CincoDías en colaboración con Caser celebró un desayuno para debatir sobre la necesidad de dar impulso a este tipo de productos. Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de organización, estudios y previsión social complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dijo que “la potenciación del segundo pilar es un objetivo a nivel nacional y europeo”, y aseguró que “la reforma pone el foco en colectivos más vulnerables para dar cabida a todos aquellos sectores o instituciones que no estaban integrados en el segundo pilar de previsión social complementaria, como los autónomos y las pymes”. Y añadió que “está en marcha y esperamos que tenga los mejores resultados posibles”.

Gómez-Jover explicó que la diferencia de los PPES radica en que “los promotores son los empleadores, las empresas derivadas de un convenio colectivo, sobre todo en este caso los trabajadores autónomos, y que su constitución es mucho más sencilla”.

Desde Inverco consideran que “el impulso del sistema de empleo es fundamental para cubrir un gap con respecto a los países de nuestro entorno”, comentó Elisa Rincón, directora general de la institución, pero apostilló que para que “haya de verdad un crecimiento tienen que establecerse unos incentivos de una manera más potente y que se haga frente también a las rentas bajas, medias, colectivos más vulnerables, mujeres…”.

Por su parte, Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, coincidió en lo acertado de la medida, y en la necesidad de mejorar. “Estamos muy satisfechos de que por primera vez no se hayan olvidado de los autónomos en esta transición, que son quienes más necesitan de la previsión social complementaria, porque su lucha con la liquidez, por conseguirla, hace que muchas veces no estén sopesando ese ahorro a futuro, y sin embargo son los más vulnerables desde el punto de vista de lo que van a percibir. Por tanto, el poder aportar de forma que no esté definido en un periodo a su ahorro es muy importante. Sería conveniente ver cómo jugar con esos tres pilares y sobre todo tampoco tiene que haber un decrecimiento del tercero, porque estamos viendo que el impulso de estos planes simplificados está siendo un traspaso del tercero al segundo”, expuso. Ferrero reveló que el 40% de los autónomos tiene suscrito un plan de pensiones individual.

El límite de las aportaciones individuales se ha reducido a 1.500 euros anuales, lo que ha evitado, según cálculos de Inverco, un ahorro de 2.600 millones al año para la jubilación. El tope se eleva a 8.500 euros en el caso de contribución a un instrumento de previsión social empresarial, mientras que para los autónomos es de 5.750 euros. “Es importante recordar que si hablamos de trabajadores del País Vasco el techo son 5.000 euros a las EPSV individuales o los planes de pensiones individuales”, comentó Eva Valero, directora del Observatorio Caser. La experta contó las novedades introducidas en las encuestas para la elaboración de los estudios. “Hemos preguntado sobre el conocimiento de los planes simplificados, y el 31% que pertenecen a asociaciones y colegios profesionales dicen que sí que han oído hablar sobre ello. De este porcentaje, hay otro 31% que cuando se pide que concreten alguna característica básica contesta que no sabe”.

En opinión de Valero, “los principales pilares o motores de los PPE simplificados para que funcionen o tengan una mayor cabida en el ahorro de todos son el conocimiento y la formación. Es necesario que se conozcan, que cada uno preguntemos en nuestra empresa, asociación o colegio profesional”.

Francisca Gómez-Jover recordó que el propio Ministerio de Asuntos Económicos es miembro del plan de educación financiera junto con el Banco de España y la CNMV, y que “para 2023-2025 se han incluido por primera vez de forma expresa materias relativas a la previsión social complementaria. Creo que es importante; se incluye como un hito y una medida. También se introducen temas y se trabaja mucho en materias escolares”.

Uno de los aspectos en los que más se incidió fue en los incentivos fiscales. Elisa Rincón hizo mención a un análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos teniendo en cuenta el límite de aportación que hay en cada país para calcular después de 40 años de aportación a qué bolsa llegaba cada uno. “En España nos situaríamos en 110.478 euros; la media europea estaría próxima a los 240.000 euros, y si nos vamos a países como Francia o Irlanda, a 608.000 y 682.000 euros, donde se estimula el ahorro para la jubilación sobre la base de establecer límites más flexibles. Aquí en el sistema individual lo tenemos muy reducido, y en el de empleo todavía es una oportunidad que está regulada y en la que confiamos, pero falta darle contenido”, subrayó. Es por ello que “Inverco considera imprescindible que haya nuevos estímulos”, agregó.

Bajo esta perspectiva, Valero manifestó que “para el 63% de los encuestados las ventajas fiscales son la principal característica para intentar ahorrar”.

En el caso concreto del autónomo, Celia Ferrero señaló que “es esencial que en el ahorro previsional se tengan en cuenta las circunstancias que tendrá a futuro. Al final, los asalariados van a ser los pensionistas ricos y los autónomos, los pobres. Hay que intentar reequilibrar esa brecha desde el punto de vista de previsión social, dando más posibilidades al autónomo”.

Los objetivos, en general, parecen estár aún lejos. “El sistema de empleo sobre el PIB representa el 3%. Al final de 2030 se aspira a que sea del 9%, y del 31% en 2050. Para conseguirlo, se tiene que nutrir de nuevas aportaciones, no de un mero trasvase de lo que antes estaba en los planes individuales y Administraciones públicas al sistema de empleo, porque eso sería hacernos trampas. La pensión es todo, la pública, el segundo y el tercer pilar”, comentó Rincón, quien también advirtió de que “el recorte de la tasa de sustitución que afronta España es el más alto de Europa; con la reforma las cifras cambian, pero el problema está en la sostenibilidad”.

Como dato relevante, Eva Valero aclaró que “la previsión social complementaria en España representa en torno al 10% del PIB, frente a casi el 67% de media en la OCDE”.

Fuente: Cinco Días