La Agencia Tributaria se reunió ayer con Ferrovial en un primer encuentro para analizar los detalles del polémico traslado de la sede principal de la compañía a Países Bajos, anunciado esta semana por la compañía. Según fuentes conocedoras, la interlocutora del Ministerio de Hacienda con el gigante de las infraestructuras fue la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Por parte de la constructora acudió Ignacio de Felipe, responsable de Asesoría Fiscal y uno de los veteranos del grupo. Con 30 años de carrera en la empresa y responsabilidad sobre la política de impuestos desde 1997, tiene un papel principal en la tarea de explicar la reorganización societaria en el equipo del director general económico-financiero, Ernesto López-Mozo.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes es el órgano de la agencia encargado de tratar con las personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones haya superado durante al menos dos años consecutivos los 200 millones de euros. En el encuentro, según las mismas fuentes, este organismo se interesó por la letra pequeña de la fusión inversa que planea la constructora y que se oficializará cuando los accionistas den luz verde a la decisión del consejo.

En concreto, la agencia quería comprobar si Ferrovial tiene intención de acogerse al régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, un movimiento que es previsible, dado que permitiría al grupo que preside Rafael del Pino no tributar por las plusvalías que afloren en la operación.

En una fusión de este tipo suelen surgir beneficios derivados del movimiento de activos, en este caso desde España a Países Bajos. “Estas plusvalías que se detectan tienen que tributar a no ser que la empresa en cuestión se acoja al régimen especial”, explican fuentes jurídicas. Lo más habitual en movimientos de este calibre es hacer uso de esta ventaja fiscal. Por eso, en el caso de Ferrovial, en el que esas plusvalías pueden ser ingentes, lo más normal es que así suceda.

Sin embargo, para poder hacer uso de este régimen, apuntan las mismas fuentes, Ferrovial tendrá que justificar que la operación no se ha hecho por motivos tributarios sino de negocio. En caso contrario, la agencia podría tumbar esta opción y la empresa podría enfrentarse a pagos millonarios.

La ley del impuesto de sociedades es clara, ya que establece que “el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal”.

El proceso se dilatará varios meses. Cuando la nueva sociedad absorba los activos y pasivos de la antigua, la operación se inscribirá en el registro mercantil. La sociedad que se extinga terminará su periodo impositivo y deberá presentar la liquidación del impuesto de sociedades seis meses después. Ahí se abrirá el periodo de comprobación, pero tanto la Agencia como Ferrovial quieren ir teniendo ya todo perfilado. Por eso, insisten las fuentes jurídicas, la constructora “está insistiendo en la idea de que no va a tener grandes ventajas fiscales con la fusión”.

De entrada, el único gran aliciente tributario de la marcha a Holanda es el trato fiscal que Ámsterdam otorga a los dividendos y plusvalías de filiales que se repatrían a la matriz. Mientras que en España cuentan con una exención del 95%, en Países Bajos esta es del 100%. Ese 5% que en España se integra en la base imponible tributa al 25% (el tipo que se aplica en Sociedades), por lo que debe pagarse el 1,25% de las plusvalías repatriadas. A este motivo se le podrían unir mayores deducciones en Sociedades, aunque cabe recordar que el tipo holandés es del 25,8%, ligeramente superior al español.

En la reunión, la compañía también esgrimió ante la agencia el histórico de consolidación fiscal en distintos países, como Estados Unidos, Australia, España, Portugal, anteriormente en Reino Unido, y, por supuesto, Holanda. Desde Ferrovial, explican fuentes cercanas a los contactos con Hacienda, se hizo hincapié en que los dividendos recibidos de los activos concesionales se vehiculan a través de la holandesa Ferrovial International SE, política que se mantendrá a partir del traslado de la sede social.

En España, añadieron, quedarán las actividades de Construcción y una muy disminuida concesionaria de autopistas Cintra, con las que seguirá liquidando impuestos en este país. La cifra conjunta de 2022 en España alcanzó los 282 millones.

El desglose de los impuestos en España

Ferrovial pagó durante 2022 en España algo más de 280 millones de euros en impuestos. Sin embargo, según el informe anual integrado que publica la compañía, tan solo el 10%, unos 30 millones, correspondió al impuesto sobre sociedades, la figura que grava los beneficios empresariales. En concreto, de estos 282 millones de euros, la mayor parte (156 millones) fue abonada por parte de terceros. Es decir, en este epígrafe el grupo incluye los impuestos sobre el trabajo como las cotizaciones sociales, las retenciones o el IVA neto. Otra parte notable, que roza los 100 millones, estuvo compuesta por el pago del IVA no deducible o por los impuestos locales, como las tasas por la utilización de los vertederos.

La compañía, en paralelo, abonó en 2021 casi 117 millones de euros en el impuesto de sociedades en el conjunto de las jurisdicciones en las que opera. En España, la cifra ascendió a los 33 millones, la mitad que la abonada por el grupo en Polonia (65,9 millones). El país de Europa del este ha absorbido en los últimos años la mayor parte de este gravamen. En 2020, de los 97,4 millones abonados por el grupo, 70 recayeron en Varsovia, frente a los tres millones positivos que recuperó en España.

Fuente: Cinco Días