La reflexión sobre la evolución del panorama fiscal en 2024 debe abordarse desde la perspectiva que ofrecen los retos macroeconómicos y geopolíticos del mundo actual. La deuda pública de las economías avanzadas alcanza el 112% del PIB. La prioridad es, por tanto, la contención de tan abultado pasivo por las consecuencias de equidad intergeneracional que supone. Sin embargo, las grandes partidas de gasto no ofrecen mucho margen de ahorro. Con pirámides poblacionales envejecidas, los retos de autonomía industrial estratégica y sostenibilidad presionan al alza el gasto público. Por ello, a la hora de analizar las tendencias en fiscalidad de cara al próximo año, la mirada se vuelve sobre los ingresos. En este sentido, caben varias reflexiones para entender qué es lo que nos espera.

Primero, estamos ante un proceso de reforma fiscal inacabado, que se desenvuelve en un contexto multinivel: OCDE, Unión Europea, política fiscal de cada país y Haciendas territoriales. En el caso de la OCDE y del G20, son procesos esencialmente enfocados en la imposición sobre los beneficios de las grandes empresas, las que facturan más de 750 millones de euros en sus estados financieros consolidados. Nos encaminamos hacia un sistema fiscal que segmentará a los contribuyentes y prescribirá reglas diferentes para lograr la llamada tributación justa y, sobre todo, que evite esos beneficios que no tributan en ningún país.

Por lo tanto, su participación es fundamental para un acuerdo global. La UE, que ya ha aprobado su directiva de imposición mínima (aún en trasposición) directiva de imposición mínima (aún en trasposición), se encuentra además inmersa en un proceso de implantación de normativa dirigida a la sostenibilidad medioambiental de la industria, especialmente con el ajuste de carbono en frontera (CBAM), que conlleva un impacto directo en las cadenas de suministro. Reino Unido planea su adopción en 2027.

La política fiscal de cada país suele perseguir objetivos más terrenales. Destaca EE UU, que desde la aprobación de la Inflation Reduction Act en 2022 ha vinculado las políticas fiscales, comerciales e industriales para atraer inversiones a su territorio. Esto se logra con fuertes incentivos fiscales y transformando las largas cadenas de suministro en cadenas regionales, donde prevalecen los servi­cios de valor añadido y tecnología.

Por otro lado, países como España han centrado su objetivo en la recaudación, donde la fiscalidad se subordina más al gasto público que a la actividad económica. Esto se manifiesta en la aparición de impuestos sectoriales. Además, España afronta el desafío de reformar un complejo sistema de financiación territorial obsoleto. Durante 2023, la nación ha tenido una producción legislativa reducida, especialmente en la normativa tributaria, que es particularmente compleja. Es deseable que el proceso legislativo recupere la pausa necesaria, consultando a los órganos apropiados, como el Consejo de Estado, y con la participación del sector empresarial, evitando el uso del real decreto ley para asuntos tributarios

Además, la aplicación de las normas fiscales en España debe tener una visión a largo plazo, buscando generar seguridad jurídica a través de la confirmación o corrección de las declaraciones tributarias y minimizar la litigiosidad. Todo esto con el objetivo de hacer que el sistema fiscal atraiga talento e industria. En el plano geográfico, medioambiental y de capital humano, España está excepcionalmente posicionada para desenvolverse frente a estos retos, a pesar de la creciente competencia global. El clima fiscal es clave para ello.

Fuente: Cinco Días