España ha batido récord de recaudación de impuestos esta legislatura. El año 2022 culminó con unos ingresos tributarios de 255.463 millones de euros, un 14,4% más que en 2021 y un 20% por encima del nivel prepandemia. Se trata de un incremento espoleado por la inflación y enmarcado en la creación de un buen número de nuevos impuestos pero que podría haber sido aún mayor de no ser por los 20.000 millones de rebaja de la factura fiscal energética.

Así, en aras de desarrollar lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denomina «un sistema fiscal del siglo XXI», el Gobierno de coalición ha aprobado durante la legislatura la creación de las tasas Google y Tobin, los nuevos impuestos a entidades financieras, empresas energéticas y grandes fortunas,o el tributo al plástico. En paralelo, y aunque la invasión rusa sobre Ucrania le llevó a dejar en suspenso una gran reforma tributaria integral a partir del informe del comité de expertos, el Ejecutivo de coalición ha subido el IRPF a rentas altas, endurecido Sociedades, o elevado el impuesto a las primas de seguros.

A su vez, y aunque rechazó deflactar el IRPF para paliar la inflación, Montero aprobó una rebaja del tributo a rentas de hasta 21.000 euros, la del IVAde los alimentos, la luz, el gas, o los impuestos especiales y de generación eléctrica, recortando en más de 20.000 millones la factura fiscal de los españoles.

La mejora de los ingresos en el marco de la recuperación de la actividad, el empleo, los nuevos gravámenes y el alza de precios a doble dígito (que para Hacienda explica un tercio y para el Banco de España la mitad de la sobrerrecaudación, pudiendo corresponder otra parte menor a economía sumergida aflorada) ha ayudado a rebajar el déficit del 10% alcanzado en la pandemia al 4,8%en 2022, mientras la presión fiscal marca máximos superando el 40%del PIB.

A lo largo de la legislatura, la labor de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su equipo se ha caracterizado por la multitud de reformas que han hecho para reducir la precariedad laboral y aumentar los derechos de los trabajadores.

En primer lugar, la reforma del mercado de trabajo se centró en la reducción del empleo temporal. Apenas tocó la normativa que promulgó el Gobierno del PP en 2012, pero sí disminuyó los modelos de contratos temporales y endureció la legislación contra el fraude en su utilización. A cambio, ofreció a los empresarios un uso muy flexible del contrato fijo discontinuo, que ahora es indefinido.

El empresario puede prescindir del trabajador hasta la próxima punta de demanda o temporada, y no tiene que indemnizarle, si se compromete a volver a llamarle. No obstante, el contrato es polémico para la oposición y para los analistas del mercado de trabajo. Primero, porque el Gobierno no es transparente con la información de cuántos fijos discontinuos hay sin trabajar, pero no figuran como parados. Segundo, porque no son tales si mantienen el vínculo con el empresario. Y, además, pueden estar cobrando el desempleo si, como mínimo, tienen un año de cotización y buscan otro trabajo. En todo caso, el Gobierno pactó la reforma laboral con la patronal y los sindicatos y, desde que entró en vigor, en febrero de 2022, el empleo temporal ha bajado desde el 27% al 13% de los asalariados.

Además, el Gobierno ha aprobado otros proyectos muy importantes para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores con la transformación de la economía. La ley de repartidores, un vector para regular las plataformas digitales, o la regulación del teletrabajo, que puso en evidencia la pandemia del coronavirus. También las leyes de igualdad laboral y salarial entre ambos sexos en las empresas.

Las empresas serán fundamentalmente las que financien la reforma de las pensiones que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha hecho en esta legislatura. Y lo harán por varias vías, a las que contribuirán los trabajadores, con un esfuerzo especial de los que tengan salarios superiores a los 49.000 euros.

En primer lugar, ya desde este año hay un incremento adicional del tipo de cotización del 0,6%, que en 2029 será del 1,2%. Un punto lo pagarán las empresas, y dos décimas, los trabajadores. Con ello, la Seguridad Social espera ingresar en el Fondo de Reserva de las pensiones hasta unos 130.000 millones de euros en 2044.

En ese tiempo también habrá un incremento del 30% de las bases máximas, de la cotización de los salarios más altos, y tan solo un aumento del 3% en la pensión más alta. Junto a ello, en ese mismo período la Seguridad Social aplicará una cuota de solidaridad a quienes tengan salarios que superan el tope de cotización de la base máxima. A partir de 2025 estos trabajadores y sus empresas tendrán que pagar una cuota adicional de un 1%. La cuota va a ir creciendo a un ritmo de un 0,25% anual hasta alcanzar, como máximo, el 7% del sueldo exento de cotizar en 2045. Este tope puede ser más bajo en función del salario exento de cotizar que reciba el trabajador.

Otra reforma que es una medida recaudatoria es la reforma de las cotizaciones de los autónomos, que aportarán a la Seguridad Social en función de sus ingresos. Hasta ahora el 85% cotizaba por la base mínima.

Además, el Gobierno ha puesto en marcha los planes de empleo simplificados, que buscan acercar los planes de pensiones de empresa y de sector a los salarios medios y bajos. Asimismo, las pensiones subirán con el IPC.

Por cierto, que salvar empresas y empleos de los efectos del Covid supuso 45.000 millones entre cotizaciones y protección del desempleo.

El principal avance de la legislatura en materia inmobiliaria es la Ley de Vivienda, aprobada en abril. En la teoría, esta norma traía un elemento absolutamente disruptivo, una medida de carácter intervencionista en un mercado hasta ese momento libre: el control de los topes del alquiler. Ya existían desde marzo del pasado año, a través del decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania. Concebidos como medida temporal, la alta inflación y la incesante subida de los precios del alquiler motivó al Gobierno a introducirlos en la Ley de Vivienda para hacerlos permanentes. Esta es la teoría, pero la práctica es distinta, puesto que dicha disrupción no se ha llegado a producir. La Ley de Vivienda nació maniatada por un factor interno y por uno externo.

El interno es que la aplicación de algunas de las medidas más importantes no depende de la administración central. La mayor parte de las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. De ellas depende la designación de las zonas tensionadas, aquellas en las que el porcentaje de renta destinado al pago del alquiler o de la hipoteca es tan elevado que supone un riesgo para las familias, y en las que, como tal, hay controles de precios y medidas mucho más restrictivas.

Aquí entra el factor externo: la destacada victoria del PP en los comicios locales y autonómicos de mayo. Así, la competencia en vivienda pasó a manos de presidencias de signo popular en importantes regiones como Comunidad Valenciana o Baleares, que se suman a las ya presididas por barones del PP como Madrid o Andalucía. Su negativa a aplicar la Ley de la Vivienda hará que esta tenga impacto nulo. Y si no es nulo, será negativo, más que positivo: esta intervención en el mercado desanimará a los propietarios a poner su vivienda en el mercado de alquiler, lo que disminuirá la demanda y hará que suban más los precios.

España es, tras Italia, el principal país beneficiario del programa Next Generation, los 750.000 millones de euros financiados con la primera emisión de deuda comunitaria con los que la UE respondió a la pandemia. La legislatura concluye en el ecuador del plazo para ejecutar los 164.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos blandos a los que opta.

De los 69.500 millones en transferencias no reembolsables inicialmente asignadas, España ha ingresado ya 37.000 millones en pagos semestrales por los hitos cumplidos del Plan de Recuperación, que van desde la reforma laboral a la de pensiones, a los que aspiraba a sumar 10.000 millones del cuarto pago oficial en el primer semestre de este año, que el adelanto electoral dejó pendiente.

Independientemente del ritmo de ingresos, el Gobierno viene adelantando presupuestariamente más de 20.000 millones de gasto anual desde 2021 para acelerar las inversiones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presume de haber alcanzado una velocidad crucero de ejecución de unos 2.000 millones mensuales, hasta sumar, según los últimos datos oficiales, 27.000 millones adjudicados a 400.000 proyectos.

Aunque hasta la fecha el país ha sido líder en cobro y ejecución de fondos, los analistas alertan de que la llegada del dinero a la economía real se está haciendo esperar y que buena parte de la movilización se limita a traspasos de caja entre Estado y autonomías, mientras que hay trabas que limitan el acceso empresarial a la docena de grandes proyectos estratégicos de colaboración público-privada, los Perte.

El Gobierno se ha despedido enviando a la UE una adenda al Plan de Recuperación para solicitar 94.000 millones extra (84.000 en créditos) cuyo destino deja atado como legado para el Ejecutivo que salga del 23-J.

Uno de los puntos donde más intensa ha sido la actividad legislativa del Ejecutivo ha sido en Economía, que no solo ha apuntado al corto plazo, a la recuperación del PIB prepandemia, sino también a futuro, con leyes que pueden contribuir a sentar las bases para mayores aumentos de la productividad. En concreto, el ministerio dirigido por Nadia Calviño ha sacado adelante normas como la Ley Crea y Crece, la Reforma Concursal o la Ley de Startups, que han sido bien recibidas por los expertos, si bien también advierten de que se quedan cortas.

La Ley de Creación y Crecimiento Empresas (conocida popularmente como Crea y Crece) está dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión. Así, la norma reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

En segundo lugar, la Ley de Startups también trata de apuntalar el crecimiento en empresas de nueva creación a través de medidas más concretas, como una mejora en el tratamiento fiscal de las stock options para retribuir a sus trabajadores o la el régimen fiscal especial para impatriados. Finalmente, la Reforma Concursal traspone la Directiva europea aprobada en 2019 sobre esta materia, facilitando a las empresas insolventes una reestructuración del pasivo para que la compañía sanee su situación con los acreedores al tiempo que continúa operando su negocio y aumentando la eficiencia del procedimiento concursal.

Uno de los grandes frentes que se le ha abierto al Ejecutivo en los últimos meses es la sequía, que no solo ha golpeado muy duramente al sector agrario, muy castigado ya por el alza de determinados costes, sino que también está agravando la escalada de los precios de los alimentos. Para ello, el Gobierno ha dispuesto 713 millones de euros en ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos afectados por la sequía, con el objetivo de reducir el impacto sobre la actividad en el largo plazo, si bien el sector advierte de que esta cifra se puede quedar muy corta.

El Ejecutivo inició hace dos semanas el procedimiento de pago de las ayudas por la sequía, una cifra con la que se espera que los agricultores y los ganaderos puedan mantener en cierta medida sus inversiones para el próximo ejercicio, evitando que las pérdidas de esta campaña (agravadas por el fuerte aumento de los costes de fertilizantes o pesticidas) provoquen un daño permanente a la capacidad productiva del sector, mitigando la pérdida de cultivos o de cabañas ganaderas.

Además, a esto se han sumado otras ayudas para el sector, como es el caso de la reducción de la cuota del IRPF para los agricultores y ganaderos o afectados por la sequía en un 25%, lo que supondrá un ahorro de 1.800 millones de euros este año, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más golpeados.

Industria

Por otra parte, la actividad gubernamental en torno a la industria no ha sido tan intensa, obviando los planes ligados a las inversiones europeas. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sí que ha puesto las bases de una futura Ley de Industria que reemplazaría a la de 1992 con un texto que señala que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años.

La legislatura se ha saldado con un refuerzo de la cooperación multilateral entre el Gobierno y las autonomías. Nunca antes se habían hecho tantas conferencias de presidentes de forma presencial o virtual, un total de 20.

Prácticamente todas las reuniones fueron para hacer seguimiento de la crisis del Covid-19 y, cuando lo peor de la pandemia terminó, los contactos se paralizaron. Así, la última convocatoria tuvo lugar en marzo de 2022 en La Palma y se centró en la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica que arrancó en septiembre de 2021 y que duró 85 días.

Cataluña ha protagonizado el mandato, con un indulto a los impulsores del salto al vacío que en 2017 dieron la Generalitat y el Parlament y una reforma del Código Penal, que el PP se ha comprometido a revertir.

Los cambios afectaron a los tipos por los que fueron condenados los líderes secesionistas:sedición y malversación. Este último pasó de cinco a tres años de cárcel cuando no hay lucro personal, pero una nueva directiva de la UE plantea subir este delito para que las penas sean las mismas en todos los estados.

El independentismo ha dado síntomas de agotamiento como prueban los triunfos del PSC en las autonómicas de 2021 y en las municipales de mayo.

Las autonomías forales han ganado autogobierno. A cambio de facilitar su investidura, el PNV consiguió en 2020 el traspaso de la gestión de la Seguridad Social. También se han reconocido las selecciones vascas de pelota y surf y se pactó la renovación del cupo. En Navarra, desde el 1 de julio, la Guardia Civil ya no es el cuerpo policial que patrulla por las carreteras de la comunidad.

El gran desafío que, de nuevo, queda pendiente para después de la cita con las urnas, es la revisión del modelo de financiación de las autonomías de régimen común, algo que está pendiente desde el año 2014

Fuente: Expansión