La Abogacía madrileña y la Judicatura difunden entre los operadores jurídicos una guía de buenas prácticas para agilizar el proceso con la búsqueda previa del mejor postor.

La Abogacía madrileña y la Judicatura han aunado sinergias en una guía de buenas prácticas con recomendaciones para agilizar y facilitar la venta de unidades productivas a los operadores jurídicos en procesos concursales ante la avalancha de asuntos que se esperan por la crisis de la pandemia, que ha golpeado especialmente a empresas, Pymes y autónomos.

La oleada de concursos de acreedores se espera una vez que la economía deje de estar sostenida de forma artificial a través de los prestamos ICO y los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), lo que según los juristas dará lugar a «una situación de sobreendeudamiento» que se sumará a la mala situación arrastrada por muchas empresas por la anterior crisis.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, han presentado esta mañana en la sede del Alto Tribunal madrileño la Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas, que aspira a convertirse en una herramienta imprescindible para salvar el tejido empresarial y conservar el mayor número de empleos posible.

El término pre pack o venta de la unidad productiva constituye una de las mejores opciones en los procesos concursales dado que favorece la continuidad de la actividad empresarial, el mantenimiento de puestos de trabajo, y el fomento de las relaciones de mercado.

Recientemente, un juez de lo mercantil ha autorizado la venta de una unidad productiva del restaurante madrileño Zalacaín a Íñigo Urrechu y a sus socios al haber ofrecido la mejor oferta en la negociación previa al concurso de acreedores.

Colaboración

En su intervención, José María Alonso ha querido en primer lugar agradecer la «extraordinaria» colaboración de la Judicatura para poder sacar adelante esta guía con indicaciones, una iniciativa demandada desde el ámbito judicial para abordar el colapso en los juzgados de lo mercantil por la oleada de empresas en crisis.

El decano ha señalado que el documento está destinado a abogados, jueces, economistas y otros implicados en estos procesos para facilitar la salvaguarda de la mayor actividad empresarial.

«Hay que dar pasos al frente y asumir de qué manera podemos ayudar. La experiencia indica que una inmensa mayoría de los concursos terminan en liquidación y en la desaparición de la empresas», ha apuntado el decano agregando que los concursos podrían llegar a los 50.000 al afectar «a la parte más débil de la economía».

Para frenar esa oleada, el Colegio fue consciente hace meses de que debía de actuar y poner contención a lo que se avecina. Y así nace la guía que incluye «todo el acervo de actuaciones que se tienen que seguir» para que los profesionales de los diferentes ámbitos sepan que tienen «un mecanismo para salvar el mayor número de unidades productivas para que una empresa pueda seguir existiendo y generando por tanto riqueza y salvaguardando el empleo».

El decano ha puesto en valor que se trata de la primera vez que una guía se firma entre el máximo representante del TSJM y la Abogacía madrileña. «Ojalá esto se traslade al resto de España», ha deseado.

José María Alonso ha aprovechado para reclamar que se libere a los jueces de lo mercantil de los asuntos relaciones con reclamaciones en el ámbito del transporte aéreo, ya que suponen un 30% de su tiempo.

En su discurso, Celso Rodríguez, ha abogado por «la búsqueda de soluciones que permitan disponer de un escenario procesal más eficaz», asegurando que «el diseño de unos modos de acomodar el proceso a un objetivo mayor de eficacia, tejiendo cauces de colaboración entre órganos judiciales y los actores procesales contará con el apoyo del TSJM».

Sobre la guía, ha destacado que tiene por finalidad «salvar el máximo número de empresas posibles y de puestos de trabajo», incluyendo en el documento indicaciones que «redundarán en un mejor resultado de los expedientes concursales».

«En estos momentos tan delicados para la actividad económica y empresarial que atravesamos, iniciativas como ésta creo, sinceramente, se adentran en la mejor senda que podamos seguir desde la Administración de Justicia», ha recalcado.

Por su parte, Adrian Thery, copresidente de la Sección de Reestructuraciones e Insolvencias del ICAM y uno de los letrados que ha participado en la elaboración de la guía, ha detallado a que dentro de la liquidación de una empresa se puede llevar a cabo la venta de activos dentro de «la unidad productiva, con la empresa manteniendo a sus empelados, «a un tercero y liberando toda la deuda».

De este modo, según ha reseñado, «la empresa sobrevive sin deuda y adquiere una nueva viabilidad». «Este tipo de ventas están contempladas en la Ley Concursal y se trata de agilizarlas en el tiempo para la búsqueda del mejor postor para que ese proceso de venta se haga antes de iniciar el concurso, lo que afectaría a la viabilidad y supondría un estigma para la empresa», ha explicado.

Fuente: Expansión.com