La industria naval emite el 2,9% de los gases de efecto invernadero del mundo. También ha escapado en gran medida a la fiscalidad porque lo que ocurre en alta mar no está bajo la jurisdicción de ningún Gobierno.

Estos dos hechos representan una oportunidad. Si la Organización Marítima Internacional (OMI) –el organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo– gravara las emisiones de carbono, animaría a los cargueros a volverse ecológicos más rápidamente. El organismo podría entonces canalizar el dinero recaudado, quizás 100.000 millones de dólares al año, hacia los países más pobres para ayudarles a hacer frente al cambio climático.

Ha llegado el momento de impulsar una tasa mundial. Esta será una de las ideas que figurarán en el orden del día de la cumbre sobre un “nuevo pacto financiero mundial” que el presidente francés Emmanuel Macron celebrará en París a finales de este mes. La OMI, que tiene poder para imponer un impuesto, se reunirá entonces a principios de julio. Aunque es poco probable que acuerde un gravamen, podría fijar un calendario para introducirlo.

La industria naval utiliza combustibles fósiles para propulsar sus barcos. Aunque existen alternativas, la mayoría basadas en el hidrógeno ecológico, su precio es entre dos y tres veces superior al de los combustibles basados en hidrocarburos, por lo que muchos armadores no ven la utilidad de adquirirlos. Dicho esto, líderes del sector como el gigante de los contenedores Maersk están apostando por el transporte marítimo ecológico. El primer buque de la compañía danesa capaz de funcionar con combustibles limpios llegará el mes que viene.

Es cierto que los países que envían sus productos a largas distancias estarían en desventaja frente a los que están más cerca de sus clientes, afirma Tristan Smith, experto en transporte marítimo y energía del University College de Londres. Pero la recaudación del impuesto podría utilizarse para gestionar este problema.

El transporte marítimo internacional emite cada año unos 740 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI). Un grupo de países del Pacífico, encabezado por las Islas Marshall, propone una tasa que comience en 100 dólares por tonelada y vaya subiendo para que los combustibles sucios sean más o menos tan caros como los limpios. Un impuesto de este tipo podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares al año a medio plazo, aunque la suma acabaría reduciéndose si el impuesto consiguiera que los transportistas abandonaran los hidrocarburos.

Esta suma potencialmente elevada está atrayendo la atención de personas ajenas a la industria del transporte marítimo. Los países ricos han hecho varias promesas para ayudar a los países pobres a sufragar los costes de la transición a una economía sin emisiones de carbono, pero hasta ahora han tenido dificultades para encontrar dinero suficiente. Un fondo anual de hasta 100.000 millones de dólares procedentes del transporte marítimo es una de las pocas nuevas fuentes de financiación importantes y prácticas. Por eso está en la agenda de la cumbre de Macron. Aunque esta reunión no tendrá poder para imponer un impuesto, podría impulsar la creación de uno.

El grupo liderado por las Islas Marshall defiende que la mayor parte de los fondos de un impuesto sobre el transporte marítimo se destinen a países especialmente vulnerables al cambio climático. La OMI podría canalizar los ingresos de un impuesto a través de instituciones ya existentes, como el Fondo Verde para el Clima de la ONU y el Banco Mundial.

No todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, la Cámara Naviera Internacional propone que la mayor parte del dinero recaudado vuelva a los cargadores para subvencionar su transición ecológica. Dado que el sector lleva décadas evadiendo impuestos, es posible que encuentre la manera de quedarse con una buena parte del dinero de la tasa. Pero sería mejor que los ingresos fueran a parar a los que sufren la contaminación y no a los responsables de ella.

Según un portavoz, el Comité de Medio Ambiente de la OMI tiene previsto presentar en julio una estrategia más ambiciosa para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las Islas Marshall y sus aliados quieren que la OMI acuerde un gravamen que entre en vigor a partir de 2025. Smith, de la UCL, observador de cerca de las negociaciones de la OMI, dice que esto es poco probable porque aún no hay suficiente consenso. Sin embargo, cree que el comité de medio ambiente podría fijar un calendario posterior para la introducción de un impuesto. Otros observadores creen que podría decantarse por la propuesta de la UE de fijar la fecha de inicio en 2027.

La OMI suele moverse con lentitud, porque le gusta que los Gobiernos que la integran se pongan de acuerdo. Pero no tiene por qué. Puede tomar decisiones por mayoría. También puede hacer cumplir su voluntad. Si un país se negara a aplicar un impuesto acordado, la industria naviera internacional no podría operar desde sus puertos.

Ha demostrado que puede actuar con rapidez cuando hay una emergencia. Por ejemplo, ordenó mejoras en la seguridad marítima apenas un año después de que Al Qaeda atacase las torres gemelas.

Cuanto antes se ponga manos a la obra, mejor.

Fuente: Cinco Días