Para ver la magnitud del ajuste pendiente a corto plazo, es conveniente echar un vistazo a las cifras del DBP enviado hace unos días a Bruselas, que proyecta efectivamente un déficit público del 3,9% este 2023 y del 3% para el próximo 2024. En términos nominales, el desfase entre ingresos y gasto pasaría de unos 63.000 millones el pasado año a cerca de 57.000 millones este 2023 y algo más de 46.000 millones en 2024. Nuevamente, no parece tanto. Pero, como todo en macroeconomía, se mide en función del PIB, en este caso nominal. La primera condición para que esto se cumpla es que el PIB nominal aumente este año un 8,53% y el próximo año un 5,59%. El PIB nominal es el resultado del incremento real de la producción y el incremento de los precios de esta producción, los que se conoce como el deflactor del PIB, que viene a ser la inflación interna que se ha incorporado a los precios de producción.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha avalado este «escenario macroeconómico», si bien ha señalado que existen importantes riesgos a la baja. Si el PIB creciese menos, la inflación se redujese, o el aumento de precios no se trasladase a la producción interna -estas dos últimas notas serían, paradójicamente, positivas, esto complicaría muchísimo el cumplimiento de los objetivos de déficit. Los últimos datos de coyuntura anticipan un parón del crecimiento económico. Esto podría ser pasajero, pero, si se prolonga en el tiempo, exigiría un mayor ajuste fiscal en términos nominales para alcanzar el objetivo de déficit. Y esto, por dos razones, porque el PIB sería menor, y porque habría más gastos, como subsidios y prestaciones de desempleo, y menos recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.

Con independencia de la coyuntura, las previsiones del DBP se basan en la continuidad de las políticas aplicada (no policy changes). Pero, pese a eso, sí se prevén aumentos de gasto público, derivados de las leyes y acuerdos vigentes, en lo que se refiere al pago de las pensiones (indiciadas con el IPC, y que además se incrementan por razones demográficas y de otro tipo), y de las retribuciones de los funcionarios. Además, también se prevé una reducción de los ingresos que no son impuestos y cotizaciones. Obviamente, este aumento del gasto público, junto con una reducción de otros ingresos, exige que aumente la recaudación por impuestos y cotizaciones.

La ratio entre recaudación por impuestos y cotizaciones entre el Producto Interior Bruto se denomina presión fiscal. El DBP prevé que pasemos de una presión fiscal del 38,3% el pasado año, al 38,1% este año y al 38,5% el próximo año. Traduciendo a cifras nominales, en 2022 se recaudaron por impuestos y cotizaciones unos 515.000 millones de euros, que pasarían a ser 556.716 millones este año, con un aumento del 7,96%. El año siguiente, la previsión es que se alcancen más de 595.000 millones de euros, con un aumento de casi el 7% sobre el ejercicio anterior. De este aumento de 80.000 millones de recaudación, unos 4.000 podrían venir de la retirada de las medidas anti-inflación, esencialmente recuperación a niveles normales de impuestos energéticos y del IVA a determinados productos de alimentación.

Con los últimos datos disponibles, el déficit acumulado hasta julio (sin la Administración Local) ha aumentado en dos décimas. Por otra parte, la recaudación de impuestos gestionada por la Agencia Tributaria (que no es toda), acumulada hasta agosto aumenta, pero a un ritmo del 4,5% (5,9% en términos homogéneos) inferior al previsto. Hay otros elementos, como el impuesto más recaudatorio de las Comunidades Autónomas, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que experimentará una notable caída, dado que se firman menos hipotecas y se venden menos viviendas. Todo esto se comenta por sí solo, el cumplimiento del déficit en 2023 y 2024 se ha ido complicando.

En términos globales, la consolidación fiscal es necesaria, o incluso imprescindible, pero requerirá de más esfuerzos de lo que nos gustaría. Además, se va a ir haciendo más difícil con el tiempo. Por una parte, a medida que la población envejece, se irán incrementando los gastos en sanidad, pensiones y dependencia. Por otra parte, tendremos que convivir mucho tiempo con elevados tipos de interés. Los bonos del Estado a 10 años que se emiten ahora ya tienen un interés del 4%. Esto significa que ese mayor interés lo estaremos pagando la próxima década completa. En 2024 ya pagaremos 40.000 millones en intereses de la deuda, y el importe seguirá subiendo. Por comparación en 2020 sólo se pagaron 25.000 millones.

Como el reto de consolidación fiscal que tenemos por delante es importante y la coyuntura podría complicarse muchísimo, tendría sentido dosificar y concentrar los esfuerzos. Se podría acometer la reducción del déficit, especialmente si la situación económica mundial empeora, en más tiempo. Y esto también implica, desgraciadamente, que el margen para gastos adicionales y rebajas significativas de impuestos es cada vez menor. No se puede confiar en cerrar esta brecha exclusivamente a través de los impuestos, aunque una reforma fiscal en profundidad es cada vez más necesaria. Además, habría que utilizar otras dos palancas, el control del gasto público, incluyendo la eliminación del gasto superfluo y las duplicidades, y la mejora de la lucha contra el fraude fiscal. Ya no es sólo una cuestión de justicia, que también, sino imprescindible para conseguir unas finanzas públicas más equilibradas, algo fundamental para la economía española.

Fuente: El Economista