Hacienda responde a la banca y tantea a las entidades para conocer cómo han calculado el pago de impuesto temporal. Aunque el ministerio asegura estar conforme con el nivel de recaudación obtenido con el pago anticipado (637 millones), el departamento que dirige María Jesús Montero no las tiene todas consigo y se ha acercado a algunos bancos de manera informal para que proporcionen más datos sobre la metodología llevada a cabo para calcular el importe que les correspondía pagar.
La norma diseñada por el Gobierno prevé que a los bancos que facturaron más de 800 millones en 2019 se les aplique una tasa del 4,8% sobre la suma de los ingresos obtenidos en España por margen de intereses y comisiones netas en los ejercicios 2022 y 2023. Pero como avanzó Cinco Días, las entidades han realizado una interpretación de esa ley y, de forma generalizada, han dejado fuera de la base imponible las filiales cuyo negocio no está relacionado con la concesión de crédito y los ingresos de sucursales extranjeras. Hacienda, que ni ha dado su plácet a esa interpretación, ni ha comunicado que haya algún fallo, quiere conocer con exactitud qué partidas de ingresos han incluido las entidades y cuáles han dejado fuera.
Según explican fuentes conocedoras de las conversaciones entre Hacienda y banca, la Agencia ha pedido al menos a tres entidades, siempre a través de conversaciones informales, que en el informe de transparencia que deben elaborar los bancos detallen cómo han llevado a cabo el cálculo del importe que les corresponde pagar por el impuesto temporal al sector. Es decir, la base imponible.
Una proposición que las entidades han rechazado de pleno argumentando que se trata de una cuestión que está judicializada, ya que el impuesto se encuentra recurrido en los tribunales. Suministrar al Gobierno esta información desde las entidades, añaden las mismas fuentes, supondría pegarse un tiro en el pie y echar por tierra buena parte de la defensa que plantearán los bancos frente al gravamen temporal.
Por su parte, fuentes de Hacienda aseguran que recabar información cuando hay un impuesto o gravamen nuevo es una “práctica habitual”. “Se hizo igual, por ejemplo, con el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales”. Las fuentes del sector bancario consultadas, no obstante, dudan del movimiento del ministerio y creen que la petición es el primer paso para comprobaciones o requerimientos futuros.
Aunque los bancos presentan los resultados de forma consolidada, en realidad se tratan de grupos gigantescos compuestos por muchas sociedades, cada una de ellas especializada en una actividad. Por eso, el sector ha decidido dejar fuera del cómputo las filiales que tienen que ver con el negocio asegurador, de inversión o fusiones y adquisiciones. También las operaciones intragrupo. Según defienden los bancos, el espíritu del impuesto es gravar los beneficios que el Gobierno considera extraordinarios por las subidas de tipos de interés. Y este conjunto de negocios no están vinculados a los tipos. Se trata de comisiones y honorarios fijos.
Las relaciones, frías
Fuentes financieras detallan que las conversaciones entre Hacienda y banca en lo que respecta a cuestiones relacionadas con el gravamen son poco fluidas. Habitualmente, Gobierno y empresas suelen mantener diálogo constante en cuestiones que afectan al sector. También es habitual que discutan medidas antes lanzar una propuesta. Ahí está el Código de Buenas prácticas para ayudar a los hipotecados en apuros acordado entre ambas partes a finales de 2022, tras negociaciones que se extendieron durante meses.
Sin embargo, el anuncio del impuesto temporal sorprendió a todo el sector bancario. Antes de que Sánchez comunicara la intención del Gobierno de diseñar esta medida, no había habido ningún acercamiento por parte del Ejecutivo para comunicar la intención de diseñar un gravamen especial. Desde entonces, las relaciones entre ambas partes en todo lo que se refiere a estas cuestiones relacionados con el impuesto se encuentran frías, aunque el ministerio asegura que “mantiene interlocución”.
La intención de Hacienda es recaudar 1.300 millones en cada uno de los dos ejercicios para los que se mantiene vigente el gravamen. En el pago anticipado que las entidades han abonado en febrero y que se corresponde con el 50% del importe total, Hacienda ya ha obtenido los citados 637 millones, lo que permitiría alcanzar los 1.300 previstos.
El caso es que la norma, tal y como está redactada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no recoge ninguna aclaración sobre las partidas del margen de intereses y las comisiones que están gravadas y las que no, lo que da pie a varias lecturas. Únicamente detalla que solo está sometido al impuesto el negocio generado en España.
Por ello, de haber aplicado de forma inflexible la norma e incluyendo los ingresos de todas las sociedades en el cálculo, el pago debería ser más elevado. Se da la circunstancia de que los tipos de interés han subido más de lo que el propio Gobierno esperaba cuando anunció la norma, lo que ha permitido a los bancos aumentar los ingresos bancarios, que son los que sí se incluyen en la base imponible, compensado así en el pago las partidas que han quedado excluidas.
Fuente: Cinco Días