La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos no es tanto una medida para controlar la inflación como un paquete de subvenciones industriales y recortes fiscales. El programa, puesto en marcha el verano del año pasado, crea incentivos para impulsar el crecimiento estadounidense y ofrecer a su industria una ventaja competitiva en su transición hacia tecnologías más limpias. Puede acelerar la revolución de la energía verde, creando nuevos ganadores y perdedores a escala mundial que los inversores deben vigilar.

Se trata de un programa a cinco años dotado con 391.000 millones de dólares en créditos fiscales y subvenciones, diseñado para impulsar el crecimiento de Estados Unidos y ayudar al país en su transición hacia tecnologías más limpias. La ley se centra en incentivos para que la economía estadounidense avance hacia la transición verde, con ayudas que dependen de que las empresas realicen actividades de producción e inversión en Estados Unidos que les permitan obtener créditos fiscales, y de que los consumidores compren vehículos eléctricos de fabricación estadounidense. El paquete de ayudas también incluye un gasto anual de hasta 40.000 millones de dólares para la inversión verde del país durante la próxima década. Además, ofrece importantes ayudas, como un programa de 15.000 millones de dólares destinado a los vehículos eléctricos, y pretende revitalizar las envejecidas infraestructuras estadounidenses.

El plan estadounidense ha generado reacciones encontradas. Por un lado, acerca a la mayor economía del mundo al cumplimiento de sus objetivos en materia de cambio climático, algo que ha sido bien recibido. Sus incentivos, afirman los defensores de la ley, impulsarán un descenso global de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentará el uso de fuentes de energía renovables al reducir los costes tanto de las tecnologías como de sus instalaciones.

No obstante, el planteamiento subyacente del programa ya ha creado tensiones con la Comisión Europea y algunos socios comerciales asiáticos. Según algunos informes, Alemania tiene previsto proponer una versión europea de la ley estadounidense, que compraría energía renovable con garantías estatales y reproduciría las desgravaciones fiscales que Estados Unidos ofrece a los sectores solar y eólico. Los actuales programas de estímulo fiscal de la UE para 2020, Next Generation EU, el paquete de respuesta a la pandemia de la región que incluye iniciativas ecológicas, asciende a 807.000 millones de euros en préstamos y subvenciones, financiados mediante deuda emitida por la Comisión Europea.

El 1 de febrero, la CE anunció su plan industrial Green Deal, que incluye propuestas para simplificar el entorno normativo, facilitar la financiación, mejorar las competencias y abrir el comercio para impulsar las cadenas de suministro. Se espera que la Comisión finalice el plan antes de la próxima cumbre de la UE de los días 24 y 25 de marzo.

Otra consecuencia puede ser que el mundo se aleje aún más de la globalización y se acerque nuevamente al proteccionismo nacional. También es probable que se intensifique la tendencia pospandémica hacia el friend-shoring, o desvío de instalaciones de producción e inversión en infraestructuras fuera de economías como China. Curiosamente, esta nueva ley no prohíbe el suministro de materiales para baterías de vehículos eléctricos procedentes de países amigos de Estados Unidos, lo que confirma la tendencia al friend-shoring.

La exigencia de la ley de adquirir y producir en EE UU proporcionará a la economía estadounidense claras ventajas en la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores innovadores. Esto puede apoyar la prima de las acciones estadounidenses, en comparación con otros mercados, al menos hasta que se formalice la respuesta de la Unión Europea. Habrá algunos ganadores obvios, como las empresas europeas con operaciones en EE UU que son líderes mundiales en su industria, así como los fabricantes de coches eléctricos y las redes ferroviarias en el sector del transporte, hasta los proveedores de servicios públicos como el agua o la energía limpia.

Para los mercados bursátiles en general, un impuesto sobre la recompra de acciones y el tipo mínimo del impuesto de sociedades podría tener un efecto ligeramente negativo sobre los beneficios. Esto es especialmente cierto para los sectores tecnológico y sanitario. El sector farmacéutico se enfrenta a costes más elevados, ya que el Gobierno estadounidense estará en condiciones de fijar algunos precios de los medicamentos a partir de 2026. Para los proveedores de atención sanitaria y de vacunas, en cambio, la prórroga de los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible debería ser positiva.

Vemos a las industrias eólica y solar como claras beneficiarias potenciales de la ley, ya que recibirán una gran parte del paquete y las tecnologías ya están avanzadas. Las tecnologías de almacenamiento en baterías, la captura de carbono y las industrias limpias del hidrógeno también pueden recibir un impulso a medida que la caída de los costes atraiga una mayor adopción.

Fuente: Cinco Días