Las autonomías y ayuntamientos podrían comenzar el año 2025 perdiendo más de 12.000 millones de euros de margen fiscal. El baile parlamentario iniciado por Gobierno y Junts en torno a una nueva senda de estabilidad, que marcará los objetivos de déficit y los cimientos del proyecto de Presupuestos, amenaza con recortar la capacidad de gasto prometida a los gobiernos regionales y municipales, empeñados en la aprobación de unas Cuentas, que –en rigor- deben garantizar un superávit del 0,1%. Todo podría cambiar con el año ya iniciado. Si Hacienda rehace las metas fiscales, reordenando el reparto del déficit -del 2,5% para el total de las administraciones- en favor de las CCAA, las autonomías contarán con un margen extraordinario que no conoceremos hasta el próximo 15 de octubre, cuando Economía se vea obligado a incluir los datos en el plan fiscal estructural que debe enviar a la Comisión Europea. Hasta entonces, las regiones trabajan a ciegas.

Moncloa cuenta con tres meses para impulsar una hoja de ruta fiscal, y tramitar un proyecto completo de Presupuestos; sin embargo, dos citas ralentizarán los plazos. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, advirtió -la pasada semana- de que Hacienda no presentaría las Cuentas hasta que ERC y los de Puigdemont no celebrasen sus congresos, convocados para finales de octubre y noviembre, respectivamente. Esto reduce la ventana parlamentaria para cumplir «en tiempo y forma» con la aprobación de la norma, tal y como se proponía Montero. Sin embargo, la irrupción de los cónclaves independentistas dejará a la vicepresidenta Primera poco menos de un mes para tramitar todo el proyecto de ley. Una misión imposible, teniendo en cuenta que en 2022, tardó más de mes y medio en lograr impulsar las Cuentas de 2023, pese a agilizar al máximo los plazos en el Congreso.

Todo conduce ahora a una prórroga temporal de los Presupuestos, que -si no se corrige- impactará en todas las CCAA y Ayuntamientos. Lo hará en mayor medida en aquellas regiones con mayor volumen de PIB. La Comunidad de Madrid y Cataluña podrían dejar de contar con un margen de gasto de entre 600 y 2.200 millones en 2025, dependiendo del objetivo de déficit final que marque la futura senda de estabilidad. Lo mismo ocurrirá con Andalucía o Valencia, y con consistorios como el de Madrid que, si no se aprueban unos Presupuestos, vería pasar más de 200 millones, si tomamos como referencia la última hoja de ruta fiscal aprobada por el Consejo de Ministros, hace más de dos semanas.

Su modificación, no solo depende de Junts. Otros grupos, como Bildu y el BNG, también han pedido intervenir en las negociaciones en las que se decidirá el reparto final del déficit público. «En el marco de nuestra normativa presupuestaria hay que distribuir ese 2,5% entre los distintos agentes territoriales, entre el Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social. Y es en ese marco de discusión en el que estamos ahora mismo», confirmó el viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Cuanto mayor sea el margen cedido a las CCAA y municipios, mayor será el ajuste que el Estado se vea obligado a acometer. Con una senda de déficit del 0,1% para las regiones, el Gobierno asumiría un recorte -en solitario- del 0,8%. Si Puigdemont logra que el Ejecutivo asuma su propuesta, y se concede una meta de déficit del 0,8% para las comunidades autónomas, el Estado tendrá que acometer un esfuerzo fiscal por valor de más de 12.000 millones de euros, según datos difundidos por el director de Fedea, Ángel de la Fuente.

A ello, hay que añadir el peaje que los diferentes grupos cobren a Moncloa a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2025. «Hay que dialogar mucho, hasta la extenuación, con todos los grupos políticos del arco parlamentario», dijo el viernes la vicepresidenta Primera, maría Jesús Montero, desde Cádiz. De las Cuentas, también dependen varias de las reformas pendientes que Moncloa debe acometer. Una de ellas, es la reforma fiscal que -entre otros- valide la permanencia de los gravámenes extraordinarios a la banca y energéticas, que en 2024 recaudó 2.859 millones de euros.

Fuente: El Economista