Casi dos millones de trabajadores se verán afectados esta semana por los despidos temporales.

La paralización drástica de la actividad por la crisis del coronavirus está generalizando el uso de los despidos temporales por «fuerza mayor» entre las empresas españolas con el objetivo de minimizar gastos y garantizar su viabilidad futura. En menos de una semana, entre el 16 y el 21 de este mes, se presentaron cerca de 200.000 en toda España, y la cifra irá subiendo durante los próximos días, cuando los trabajadores afectados estarán cercanos a los dos millones, prácticamente el doble de los actuales, según las fuentes consultadas por ABC.

Andalucía y Cataluña están sufriendo el mayor número de ERTE por el mayor peso que tiene el tejido empresarial en ambas regiones. En el caso de la región catalana el impacto del Covid-19 supondrá un mazazo para su economía, ya castigada con la fuga de más de 6.000 empresas por el desafío independentista. En el caso de Madrid, pese a ser una de las regiones que más está sufriendo el coronavirus, su impacto, de momento, es algo menor que en las dos regiones citadas dado el fuerte peso de empresas grandes, más fuertes para subsistir un periodo temporal sin recurrir a ERTE. Solo entre las comunidades andaluza y catalana el número de despidos colectivos temporales supera los 60.000, cifras que se quedarán cortas a partir de esta semana, explican las mismas fuentes a este diario.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido responsabilidad a las empresas en la aplicación de una de las tres formas de ajuste colectivo previstas en el Estatuto, cuyo principal objetivo es ayudar a la empresas y proteger al trabajador. Una medida a la que se están acogiendo un alud de empresas de todos los sectores económicos, pero especialmente las actividades relacionadas con el turismo, hostelería, textil y automoción y, sobre todo, las pymes y los autónomos.

Las dudas suscitadas entre este colectivo y su intranquilidad sobre el alcance de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno fueron disipadas la semana pasada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá después de garantizar que todo el colectivo, independientemente de su forma jurídica (persona física y societarios) cobrarán la ayuda extraordinaria por desempleo puesta en marcha (cerca de 700 euros), que conlleva la exención del pago de cotizaciones, que asumirá la Seguridad Social. No tendrán que realizar, por tanto, el paso previo que es necesario de cursar baja en Hacienda y la Seguridad Social y además la ayuda será extensible a los autónomos con tarifa plana o bonificación.

El aluvión de ERTE que se están presentando ante las autoridades laborales no va a llegar a tiempo para que muchos de estos autónomos vean resueltas sus solicitudes y, por tanto, queden eximidos ya de abonar la cuota de este mes. De hecho la Seguridad Social ya está recordando a las empresas que si no realiza el ingreso de las cotizaciones en plazo se generará deuda con recargo, un aviso que está generando confusión entre el colectivo. Este es el motivo por el que ATA, la mayor organización de autónomos, ha reclamado por carta la presidente del Gobierno que suspenda la cuota de este mes.

«Los autónomos están asfixiados». Con esta frase ATA ha reclamado al Gobierno que «por favor» exonere al colectivo de la cuota de marzo. «Son muchos los autónomos que no tienen dinero ni para pagar la cuota», dijo ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE. «Espero que el presidente atienda esta petición. Los autónomos -dijo- confían en no tener que hacer frente al pago porque generará mucha frustración cuando muchos vean cargadas en sus cuentas el próximo día 31».

«Las cotizaciones de empresas y autónomos están domiciliadas en las entidades financieras y dependerá del nivel de ahogamiento que tengan los autónomos la podrán pagar o no. En cambio en Francia e Italia no tendrán que hacerlo», dijo

En la misiva enviada a Sánchez, el dirigente empresarial recuerda que el plazo para solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad es del 15 de marzo hasta el 14 de abril. Recuerda Amor en la carta que, sin embargo, y ante la cercanía de la fecha en la que se hace efectivo el pago de la cuota, «puede haber errores formales en las solicitudes presentadas hasta ahora y que, por tanto, estas sean denegadas. Y hay una avalancha de solicitudes», recuerda. Y añade: «A lo que hay que añadir que, siguiendo las indicadores sanitarias, los autónomos y colaboradores sociales están en situación de aislamiento, con negocios cerrados, donde tienen la documentación, con movilidad limitada y muchos en situación de teletrabajo. Además de la situación de operatividad de las mutuas en estos momentos», concluye.

La solución que está dando la Tesorería General de la Seguridad Social al colectivo es que si la prestación extraordinaria por cese de actividad fuera reconocida por la mutua después de realizado el cargo, el autónomo podrá solicitar la devolución de las misma. Una solución que no convence a los autónomos, muchos con el agua al cuello. «¿De verdad que con la que tenemos en España vais a obligar a los autónomos a pagar y luego solicitar la devolución de las cuotas?», respondió ayer Lorenzo Amor por Twitter a la Tesorería tras el anuncio. Su propuesta a la Seguridad Social es que «para evitar complicaciones y trámites», el organismo público que recauda las cotizaciones cobre el próximo julio a quien corresponda pagar en marzo.

CEIM: rebaja de impuestos

La patronal madrileña ha reclamado también al Gobierno que la exoneración del pago de las cotizaciones a los afectados por ERTE debe ser del 100% en todos los casos y pide que la obligación de mantener el empleo actual solo debería exigirse cuando la actividad de la economía se haya recuperado por completo. Ahora, tras un ERTE, la empresa debe mantener su empleo seis meses.

La organización empresarial que preside Miguel Garrido, también reclama que los aplazamientos de pago de impuestos anunciados por Sánchez deben ir acompañados de un plan de fraccionamiento para que las empresas puedan hacer frente a los desembolsos a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de «no ahogarlas» cuando pretendan iniciar de nuevo la actividad,

Además afirma que es necesario revisar cada una de las cargas fiscales que soportan las empresas y adecuarlas a la situación actual para «alcanzar una rebaja de la presión fiscal hasta que se vuelva a la normalidad».

Por todo ello, CEIM concluye que «es más necesario que nunca» que las administraciones cumplan con sus compromisos, tanto de pagos a proveedores como de devoluciones del IVA y demás tributos.

Fuente: Abc.es