La Agencia Tributaria llevó a cabo durante el año pasado un total de 39.366 actuaciones nominales de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y lucha contra la economía sumergida, un 7,6% más que el año anterior. Sin embargo, a raíz de todas estas medidas se recaudó en términos homogéneos un total de 15.362 millones de euros, un 2,7% más que el año anterior. Si a esta cifra se le añaden los expedientes de minoración de pagos fraccionados, que serán de difícil repetición en el futuro y, por tanto, impiden una comparación homogénea de la serie, la cantidad total se situaría en los 16.675 millones, una caída del 1,3% frente a 2021.

El grueso de todas las actuaciones, que, como recuerda la Agencia Tributaria, “consumen una elevada cantidad de recursos caracterizados por su alta cualificación”, se centró en la fiscalidad empresarial. En total, se llevaron a cabo 29.394 actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos societarios, un 8,9% más. Dentro de este grupo destaca la regularización de 3.409 millones de euros en bases imponibles de multinacionales, resultado de 117 comprobaciones inspectoras.

A gran distancia se encuentran las medidas de control relacionadas con la ocultación de actividad y abuso de las formas societarias, que rondan las 5.600 comprobaciones, y el análisis patrimonial y societario, con unas 2.900. La cifra de 39.366 controles se completa con unas 1.400 actuaciones que han permitido aflorar ventas ocultas en el marco del control de actividades económicas (el resto de actuaciones de descubrimiento de ventas ya están incluidas en los dos epígrafes anteriores). Estos resultados, apunta el organismo dependiente de Hacienda, “forman parte de toda la actividad de control que llevó a cabo la Agencia Tributaria en 2022, que concluyó con 1.889.000 actuaciones de control de tributos internos, un 5,2% más que el año previo y un 16,1% más que en 2020, superando también los niveles previos a la pandemia en prácticamente todas las grandes tipologías de actuaciones”.

Los datos de la Agencia Tributaria muestran que en el pasado año se regularizaron en el ámbito de la fiscalidad internacional de grandes empresas bases imponibles  por un importe de 3.409 millones de euros. En total, se anotaron 117 comprobaciones inspectoras que fueron realizadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las demás delegaciones de la Agencia con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). El montante de estas bases imponibles regularizadas “se sitúa en línea con la media de los tres años anteriores”.

A su vez, la ONFI participó en la gestión de 28 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de más de 2.700 millones de euros.

En paralelo, el pasado año la Agencia realizó un total de 1.130 actuaciones de control desde sus distintas delegaciones sobre grandes patrimonios de personas físicas, en línea con el año previo, actuaciones que llevaron a liquidar deuda por un importe de 546 millones. Desde 2018 –año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes– hasta 2022 se han liquidado en este ámbito más de 2.400 millones de euros en más de 4.400 expedientes de comprobación.

Dentro de este ámbito destaca el apoyo en la comprobación de las liquidaciones de grandes fortunas. La unidad viene impulsando diversos proyectos para seguir reforzando y actualizando los sistemas de control, por ejemplo para facilitar la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes. En 2022, estas comprobaciones alcanzaron a 252 contribuyentes, y de ellas se finalizaron actuaciones por un importe total liquidado de 28,2 millones de euros sobre 97 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países.

En lo que respecta a la economía sumergida, en 2022 la agencia realizó 2.312 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación, en las que descubrió ventas ocultas que regularizaron cuotas por un importe de 435 millones de euros, un 8,8% más que el año previo. Desde Hacienda también destacan el efecto inducido que supone el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores para evitar los alquileres de vivienda en negro.

Fuente: Cinco Días