El Impuesto de Patrimonio ha recobrado la salud como instrumento recaudatorio tras el retroceso de ingresos que supuso la pandemia de Covid. Los datos más recientes de la Agencia Tributaria, actualizados ayer, indican que la figura arroja ya ingresos anuales para las arcas públicas superiores a los 1.350 millones de euros. Se trata de la cota más alta registrada desde la reactivación del tributo, en el año 2011, y superaría el récord de los 2.121 millones recaudados en 2007 de no ser porque Madrid condona hoy a sus vecinos otros 1.200 millones al año. Una merma de ingresos que, junto con la del centenar de millones que anunció que pasaría a bonificar Andalucía, el Gobierno central quiere neutralizar ahora con la aplicación del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas.

En principio, el Impuesto de Patrimonio tienen obligación de declararlo los contribuyentes con un patrimonio de más de 700.000 euros, exceptuando hasta 300.000 euros del valor de su vivienda habitual. Se trata, sin embargo, de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que tienen margen para modular estas variables (en Madrid solo se pide declaración a partir de los 2 millones) o para bonificarlo, lo que Madrid viene haciendo al 100%, como Andalucía anunció que haría desde 2022, y han comenzado a hacer otras regiones gobernadas por el PP, como Galicia, actualmente al 50%.

En este marco, la Agencia Tributaria recibió 231.367 declaraciones del Impuesto de Patrimonio en 2021, según los últimos datos disponibles, publicados ayer, el doble que hace una década. Sin embargo, solo 201.775 de estos contribuyentes acabaron pagando efectivamente el tributo, por un valor total de 1.352 millones de euros, gracias a las bonificaciones aplicadas.

Las cifras, en todo caso, suponen un relevante repunte frente al ejercicio 2020, marcado por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, cuando los ingresos anuales del tributo retrocedieron de 1.219 a 1.203 millones de euros. El efecto no solo quedó subsanado en 2021, sino que la recaudación superó entonces los volúmenes precrisis en más de 130 millones de euros.

Después de todo, el patrimonio medio revelado a Hacienda por los declarantes del Impuesto de Patrimonio ha ido creciendo casi ininterrumpidamente, alcanzando en 2021 su máximo histórico en los 3,66 millones de euros por persona.

Las cifras, no obstante, varía con fuerza por territorios. Resulta paradigmático el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo número de declarantes del Impuesto pasó de 19.508 a 20.030 en 2021, con un saldo patrimonial medio de 11,1 millones euros por cabeza, uno más que el ejercicio anterior. Pese a ello, sin embargo, la bonificación del 100% aplicada por el Gobierno regional del PP supuso que ninguno de ellos acabara pagando los 1.212 millones de euros que en conjunto les correspondería abonar. La región, capital económica y administrativa del país, y polo de atracción de empresarios y fortunas gracias en parte su política de bajos impuestos, arroja de hecho el 47% de la recaudación potencial de Patrimonio.

Un dato significativo de la situación es el hecho de que de las 831 mayores fortunas de todo el país, aquellas con más de 30 millones de patrimonio individual según los datos de la Agencia Tributaria, solo 307 acaban pagando efectivamente el tributo. Una diferencia que responde básicamente al hecho de que la Comunidad de Madrid concentra la mayoría de grandes patrimonios de España.

Dado que el censo de declarantes de la Comunidad de Madrid es más selectivo, puesto que solo recoge a fortunas de más de dos millones, existen de hecho dos regiones con mayor volumen de declarantes, pero con menores patrimonios medios. Se trata de Cataluña, con 85.876 contribuyentes, que aportan 593 millones, por un patrimonio medio de 2,82 millones; y Comunidad Valenciana, con 27.615 fortunas, que abonan 188 millones por patrimonios medios de 2,86 millones.

De hecho, solo las fortunas de otras dos comunidades autónomas superan el patrimonio medio nacional. Se trata de Galicia, donde la declaración media arroja 6,7 millones (en parte por el efecto de contar entre sus 8.600 fortunas con la del fundador de Inditex, Amancio Ortega), y Baleares, con patrimonios medios de 3,99 millones.

Los datos recopilados por Hacienda también revelan que el número de andaluces sujetos al Impuesto de Patrimonio crecieron en 2021 de 18.997 a 19.834, con un patrimonio medio de 2,85 millones. La comunidad anunció el año pasado que seguía la senda de Madrid aplicando una bonificación del 100% sobre Patrimonio, que Galicia pasaba a elevar del 25% al 50%. El anuncio recrudeció la batalla fiscal entre las comunidades gestionadas por el PP y el Gobierno central, que contraatacó con la creación exprés de un nuevo impuesto extraordinario para las fortunas de más de tres millones.

El nuevo impuesto, liquidado por primera vez durante el mes de julio sobre el patrimonio del ejercicio 2022, tiene como principal objetivo garantizar la tributación de la riqueza en aquellas comunidades que lo bonifican. Es decir, que la medida afecta fundamentalmente a las fortunas residentes en Madrid y Andalucía.

El movimiento se enmarca en el empeño del Ejecutivo central por impulsar una armonización fiscal autonómica que reduzca las diferencias tributarias entre comunidades autónomas. El PP, por su parte, aboga por volver a enterrar una figura llegó a desaparecer tras los años del boom económico. Así, el Impuesto de Patrimonio fue suprimido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de 2008 a 2011, prorrogado anualmente luego por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy como parte de su estrategia de saneamiento de las cuentas públicas, y recuperado como impuesto estructural por la coalición de izquierdas liderada por Pedro Sánchez en la última legislatura.

Fuente: Expansión