid ni siquiera declaren por Patrimonio al no tener la obligación de tener que liquidarlo, dando pie a “un vacío brutal de información”. Por otro, recuerda, no hay que olvidar el “efecto capitalidad” de la región central, que hace que muchas fortunas se hayan asentado en ella de forma natural, algo que también señala Durán-Sindreu.

También hay que recordar, añade el director del Máster en Fiscalidad, que deslocalizar un patrimonio de una comunidad a otra no es tarea sencilla ni puede hacerse de forma aparente. “Supone una planificación, un trabajo y unas consecuencias que no todos los grandes patrimonios quieren o pueden permitirse”. Es algo que sí podrían hacer los ultrarricos, pero de darse no serían más que casos testimoniales que no permiten concluir que las bonificaciones tengan esos efectos.

El efecto capitalidad y la capacidad de manioba de los ultrarricos sí podría estar detrás, añaden los expertos, del volumen de riqueza media declarada que hay en Madrid. En la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso el patrimonio medio declarado por este impuesto asciende a los 10,3 millones de euros, casi tres veces más que la media española (3,5 millones) y notablemente por encima de los 6 millones de media que se declaran en Galicia.

Guerra fiscal

La batalla fiscal sigue produciendo réplicas días después de que el Gobierno anunciase el paquete fiscal con más cargas a grandes empresas y patrimonios y alivios a grupos con menores ingresos. Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que únicamente de Madrid “pueden huir 13.000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e impuesto de la renta asciende a más de 5.000 millones de euros”. Según los datos de la Agencia Tributaria, unas 19.500 personas declararon en Madrid por Patrimonio en 2020, último año con datos disponibles.

Fuente: Cinco días