La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cogió ayer el guante lanzado por Sumar y se abrió a imponer un castigo fiscal a los pisos turísticos en las zonas tensionadas. El socio minoritario de la coalición de Gobierno presentó ayer un paquete fiscal, de subidas de IVA, IRPF, Sociedades y gravámenes a Socimis, que reclama incorporar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. En respuesta, Montero matizó que la regulación del IVA depende de la Unión Europea, aunque asumió que la nueva directiva comunitaria en la materia podría dar margen para actuar en este sentido, y, más allá, contempló impulsar medidas tributarias específicas en las zonas de difícil acceso a la vivienda.

«Estamos trabajando en materia de vivienda, saben ustedes que es uno de los pilares de la legislatura, y nuestro objetivo es tener más de 180.000 viviendas en régimen asequible que permitan que las familias no tengan que hipotecar su vida para acceder a una vivienda», relató ayer Montero en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. Aludió a soluciones como el fomento del «régimen de alquiler social, a través de préstamos ICO, o el bono social joven», «política prioritaria», dijo, a tratar en la Conferencia Sectorial de Vivienda. A partir de ahí, preguntada por las peticiones de Sumar, la titular de Hacienda se mostró dispuesta a estudiar medidas fiscales. «En concreto, el tema del IVA tiene que estar armonizado también con el resto de Europa. Este no es un impuesto que cada Estado miembro podamos regular, ni podamos tener tipos según nuestro interés, sino que hay unos márgenes en que nos tenemos que mover, y justamente se está trabajando en una nueva directiva de IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones», apuntó.

Actualmente, los pisos turísticos en España no soportan IVA, pero la directiva plantea la posibilidad de aplicarlo a nuevos modelo de negocio basados en plataformas digitales y, a la espera del complejo consenso unánime necesario en la UE, Sumar aspira a aplicar un gravamen del 21% a los pisos turísticos en general y del 10% en aquellos en los que el propietario resida habitualmente y alquile solo durante ciertos periodos.

«Vayamos paso por paso. Primero es el debate en Europa», pidió ayer Montero, defendiendo la necesidad de conocer la redacción definitiva de la directiva antes de tomar medidas ligadas al IVA.

Por otra parte, planteó la vicepresidenta primera, «tenemos que ver la posibilidad de que, si las fuerzas políticas lo comparten, podamos en España también establecer» medidas tributarias específicas «en las zonas tensionadas». «Insisto en esto, porque donde provoca un problema el piso turístico es en los lugares en donde las familias se ven obligadas a tener que marcharse porque no encuentran un alquiler asequible», dijo.

La Ley de Vivienda identifica como «zona tensionada» aquellas áreas geográficas en las que las familias tienen que emplear más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda, o la hipoteca de la misma, incluyendo los gastos en suministros básicos. Alternativamente, tienen esta consideración las zonas donde el precio del alquiler ha subido tres puntos más que el IPC en el último lustro. «En las zonas tensionadas se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas, pero hay otras también que están en cartera», expuso Montero sin entrar en más detalles.

Desde Sumar, por su parte, sí que plantearon una batería de medidas tributarias adicionales. La presentaron ayer su portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, y el de turismo, Alberto Ibáñez, como proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda. El objetivo es que la mayor presión fiscal sobre los alquileres turísticos ayude a reducir los precios de mercado de la vivienda. Para ello, instan a Hacienda a incluir en los Presupuestos de 2025 la citada alza de IVA; a suprimir las deducciones de gastos financieros de amortización y mejora de viviendas sobre IRPF en zonas tensionadas; elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en periodos de no ocupación; eliminar las deducciones en Sociedades en ciudades de más de 200.000 habitantes con tasas superiores a 10 turistas por habitante; y a introducir un gravamen específico del 25% sobre beneficios de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimis) que realicen actividades de arrendamiento turístico durante el ejercicio fiscal.