El rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad del Gobierno, que el PP logró imponer ayer aprovechando la mayoría absoluta de la que disfruta en la Cámara Alta, fulmina de un plumazo todos los avances cosechados por el Ejecutivo desde el pasado diciembre en su intento por tramitar unas nuevas cuentas públicas para 2024, obligándole a reiniciar toda la liturgia presupuestaria y retrasando de nuevo un proyecto ya extemporáneo. A partir de ahí, el segundo y definitivo rechazo que el PP ya prepara de cara a la segunda vuelta amenaza con precipitar al Parlamento en terra ignota. Un escenario inexplorado en el que Hacienda aspira a impulsar igualmente su proyecto presupuestario esgrimiendo un informe de la Abogacía del Estado, que de momento se niega a revelar, con severas consecuencias para comunidades autónomas o ayuntamientos, que previsiblemente culmine en una batalla legal.

El nuevo Gobierno conformado en noviembre sentó las bases para impulsar un Presupuesto para 2024, que en condiciones normales debía haberse presentado ante el Parlamento en septiembre, en el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre. El Ejecutivo aprobó entonces un límite de gasto no financiero para 2024 de 199.120 millones de euros (incluyendo 9.900 en fondos europeos), un techo de gasto récord que supera en un 0,5% el de 2023 y que no está sujeto a la aprobación del Parlamento. En paralelo, sin embargo, los ministros avalaron unos nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que sí lo están y que comprometen al Gobierno a rebajar el déficit público del 3,9% de 2023 al 3% este año, el 2,7% el próximo y el 2,5% el siguiente, o a reducir la deuda al 104,4% en el mismo periodo.

Las cifras fueron compartidas un día antes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después de todo, al reducir el desajuste entre ingresos y gastos al 3% del PIB en 2024, Hacienda prevé que la Administración Central cargue con 2,7 décimas; la Seguridad Social, con 0,2; las autonomías, con 0,1% y que los ayuntamientos cierren en equilibrio presupuestario.

No sin dificultad, la senda fue posteriormente aprobada en el Congreso por 179 votos a favor y 171 en contra después de que un voto fallido y la abstención de los siete diputados de Junts propiciaran un empate que obligó a repetir la votación.

Finalmente, el Senado tumbó ayer la senda, que el PP considera cicatera en el reparto de déficit que se cede a las regiones pero que está dispuesto a avalar en segunda vuelta si el Gobierno accede a deflactar IRPF; rebajar IVA de luz, gas, carne, pescado y conservas; eliminar el impuesto a la generación de energía eléctrica; y crear un fondo de financiación extra de servicios básicos para las regiones.

Lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de estabilidad, el Gobierno deberá remitir una nueva senda en el plazo de un mes, no necesariamente con objetivos fiscales diferentes. De hecho, el plan del Ejecutivo es promover los mismos objetivos de déficit y deuda en el Consejo de Ministros (obviando ya la convocatoria previa de un Consejo de Política Fiscal y Financiera con las regiones), confiando en volver a aprobarla en el Congreso en las próximas semanas para regresar con ella al Senado.

Aunque la Cámara Alta ya rechazó en primera vuelta la senda del Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2018 (cuando el Gobierno exploro una reforma legal exprés que arrebatara al Senado su capacidad de veto), nunca antes se había producido un segundo y definitivo rechazo como el que se espera esta vez.

A partir de ahí, el Ministerio de Hacienda explica que si los objetivos fiscales son rechazados una segunda vez, la senda de estabilidad pasa a ser la que estuviera previamente vigente. El problema añadido es que en esta ocasión no había ninguna, por la suspensión de las reglas fiscales europeas que rige desde el estallido de la pandemia de Covid. Lo que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene es que la consulta que ha realizado a la Abogacía del Estado establece que en tal caso los objetivos de estabilidad serán los que el Gobierno hubiera incluido en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado abril, que era más estricto porque exigía equilibro presupuestario a las regiones y dos décimas de superávit a los municipios para garantizar el 3% de déficit (un total de 4.500 millones menos de capacidad de gasto que disfrutaría la Administración Central).

La elección de dicha guía, en lugar de la senda del Plan Presupuestario de octubre, ya más laxa, responde a que es en el Programa de Estabilidad donde se incluye objetivo presupuestario a medio plazo (MTO, por sus siglas en inglés) que es el evaluado por la Comisión Europea para determinar si el Estado miembro cumple la normativa europea de estabilidad presupuestaria, explican fuentes de Hacienda.

Es previsible que el PP trate de impugnar judicialmente esta interpretación, argumentando que sin senda fiscal no es posible tramitar Presupuestos y ya ha puesto públicamente en duda la existencia misma del informe de la Abogacía del Estado. Montero, que no prevé publicar el documento hasta que el veto definitivo del Senado le obligue a usarlo, replica que tiene capacidad plena para tramitar nuevas cuentas públicas bajo la anterior senda fiscal, y que la lectura del PP también privaría de Presupuestos a las autonomías.

Estas afrontan la peor parte, puesto que al activar la senda fiscal de primavera, Hacienda les negará la décima de déficit con la que contaban y que el grueso ha utilizado para preparar sus Presupuestos de 2024. Un incumplimiento de los objetivos implica la imposición de límites de gasto, acuerdos de no disponibilidad de crédito y la elaboración de planes de reequilibrio.

Para el Gobierno central, por su parte, la demora en la tramitación de sus cuentas se suma a la que está provocando la negociación de la polémica ley de amnistía que el independentismo catalán insiste en ampliar, lo que amenaza con retrasar tanto la puesta en marcha del Presupuesto que deje de tener sentido preparar su entrada en vigor solo para la recta final del año. Para la coalición de PSOE y Sumar, sin embargo, las cuentas públicas son garantía de estabilidad para una legislatura que está poniendo a prueba su minoría parlamentaria, y cuya prórroga podría garantizarles al menos un par de ejercicios en el poder. Mientras lidian con votaciones de infarto saldadas con relevantes cesiones a los socios de investidura, mera antesala de lo que podría ser una negociación presupuestaria como ya adelantó Junts ayer, desde el Ejecutivo han comenzado a dejar caer que Pedro Sánchez está dispuesto a mantener la presidencia incluso si no logra aprobar Presupuestos, preparando al público para la que sería una nueva incursión en terra ignota.

Fuente: Expansión