La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, prevé dar más peso a los criterios sociales que a los poblaciones en la reforma de financiación autonómica que abordará el próximo Gobierno de coalición si PSOE y Sumar logran los apoyos necesarios en el Congreso. Con este cambio, factores como el gasto público en sanidad, educación o dependencia tendrán más importancia a la hora de asignar recursos entre regiones que otros como la cantidad de habitantes de cada autonomía, un elemento con gran relevancia en el actual sistema, que tiene ya casi 15 años de recorrido.

El ajustado resultado electoral del 23J ha situado a los partidos soberanistas catalanes y sus demandas de índole económica en una situación privilegiada de cara a las negociaciones para formar Gobierno. En este contexto, tras años en barbecho, ha vuelto a salir a flote la reforma del sistema de financiación autonómica que llevan reclamando desde hace años varias comunidades autónomas y académicos. El problema de este rediseño es encontrar una fórmula que contente en la medida de lo posible a todos los territorios.

Según trasladan fuentes de Hacienda, una vez haya Gobierno y empiecen las negociaciones, se tomará como base para intentar llegar a un acuerdo –dentro del criterio de población ajustada– la propuesta que el departamento dirigido por Montero presentó a las regiones a finales de 2021. Por ello, aunque puede haber alguna variación, la línea general no cambiará sustancialmente y dará más importancia a los criterios sociales.

Conviene recordar que la población ajustada es uno de los elementos clave dentro del sistema de financiación autonómica, que sirve para distribuir los recursos económicos a las comunidades de régimen común. En esencia, este criterio se refiere a la población de cada autonomía, pero se ajusta mediante una serie de variables para tener en cuenta factores como la dispersión geográfica, la densidad demográfica o los servicios sociales que deben costear y ofertar las administraciones públicas.

En el modelo actual, que data de 2009 y debería haberse modificado en 2014, la población total es uno de los puntos con más importancia en la ecuación. En concreto, tiene un peso ponderado del 30% dentro del cálculo de la población ajustada y beneficia más a Andalucía (5,73%), Cataluña (5,25%) y Madrid (4,57%), los territorios con más habitantes. Sin embargo, la intención de Hacienda es reducir considerablemente su peso ponderado hasta el entorno del 18% y 22%, por lo que las regiones con más densidad demográfica perderían fuelle en el reparto de recursos.

En cambio, en la futura remodelación ganaría fuerza el criterio sanitario. Su ponderación en el sistema vigente es ya elevada, del 38%. Sin embargo, la intención de Hacienda es subirla hasta la horquilla del 40% y 45%. En paralelo, el plan aumentaría de 7 a 20 los tramos de edad a los que se aplican unos coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios.

Otro de los criterios que saldrían reforzados es el educativo, alcanzando una ponderación de entre el 25% y el 30% frente al 20,5% actual. Además, en el sistema de 2009 solo se tiene en cuenta el coste público que supone la escolarización de los menores de 16 años. En el rediseño que planea Hacienda se incluirían otras variables como la educación universitaria y de Formación Profesional y la movilidad de alumnos procedentes de otros territorios.

Dentro de las variables poblaciones solo quedaría la que atañe a los mayores de los 65 años. Actualmente, el peso ponderado es del 8,5 % y Hacienda podría elevarlo hasta un 10%.

A la hora de elaborar el cálculo de población ajustada dentro del sistema de financiación también se tienen en cuenta las conocidas como variables correctivas, que alcanzan un peso ponderado conjunto del 3%.

Estas fueron diseñadas en base a cuestiones como la superficie territorial, la insularidad y la dispersión de la población, ya que no es lo mismo costear los servicios sanitarios y educativos en una comunidad como Murcia, en la que la población está relativamente concentrada, que en otra como Galicia, mucho más diseminada. De la misma forma, tampoco es lo mismo hacerlo en un territorio del interior que en los dos archipiélagos.

La intención de Hacienda es elevar tímidamente su peso ponderado hasta un máximo del 4% e incluir en el cálculo factores como la despoblación. Por ello, es de suponer que las comunidades que más se benefician de estos criterios –como Galicia, Asturias, Castilla y León, y, lógicamente, Canarias y Baleares– se muestren en contra de un aumento tan nimio en la ponderación final.

Colores políticos

La reforma del sistema de financiación autonómica y el sudoku que supone cuadrar los criterios para lograr el mayor quorum posible entre regiones evidencia que el problema trasciende lo político.

Comunidades con gobiernos de distinto color, como las dos Castillas, pueden coincidir en las negociaciones por querer dar más protagonismo a factores como el tamaño territorial o el envejecimiento poblacional. De igual manera puede suceder con Galicia y Asturias, regiones a las que les conviene que el criterio de la dispersión no pierda fuerza. Por el contrario, la negociación puede enfrentar a territorios de mismo signo como La Rioja o Madrid, a las que conviene que el factor poblacional tenga menor y mayor importancia, respectivamente.

Además del cálculo de la población ajustada, añaden las mismas fuentes de Hacienda, la reforma del sistema se completará con el rediseño de otros elementos como el de los impuestos, el del PIB ajustado o el de la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales. Uno de los puntos calientes es, de hecho, la posible condonación de la deuda que algunas regiones tienen con el Estado.

Fuente: Cinco Días