Las discrepancias entre los gobiernos comunitarios sobre cómo volver a limitar el déficit y el endeudamiento público han ido retrasando las negociaciones hasta ahora. Pero la subida del coste de la deuda soberana por la restricción monetaria, así como el final de las compras ilimitadas del Banco Central Europeo, apremian a dotar a la zona euro de unas herramientas básicas para reforzar su credibilidad ante los mercados tras cuatro ejercicios de barra libre de liquidez.

La propia presidenta de la autoridad monetaria, Christine Lagarde, ha urgido a ello para hacer más previsible la gobernanza económica del área. Aunque las nuevas reglas fiscales no entrarían en vigor hasta 2024, Bruselas ha establecido un ultimátum de dos meses para cerrar un acuerdo que pueda ser ratificado a tiempo por el Parlamento Europeo y se aplique ya a la hora de elaborar los Presupuestos de los Estados miembros para el próximo ejercicio.

Hay consenso respecto a la conveniencia de implantar un modelo más flexible del que estaba vigente antes de la pandemia, basado en la evolución del gasto neto anual de cada país, abandonando los límites únicos de déficit y deuda, pero los gobiernos discrepan sobre cómo incentivar su cumplimiento futuro. Los más ortodoxos quieren vincular la concesión de un mayor margen presupuestario a la puesta en marcha de reformas estructurales que impulsen el potencial de crecimiento de los países con más desequilibrios y embridar su gasto público a medio plazo. Sin embargo, éstos -entre ellos, España- reclaman «colchones fiscales» para no tener que aplicar un ajuste severo a corto plazo que debilite sus economías.

El riesgo a conjurar es que el nuevo modelo sea visto como demasiado laxo por los mercados para reequilibrar las finanzas de la zona euro. La diferente disciplina fiscal seguida por los gobiernos europeos en los últimos años genera recelos, puesto que mientras algunos han destinado la recaudación extraordinaria derivada de la histórica inflación a reducir deuda, otros como el de Pedro Sánchez la han destinado a asumir mayores compromisos de gasto no productivo, desoyendo las peticiones de los organismos supervisores para elaborar un plan plurianual de consolidación fiscal.

Fuente: Expansión