El Ministerio de Hacienda quiere rastrear todos los pagos con tarjeta que se realizan en España bajo el objetivo de prevenir el fraude fiscal . La Administración valora modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para establecer una nueva obligación de información «que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjeta de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda».

Hasta el momento y en materia de tarjetas, los bancos solo tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de manera anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales cuando el importe neto anual de los cobros supere los 3.000 euros.

Con el objetivo de identificar a los autores de los movimientos con tarjetas, Hacienda también persigue exigir a bancos, entidades de pago o de dinero electrónico que informen del «titular real» detrás de cada operación.
Para dificultar cualquier maniobra fraudulenta, el Ministerio que encabeza María Jesús Montero pretende prohibir el uso de tarjetas o cualquier otro medio de pago emitidos por bancos o entidades situadas en jurisdicciones no cooperativas, es decir, paraísos fiscales. También se busca prohibir cualquier tarjeta que no permita identificar al titular de las operaciones y obligar a informar a las entidades españolas de la identidad de la persona que realice una retirada de efectivo en un cajero de nuestro país con una tarjeta extrajera.

Asimismo, también se quiere reforzar el control sobre las TPV (Terminal en Punto de Venta), de modo que solo puedan acceder a este sistema las personas que estén dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

Finalmente, la Administración planteará intensificar a bancos y entidades de sistemas de pago el reporte de información sobre cuentas corrientes, créditos y tarjetas de crédito, que en la actualidad es de un año, para que se haga con una mayor periocidad.

Fuente: El Economista