España acaba de tomar las riendas de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el arranque de julio. Tras darle el relevo a Suecia, que ocupó tal posición en el primer semestre del año, se hace con la responsabilidad de ejercer de árbitro y acercar posturas entre los Veintisiete Estados miembro. Un semestre en el que el debate con mayor peso político será el de la reforma de las reglas fiscales, por la distancia entre Francia y Alemania. Una divergencia que se plasmará también en la revisión del presupuesto de la UE.
Será esta una presidencia particular. No solo por la convocatoria de elecciones el próximo 23 de julio sino porque será la última presidencia competa antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
Será Bélgica quien sucederá a España en el arranque del año, sin embargo, su presidencia del Consejo será más corta. Y en este escenario apremia llegar a acuerdos y cerrar todos los expedientes abiertos antes del próximo ciclo legislativo. Es así que la de España será una presidencia clave. El más complejo y ambicioso de los textos legislativos que tendrá que negociar es la reforma de las reglas fiscales, que fijan que el déficit sobre el PIB y la deuda sobre el PIB no deben superar niveles del 3% y el 60%, respectivamente.
La última reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE se saldó con un desencuentro en el motor de toma de decisiones comunitario. Francia y Alemania divergían en su manera de entender cómo tratar la deuda en la revisión de la gobernanza económica. La postura germana viene, desde hace meses, abogando por una cifra que marque el ritmo de reducción de deuda anual para los Estados miembro. Concretamente de un mínimo de un 1%.
A tal reclamación en junio se unieron otros diez Estados miembro si bien no llegaron a acordar en la cifra. Del lado contrario, la postura gala, que rechaza cualquier tipo de reglas «automáticas» e «uniformes». Y todo ello en un escenario en el que en 2024 volverán a aplicarse las reglas fiscales después de su suspensión a causa de la pandemia, a través de la activación de la cláusula de escape. Motivo por el cual cerrar un acuerdo sobre este expediente legislativo se conjura de vital importancia.
Pero tras la pandemia, hubo otra crisis que ha marcado el curso de las políticas comunitarias: la guerra de Ucrania. Ha sido en este contexto que Bruselas ha lanzado una propuesta de reforma del mercado eléctrico. Se trataba de una propuesta de mínimos, aunque el desencuentro entre países de la UE quedó patente.
El intento de acuerdo más reciente fracasó en el último día de presidencia sueca en un encuentro a nivel de embajadores. De nuevo, las diferencias entre París y Berlín por el rol de la nuclear han marcado los desencuentros. La cuestión radica en si los llamados contratos por diferencia abarcan también esta tecnología y no solo las renovables.
La competitividad de la industria europea será otro de los debates clave. El paquete de subsidios estadounidenses, dispuestos a través de la Ley de Reducción de la Inflación, ha supuesto un desafió para el bloque comunitario. La respuesta de Bruselas se ha articulado a través de una Ley de Industria Cero Emisiones y una Ley de Materias Primas Críticas.
Pero si el pistoletazo de salida de la presidencia española viene marcada por la cumbre entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe el 17 de julio, de fondo hay varios acuerdos comerciales para los que se buscará entendimiento. Se trata del acuerdo con Chile y del acuerdo con México, importantes para la diversificación de las relaciones comerciales del bloque. Y se tratará de avanzar en ese polémico acuerdo Mercosur, a falta de que los países de Latinoamérica respalden un anexo con responsabilidades en sostenibilidad.
Fuente: El Economista