El Banco de España publicó ayer el dato del endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos) al cierre del primer trimestre, que asciende a 1,53 billones de euros, lo que equivale al 113% del PIB. Este lastre sería manejable si las administraciones fueran capaces de ahorrar para ir amortizando la deuda, pero la realidad es que se ha convertido en estructural y que cada año se genere un 4% adicional de déficit, con lo que se engorda más la cifra de deuda, lo que es más grave en un contexto de subidas de tipos de interés. Por tanto, la única mejora viene por el lado del crecimiento de la economía, que genera la ilusión óptica de que baja la deuda.

Con estos datos encima de la mesa, los votantes deben saber que las promesas de rebajas de impuestos que han realizado algunos partidos políticos en las pasadas elecciones, que se van a redoblar en los próximos días de cara a la convocatoria del 23 de julio, son fake news. Las cuentas públicas no lo permiten y la Unión Europea ya avisó en marzo pasado que en 2024 se volvía a las reglas fiscales y que se abandonaba la relajación con el gasto que se permite desde 2020, primero para afrontar la crisis económica generada con la pandemia y después para frenar los daños colaterales de la invasión rusa de Ucrania. Volver a las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento implica no superar un déficit fiscal anual del 3% y situar el endeudamiento público por debajo del 100%. Esa es la general, aunque luego Bruselas aprieta más o menos.

Las encuestas son muy claras y apuestan a que las urnas van a alumbrar un gobierno de derechas, la duda es si el PP va a necesitar ir en coalición o no con Vox. Por tanto, es muy probable que se repita el escenario de las elecciones de 2011, cuando Mariano Rajoy prometió en campaña bajar los impuestos, y cuando llegó al Gobierno aprobó una subida generalizada de impuestos, arguyendo que las cuentas públicas estaban peor de lo esperado. En realidad, era muy público que las cuentas eran un desastre.

Aún no se conocen los programas electorales de los partidos, pero Alberto Núñez Feijóo ya dijo nada más conocer la convocatoria que iba a bajar el IRPF a las rentas medias y bajas, que eliminaría el impuesto extraordinario al sector energético y a los bancos y que no le gustaba el impuesto del patrimonio. Es más, en el programa del PP para las pasadas elecciones autonómicas y municipales insistía en bajar los impuestos como argumento general. “Hoy más que nunca, ante el encarecimiento del coste de la vida, la rebaja de impuestos supone un apoyo imprescindible para las personas, las familias y los emprendedores y, por ello, vamos a seguir apostando por la reducción de impuestos.” Luego viene el disclaimer (el por si acaso): “Reduciremos la carga tributaria, siempre dentro de un marco de estabilidad presupuestaria y de cuentas públicas sostenibles…” Vamos, prometer hasta llegar a La Moncloa y adiós.

La realidad es que tendrán que revisar de manera concienzuda el gasto para reducirlo en todo aquello que sea prescindible, pero las grandes partidas, como son las pensiones o la sanidad no las van a tocar por diferentes razones, políticas, sociales y de oportunidad. Eso sí, tendrán que dar una vuelta a toda una serie de subvenciones directas e indirectas que se aprobaron para la pandemia o la subida de los precios, como las reducciones del IVA, que empiezan a tener poca justificación en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo.

El endeudamiento de España, del 113% del PIB, es 22 puntos más que el de la media de la UEM y deja poco margen de maniobra en política fiscal, más allá de medidas cosméticas como las que acostumbra a anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hacen ruido y no tienen contenido, y, sobre todo, colocan al país en una situación de debilidad, por falta de margen de maniobra, ante cualquier evento negativo que se pueda producir.

España tiene retos muy complejos y la alternativa no es irse al otro extremo y subir impuestos sin criterio para sostener incentivos políticos absurdos, como regalar el transporte público, que lo ha hecho la izquierda y la derecha, no se sabe muy bien con qué criterio. El aumento de la desigualdad entre las familias más vulnerables debería ser una prioridad colectiva y habrá que detraer fondos de donde sea necesario con el fin de evitar que se enquiste.