La tensión ha imperado en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno ha convocado en año y medio, pese a su obligación de reunirlo dos veces por ejercicio. Aunque Hacienda ha tratado de apaciguar los ánimos ofreciendo una financiación autonómica récord para 2024 junto a los objetivos de déficit del año, los consejeros regionales del PP en bloque, secundados por algún descontento del PSOE, han cargado contra la negociación bilateral mantenida entre el Gobierno central y Cataluña, cuya consejera ni siquiera ha acudido a la cita, y han exigido abordar ya la reforma del sistema de financiación autonómico.

El objetivo formal de la reunión era trasladar a las comunidades autónomas la senda de consolidación presupuestaria dibujada por el Gobierno para el ejercicio 2024, en el que se reactivarán las reglas fiscales y para el que España ha comprometido rebajar la deuda del 110% y el déficit al límite comunitario del 3%.

Bajo este objetivo, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado a las comunidades que el margen de déficit en el que podrán incurrir en 2024 es de una décima de PIB.

La senda fiscal propuesta por el Gobierno supone una rebaja de 9 décimas de déficit en 2024, cinco de ellas a costa de las comunidades autónomas, para acabar el año con un 3% de déficit en el que la Administración Central incurriría en 2,9 puntos, las regiones en 0,1 y los entes locales en equilibrio presupuestario. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de solo dos comunidades, el voto en contra de 12 y la abstención de Navarra, gracias a la mayoría de Hacienda.

En paralelo, la ministra ha trasladado a las regiones el volumen de las entregas a cuenta que se les entregarán el próximo año como resultado de la liquidación de ingresos de 2022, lo que arroja un reparto récord de fondos entre territorios.

En concreto, Hacienda ha anunciado que repartirá a las regiones 154.467 millones de euros, un 14,9% más que en 2023, tras elevar la cuantía en 20.000 millones. La cifra incluye los 134.658 millones de entregas a cuenta (un 8,3% más) y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.

En el caso de las corporaciones locales, a las que en lugar de dos décimas de superávit se les pide equilibrio presupuestario, se les aportarán 28.557 millones de euros, un 22,6% más que en 2023. Además, se le perdona la devolución de más de 700 millones de la liquidación negativa de 2021.

Financiación autonómica

Durante la cita, Montero también ha tratado de aplacar las quejas de los consejeros regionales haciendo constar en el acta de la reunión que no existe ninguna negociación bilateral con Cataluña, pese a las declaraciones de la propia Generalitat y el acuerdo entre PSOE y Junts. La vicepresidenta cuarta también ha planteado el compromiso de «que esta legislatura alumbre un nuevo modelo de financiación para el conjunto del subsector» autonómico.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta ha recordado que su Ministerio ya presentó una propuesta de partida sobre la que no se ha avanzado por las posiciones irreconciliables planteadas por las diferentes comunidades y ha propuesto dejar en manos de los partidos políticos lograr nuevos avances, instando al PP a negociar con el Gobierno socialista

«El Gobierno quiere llegar a un acuerdo con el PP para la reforma de financiación de comunidades d régimen común, puesto que gobierno la mayoría de las comunidades autónomas, pero lo que no puede esta formación política es tener una posición en Galicia, otra distinta en Madrid, y otra diametralmente contraria en Andalucía, siendo las tres gobernadas por el PP, porque el final el grupo político tendrá que votar aquello que más se aproxime a la defensa del interés general», ha dicho Montero.

Críticas de las CCAA

A su llegada a la reunión, consejeros del PP como los de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana o Aragón han coincidido en denunciar que el Gobierno esté vulnerando la igualdad entre españoles al negociar bilateralmente las condiciones de financiación de Cataluña mientras pospone la reforma del sistema general, que caducó hace una década.

También han criticado que el Gobierno solo permita una décima de déficit a las autonomías en 2024, frente a los 2,9 puntos que se reserva la Administración Central, cuando son ellas las que cargan con el coste de educación, sanidad y servicios sociales.

El ataque más duro al Gobierno central ha llegado, sin embargo, desde las propias filas socialistas. Alfonso Ruíz Molina, consejero de hacienda de Castilla-La Mancha ha llegado a la cita pidiendo al «Gobierno que aclare o desmienta las afirmaciones de los independentistas de que se está negociando un modelo singular [de financiación] para Cataluña».

«Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos totalmente en contra de una negociación bilateral en la financiación de las comunidades autónomas», ha señalado, denunciando que mientras «la mayoría comemos el menú del día, algunos quieren comer a la carta». «Vamos a usar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para que no suceda», ha anunciado.

Más allá, el consejero de Hacienda ha mostrado su «decepción» por el hecho de que el único punto del día de la reunión fuera fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo año, reclamando que se debata también la reforma del sistema de financiación autonómica y, en concreto, el sistema de condonación de deuda pactado con Cataluña en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez que se ha prometido extender al resto de regiones.

«Queremos saber cómo se han llegado a esos 15.000 millones de condonación de deuda para Cataluña, cuáles han sido los criterios», argumentando que si una región «perfectamente financiada» ve condonada el 20% de su deuda con el Estado, en una «infrafinanciada como Castilla-La Mancha tendría que ser un porcentaje superior».

En este sentido ha aclarado que siendo la deuda de su comunidad con el Estado de 11.000 millones de euros, la condonación del 20% exigiría que se les perdonen 2.200 millones, pero que «este es el punto de partida» pero «no el de llegada» de la negociación que aspiran abordar.

La reivindicaciones de Andalucía

Otra de las consejeras más reivindicativas ha sido la de Andalucía, Carolina España, que ha aseverado que acudía a la cita «con espíritu de acuerdo», pero reclamando «un fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas, y en especial Andalucía» mientras no se reforme el caducado sistema de financiación autonómica. En este sentido, ha dicho, la Junta aspira a recibir al menos 1.079 millones anuales.

En paralelo, la consejera andaluza ha denunciado que «las relaciones bilaterales entre Gobierno y comunidades como Cataluña», que han propiciado la ausencia de la consellera, son un torpedo «en la línea de flotación del espíritu del Consejo».

A partir de ahí, España ha pedido aclarar si el Gobierno central seguirá prorrogando medidas extraordinarias de rebaja fiscal, como las de electricidad, gas e IVA de alimentos, puesto que la financiación autonómica depende en parte de esos ingresos, abriendo la puerta a solicitar una compensación.

Otras voces críticas

Los consejeros de las 11 comunidades gobernadas por el PP «estamos coordinados y nuestra estrategia común es la defensa de la igualdad entre españoles», ha defendido Elena Manzano, titular de Hacienda de Extremadura, lamentando que haya «comunidades autónomas de primera y de segunda, y otras que no tienen ni necesidad de venir».

La vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria de Aragón, Mar Baquero, que ha acudido al Consejo en sustitución del titular de Hacienda, ha criticado, a su vez, lo «improvisado» del encuentro y la falta de información cierta hasta ahora sobre el volumen real de entregas a cuenta previsto para 2024, que las regiones necesitaban para elaborar sus proyectos presupuestarios y que han suplido con cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Baquero también ha criticado «el reparto del déficit, en el que el Gobierno se reserva 2,9 puntos, y solo 0,1 para las comunidades» pese a que cargan con el coste de educación, sanidad y servicios sociales. A la vez ha atacado los «agravios» en el trato a las diferentes regiones que generan «españoles de primera y de tercera».

Finalmente, la consejera de la Comunidad Valenciana, Ruth María Merino Peña, se ha quejado de que los valencianos estén condenados a «ser castigados por este sistema de financiación autonómica caducado», que considera urgente revisar.

La consejera ha valorado la cita como un mero trámite del Gobierno para iniciar la tramitación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024. «Es triste que nos convoquen para dar ellos un paso adelante para aprobar sus Presupuestos porque lo necesitan para atender a los independentistas y que no se traten aquí temas importantes para los ciudadanos y los vecinos de la comunidad valenciana», ha lamentado.

Fuente: Expansión