Árnica del Gobierno para las Iberdrola, Naturgy o Endesa. La negociación entre Gobierno, PNV y PDeCAT supuso ayer la aprobación in extremis de dos enmiendas transaccionales en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso según las cuales se excluye del importe neto de la cifra de negocio para la determinación del gravamen el correspondiente a las actividades reguladas, al mismo tiempo que se establece que el impuesto se aplique únicamente a la actividad desarrollada por las compañías en España. Dos variaciones que disminuirán sustancialmente el importe a abonar.

Con este acuerdo se posibilita además que el impuesto no afecte a las empresas que realizan el suministro a precio reglado, lo que sucede con el PVPC de la electricidad, el TUR del gas y el GLP tanto envasado como por canalización. El movimiento provocó ayer un suspiro de alivio en las compañías, después de que el pasado martes se rechazaran por parte de PSOE y Podemos la totalidad de las enmiendas presentadas.

Fuentes internas de las compañías afectadas explican la sorpresa que supuso para el sector la magnitud del veto inicial, y explican el cambio de postura escenificado ayer por dos vías. En primer lugar, por la tarea de persuasión de Transición Ecológica sobre Hacienda, al ser consciente Teresa Ribera del impacto sobre las inversiones que implicaría una negativa total a dulcificar el impuesto. En segundo lugar, acuden a los vínculos de empresas especialmente afectadas con el PNV.

Por ejemplo, un porcentaje muy importante de las inversiones futuras recientemente presentadas por la firma que preside Ignacio Sánchez Galán en su Plan Estratégico ejercerán un efecto tracción sobre pymes vascas.

El conjunto de compañías integradas en la patronal Aelec también adviertieron al Ejecutivo que de seguuir adelante con el impuesto original podrían generarse costes por una judicialización del tema.

Fruto de este acuerdo también se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, que suponen la gran mayoría del negocio de Red Eléctrica y Enagás. Las grandes eléctricas también tienen, por su parte, negocio de distribución regulado. Quedan fuera también la generación con retribución regulada y la retribución en territorios no peninsulares.

El Ejecutivo también ha alcanzado otro acuerdo con Bildu, que va en la línea de que a finales de 2024, fecha en la que se cumplen los dos años de puesta en vigor de estos gravámenes, se evalúen resultados para estudiar la posibilidad de que sean permanentes. Fruto de este acuerdo también se abre la vía para que la gestión de estos tributos recaigan en las haciendas forales y vascas.

Mediante otra enmienda del PSOE y Unidas Podemos se va a considerar operadores principales en los sectores energéticos a las empresas que se dediquen a actividades de petróleo, gas natural o minería del carbón, con la condición de que generen al menos un 75% de su volumen de negocio en torno a la extracción, minería o refinado de petróleo.

El gravamen a energéticas se basa en la imposición de un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales. De esta cifra de negocio ahora hay que descontar el negocio regulado en virtud de la enmienda aprobada ayer. El objetivo inicial era ingresar 4.000 millones de euros en los dos mismos ejercicios, una cifra que se verá muy reducida como consecuencia de la aplicación de la mencionada enmienda.

La Comisión Europea, de su lado, parte de gravar al 33% los llamados beneficios extraordinarios, entendidos como aquellos que superen en un 20% la media anual registrada por cada empresa entre 2019 y 2021, dando pie a una recaudación que, si se circunscribe a España, sería mucho menor

Es decir, los conceptos que integran las bases imponibles del gravamen español y europeo difieren entre sí, algo que podría dar pie a cierta litigiosidad.

Cupo Vasco

También ayer se renovó la Ley Quinquenal del Cupo vasco, donde se mantiene un índice de imputación del 6,24%, lo que trae consigo una aportación provisional del País Vasco al Estado de 1.472 millones de euros. Este ha sido el fruto también de la negociación entre el Gobierno y el PNV, para evitar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

También se llegó al acuerdo para que las haciendas vascas puedan recaudar dos nuevos impuestos de gestión ambiental. Se trata del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos de vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Además se adaptará el Concierto Económico a los cambios en el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

Fuente: Cinco Días