Las elecciones del 23J decidirán el rumbo de la política tributaria que tomará España durante los próximos cuatro años en un contexto en el que el país tendrá que volver a las reglas fiscales comunitarias y a la senda de reducción del déficit público. Los impuestos, uno de los debates de más peso en todas las campañas, se erigen por ello como uno de los puntos de mayor relevancia en los próximos comicios. Los cuatro grandes partidos, escenificados en dos grupos, contemplan medidas antagónicas y planteamientos situados en las antípodas.

El bloque de las izquierdas, compuesto por PSOE y Sumar, intenta revalidar la política fiscal en marcha por el Gobierno de coalición y poner en valor nuevas figuras como los impuestos a banca y energéticas o el gravamen temporal sobre las grandes fortunas. Las formaciones, aunque difieren entre sí en varios puntos, se decantan entre otros por la armonización autonómica de los impuestos patrimoniales y por gravar más las rentas del ahorro.

El otro bloque, donde se sitúan PP y Vox, propone una rebaja sustancial que, en el caso de la extrema derecha, se convierte en “radical”. Los populares apuestan por deflactar el IRPF, bajar el IVA de carnes y pescado y acabar con el impuesto a los ricos. Los de Santiago Abascal, por su parte, quieren suprimir Patrimonio o Sucesiones.

Ninguno de los cuatro partidos incluye en sus programas grandes medidas para reducir el déficit. Las dos derechas se limitan a decir que reducirán los desequilibrios financieros. Solo Vox explica cómo: por ejemplo, cerrando “chiringuitos públicos ideológicos” como “los LGTB, de memoria histórica, ecologistas o separatistas”. Sumar aboga por promover una reforma ambiciosa de las reglas fiscales para superar el límite del 3% del PIB y excluir del cálculo las inversiones verdes y sociales. El PSOE, por su parte, fía parte de la corrección a la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

PSOE

“Financiar el estado del bienestar no es un lujo que no nos podamos permitir”, explica el programa electoral del PSOE, un documento en el que la formación aprovecha para argumentar cómo en la legislatura se ha impulsado una política fiscal que ha llevado a las mayores rentas y patrimonios, así como los grupos multinacionales y grandes empresas, a contribuir en mayor medida a los ingresos “mientras que los más desfavorecidos reciben el mayor nivel de ayuda”.

En este punto, la formación de Pedro Sánchez avanza que evaluará la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas para que ambos sectores “sigan contribuyendo a la justicia fiscal”. El PSOE hará lo propio con el impuesto a las grandes fortunas y aprovechará también para avanzar en el debate de la armonización autonómica, dentro del sistema de financiación, “para acabar con la competencia fiscal entre territorios”.

Esta propuesta supone un claro aviso a las comunidades gobernadas por el PP, las cuales suelen suprimir impuestos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. Ayer mismo, el nuevo Govern de Baleares aprobó la supresión de Sucesiones.

En el campo de la tributación empresarial, los socialistas se ciñen al debate internacional y europeo para establecer una tributación mínima del 15% en el impuesto sobre sociedades y una redistribución de la recaudación hacia los países en los que se genera negocio. “Del mismo modo promoveremos la adopción de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios”, añaden.

En el IRPF, el socio mayoritario del Gobierno aboga por mayores ventajas sobre las familias mejorando los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados.

PP

El PP, “tras años de constantes subidas de impuestos”, reafirma su vocación “de reducir la presión fiscal a los ciudadanos”, expone la formación de Alberto Núñez Feijóo en su programa, una enmienda total a la política fiscal de la última legislatura. Una de las medidas estrella, que los populares llevan meses reivindicando y aplicando en varias de sus comunidades, es la deflactación del IRPF para corregir los efectos de la inflación. Aunque en su programa no lo especifican, desde la formación han explicado en varias ocasiones que la rebaja se centraría en las rentas de hasta 40.000 euros al año.

El PP también apuesta por reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal, por suprimir el impuesto a las grandes fortunas –que afecta a patrimonios de más de 3 millones de euros– y por simplificar Sociedades con especial atención a las pymes, a las empresas con pérdidas y a las compañías que contratan de manera indefinida.

También defienden equilibrar la relación entre el contribuyente y la Agencia Tributaria, incorporando el derecho al error para minimizar las consecuencias de los fallos en las declaraciones de aquellos contribuyentes que suelen cumplir. Además, los populares promoverán incentivos fiscales atractivos para los profesionales extranjeros con el objetivo de promover la inversión en España.

Los populares también incluyen un apartado de fiscalidad rural pensado para bonificar el impuesto de transmisiones y de actos jurídicos documentados o el IBI por compra de vivienda e impulsar políticas de rehabilitación de casas en los pueblos.

Sumar

La formación que lidera Yolanda Díaz defiende una “profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea”. El resumen es simple: que paguen más los que más tienen.

De entrada, Sumar ampara abiertamente un impuesto a las grandes fortunas que sea permanente y progresivo, con tipos de al menos el 4% para los patrimonios más altos. Sumar también se refiere a la armonización autonómica en sucesiones y donaciones y establecerá “un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar”.

En impuestos empresariales, defienden el mantenimiento de los gravámenes a banca y energéticas siempre que se no se haya aprobado la reforma en Sociedades que haga efectivo un tipo efectivo del 15% sobre los beneficios. Dentro de esta reforma, Sumar pide limitar las compensaciones de bases imponibles negativas y las exenciones por dividendos. La formación también reclama acabar con los beneficios de las Sicavs y de las Socimis y, según fuentes de la formación, estudia gravámenes temporales a las grandes constructoras.

En el bloque de la renta, el partido de Díaz aboga por ampliar el número de tramos a partir de 120.000 euros y aplicar tipos marginales crecientes de hasta el 52% para rentas a partir de 300.000 euros. También plantean seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a las del trabajo.

Vox

El programa de Vox es radicalmente diferente. En vez de ampliar los tramos del IRPF, la formación de Santiago Abascal promoverá una bajada masiva que pasa por reducir el impuesto sobre la renta a dos grupos: un tipo único del 15% para bases imponibles de hasta 70.000 euros y otro del 25% para bases superiores. En paralelo, “se reducirán cuatro puntos por cada hijo”, de tal modo que un contribuyente con cuatro hijos e ingresos de 65.000 euros no pagaría el impuesto.

La formación de extrema derecha quiere a largo plazo un tipo único del 15%, pero hasta llegar a él aboga por recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y porque el ahorro deje de tributar, entre otras medidas.

En Sociedades, Vox quiere un tipo único del 15% que “se reducirá efectivamente” en función de la relocalización de beneficios en España o la creación de empleo. En la imposición patrimonial, Abascal asegura que suprimirá el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales.

Fuente: Cinco Días