Investido el presidente y con la composición del Gobierno a falta de concretar, Esquerra Republicana empieza a ponerle tareas a Pedro Sánchez desde ya mismo. O desde anoche, incluso. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien logró que el líder socialista torciera el gesto durante el debate de investidura después de que el político catalán le advirtiera de que «no juegue» en la legislatura que empieza, ha situado ahora en el mismo nivel temporal de negociación la ley de amnistía y los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El diputado independentista ha advertido, en una entrevista a RNE recogida por EP, de que en esta legislatura ERC volverá a ir “partido a partido” y que como primeras medidas, “junto con la amnistía”, habrá que negociar los Presupuestos para 2024. El portavoz republicano ha señalado que no existe un pacto sobre esas cuentas pero que muchas de las cosas recogidas en su pacto con el PSOE atañen al proyecto presupuestario. “Empezaremos a hablar entiendo que desde mañana y quizá esta noche”, ha deslizado.

Además, ha recordado a Sánchez que en esta legislatura ya no podrá jugar a la “ruleta rusa”. “Ya no podrá hacer eso de si tú no me votas esto ya me lo votará Ciudadanos… Ya se lo comenté al presidente y no era ningún tipo de amenaza. Le dije claramente, no juegue; no vale la pena estar aquí semana a semana sufriendo por cosas que deberían ser muy sencillas como derogar la ‘ley mordaza’, ir más allá en la reforma laboral, el reparto de horas y la ley de vivienda”, ha dicho.

Respecto a la amnistía, ha señalado que los documentos que los socialistas han firmado con su formación y con Junts son muy similares en lo que se refiere a la figura del verificador.

En concreto, el texto suscrito entre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, contempla la creación de un “espacio de negociación entre ambos partidos que cuente con un mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue”.

Ambas partes se comprometen a designar “de común acuerdo” a una “persona de reconocido prestigio” para realizar esas labores con el objetivo de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura.

El acuerdo con Junts incluye una figura similar, pero ahí sí se especifica que el mecanismo a crear entre ambas organizaciones para esa tarea de seguimiento del proceso de negociación tendrá carácter “internacional”.

Preguntado si ya saben quién actuará como verificador de la negociación con ERC, Rufián ha señalado que las cosas “se anunciarán cuando se tengan que anunciar” pero ha recalcado que la idea de buscar “organismos” y “gente imparcial”. “Y para eso tiene que ser gente de fuera”.

“A nosotros nos gustaría que fueran entes internacionales. Creo que es lo mejor para no intoxicar la negociación”, ha indicado, asumiendo que los pactos del PSOE con ERC y Junts “parecen muy similares” en este punto, pero sin adelantar si esa tarea de fiscalización podría recaer en la misma persona o entidad en ambos casos. “Eso ya forma parte de la negociación entre partidos”, ha alegado.

Respecto a la Ley de Amnistía, ha garantizado que ERC intentará que se apruebe cuanto antes. “Debería ser lo antes posible”, apunta, admitiendo, eso sí, que en este proceso “hay muchos actores y dinámicas de por medio”, por lo que no se ha arriesgado a fijar una fecha.

Y sobre la aplicación que harán los tribunales de esta norma y la posibilidad de que acaben haciendo una interpretación diferente de la que han buscado los independentistas, Rufián da por hecho que “hay una parte del Poder Judicial que hace y hará política contra los políticos”. “Es una especie de VAR (videoarbitraje) al servicio del PP y Vox”, ha apostillado.

Sin mencionar expresamente el concepto de ‘lawfare’, Rufián ha recordado cómo un juez aceptó una denuncia que presentaron contra él por afirmar que José Utrera Molina, ministro de Francisco Franco, había firmado la sentencia de muerte del militante anarquista Salvador Puig Antich. “Eso un juez lo aceptó como si fuera un atentado al honor, cuando es pura historia”, ha denunciado.

Fuente: Cinco Días