Más estabilidad en la normativa y más seguridad jurídica. Son los dos grandes asuntos pendientes de la jurisdicción española en los que coinciden todos los expertos en Derecho Tributario y Fiscal. Sin embargo, hay otros muchos aspectos que también son fundamentales y a los que muchos apuntan. Por un lado, sigue sin abordarse de forma seria una revisión de la tributación vinculada a las Haciendas autonómicas y locales. Además, está aún pendiente una reforma de los incentivos para adecuarlos a las nuevas realidades económicas y sociales.

Todos estos aspectos han sido abordados para EXPANSIÓN por los principales expertos tributarios españoles. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), subraya que «la reforma fiscal que necesita España requiere mucho sosiego. Para que haya sostenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad». A su juicio, «la estructura tributaria de España, no solo la del Estado sino la autonómica, debe ser seria, estable y tener una coordinación entre las administraciones para que se pueda gestionar bien y sea eficiente».

Agustín Fernández, Presidente del REAF Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España, destaca que «para los economistas asesores fiscales el sistema tributario español ha ido empeorando con el paso del tiempo por la creciente complejidad normativa, los vaivenes en la interpretación de esa normativa y el endurecimiento en las comprobaciones administrativas». Fernández apunta que «nuestro sistema tributario, aun sin tener que modificarlo en profundidad respecto a los impuestos troncales -Renta, Sociedades, IIEE e IVA- precisa una revisión global de la tributación vinculada a la financiación de las Haciendas locales y autonómicas, especialmente de los impuestos gestionados por estas últimas: tributos propios, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados».

Por su parte, Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), afirma que es imperiosa una sustancial mejora en la calidad normativa. Los impuestos deben configurarse después de una importante reflexión y teniendo en cuenta los costes de cumplimiento. Y también se requiere una reducción de la litigiosidad, que paraliza recursos económicos durante largos periodos de tiempo». A su juicio, «el sistema tributario español no necesita cambios de calado en los grandes impuestos. El IVA viene dado de la Unión Europea. El Impuesto sobre Sociedades está alineado con los países de nuestro entorno y se alineará aún más con el impuesto mínimo global. En cambio, el IRPF sí debería volver a reflejar realmente la capacidad económica de los contribuyentes con, por ejemplo, la deflactación obligatoria de la tarifa y teniendo en cuenta el impacto de la inflación».

Fiscalidad empresarial

Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), señala que «dado que nuestras empresas soportan una carga mucho mayor que sus homólogas europeas, una de las prioridades más urgentes es la de la mejora de la fiscalidad empresarial; evitando la sobreimposición de dividendos en sociedades y revirtiendo las últimas subidas de las cotizaciones empresariales». Además, asegura que «se ha de modernizar el IRPF con una reducción de los tipos marginales máximos, una fuerte rebaja de la tributación del ahorro -dividendos y ganancias patrimoniales- y una recuperación de los anteriores incentivos a los planes de pensiones privados».

Luis María Cazorla, presidente de la sección de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Rajyle), destaca que «hay que poner fin a los grandes vaivenes normativos y a las estrafalarias ocurrencias que satisfacen objetivos políticos a corto plazo. El enorme aumento de la litigiosidad en materia tributaria y que el poder judicial constituya el último valladar de los contribuyentes frente a algunos olvidos y atropellos del Derecho por parte de la Administración tributaria exige que, al igual que en otras órdenes, se cree entre jueces la especialidad tributaria y, más allá, el contencioso tributario». Cazorla añade que «a la hora de elaborar las listas para las elecciones parlamentarias, los partidos políticos deberían reservar algún puesto a entendidos en fiscalidad para aliviar el bochornoso espectáculo de parlamentarios como mero instrumento de lo que el Ministerio de Hacienda de turno les transmita».

Para Antonio Martínez Lafuente vicepresidente de la sección de Derecho Financiero y Tributario de la Rajyle, «lo que cabe lamentar en estos últimos tiempos es el abandono de una correcta técnica legislativa poco respetuosa con los procedimientos parlamentarios. Y así es conocida la implantación de un nuevo tributo mediante proposición de ley y su entrada en vigor próxima al inicio del periodo impositivo, sin posibilidad de tomar las prevenciones al respecto». Martínez Lafuente explica que «centrados en el IRPF, eje esencial del Sistema Tributario, la Tarifa o Escala de Gravamen han ido creciendo o decreciendo, los incrementos de patrimonio han admitido un sistema de eliminación de las ganancias, y luego se ha suprimido y así lo ha ratificado muy recientemente el Tribunal Constitucional. Las alternativas de tributación han sido varias partiendo de la estructura del Impuesto que ha permanecido invariable.

Incentivos

Patricia Lampreave, profesora acreditada titular de Derecho Financiero y Tributario del IEB, recomienda seguir la senda marcada por la Unión Europea y fijar una política fiscal lo más consensuada posible. «En cuanto al IRPF, considero que debería haber más tramos entre las rentas medias y altas, dado que el peso de la carga tributaria se centra sobre todo en rentas medias con relación laboral. Debería incentivarse el ahorro fiscalmente e incorporar deducciones para todas las edades respecto al alquiler de vivienda -lo que afloraría los alquileres no declarados-, así como para trabajos realizados en el hogar, lo que eliminaría los trabajos no declarados», manifiesta. «Respecto al IVA, haría una revisión de los hechos impositivos a los que se les aplica el tipo reducido y superreducido, así como suprimiría varias exenciones», añade la especialista.

Por su parte, Mikel Larreina, profesor de finanzas de Deusto Business School, subraya que «el principal reto, como en cualquier otra política social y económica, es la emergencia climática y medioambiental: cómo mitigar sus efectos y cómo adaptarse a los mismos, de forma socialmente justa. La crisis de los chalecos amarillos en Francia es un ejemplo de la complejidad e inefectividad de implantar una fiscalidad verde de forma parcial, y sin un enfoque de justicia social y redistributiva». A su juicio, «la fiscalidad debería ser una herramienta más en la lucha contra la creciente desigualdad: el sistema tributario debe ser, de acuerdo con el mandato constitucional, justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad. El impuesto de patrimonio y de sucesiones, a tipos reducidos, pero no irrisorios, encajarían aquí».

Antonio Vázquez del Rey, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra, apunta que «el sistema se encuentra fuertemente lastrado por el déficit público y el elevado endeudamiento. Es preciso reducir el gasto y avanzar hacia unas finanzas públicas sostenibles que eviten que buena parte de los recursos se vean drenados por el pago de intereses de la deuda. También es necesario reforzar la seguridad jurídica, mejorando la redacción de las normas y evitando incluir medidas fiscales en disposiciones adicionales y finales de normas que no tienen nada que ver, así como mejorar la coherencia del sistema, debilitada con la incorporación de figuras como los impuestos medioambientales, y avanzar en la transparencia con el ciudadano».

Giulio Allevato, profesor de IE Law School en IE University, afirma que «el principal y más acuciante problema para el funcionamiento y el atractivo del sistema tributario español deriva, en realidad, de un factor exógeno, que es la falta de una armonización y coordinación sustancial a nivel europeo en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Por tanto, el primer paso a dar, a medio y largo plazo, sería un impulso conjunto hacia la integración europea también en el ámbito de la fiscalidad directa. España puede jugar un papel importante en este frente durante su próxima presidencia del Consejo de la UE. Por la misma razón, España debería aspirar a eliminar la competencia excesiva también entre sus propias comunidades en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Jesús Romero, profesor de Fiscalidad Internacional en Esade Law School, indica que «se deben introducir y actualizar incentivos fiscales a la nueva realidad social y económica, que permitan de forma efectiva promover la realización de determinadas actividades clave para revitalizar la economía y dirigidas, no sólo a atraer capital e inversión extranjera productiva, sino también a atraer y retener talento, y reindustrializar de forma sostenible y sostenida el tejido empresarial español, con especial foco en la promoción de la inversión en nuevas tecnologías, energías renovables y en una industria competitiva que mire al futuro».

Fuente: Expansión