Tras presentar los Presupuestos en el Congreso, el Gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas para su evaluación. El Presupuesto anticipa un déficit del 3,9% y una deuda pública de 112% para 2023, lo cual incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este pacto se desactivó para 2023, por lo que no habrá problemas con la Comisión en esta ocasión.

Cualquier lector con un mínimo de empatía puede entender que los inversores internacionales estén muy nerviosos y sean extremadamente más exigentes en su evaluación de riesgos antes de comprar nuevos bonos. Si a esto añadimos que el BCE ha finalizado sus principales programas de compras que inició en 2015 y amplió significativamente en 2020, dependemos más que nunca desde el rescate de 2012 de la percepción de riesgo de los inversores internacionales.

El FMI en su informe de estabilidad financiera ha descrito un escenario muy preocupante en el primer semestre de este año y advierte de los riesgos para 2023. Los países emergentes han tenido la mayor caída de reservas de divisas de su historia y, aún así, no han podido evitar una intensa depreciación de sus divisas. Hasta China ha registrado una fuga de capitales de 65.000 millones de dólares y ha tenido que depreciar el yuan contra el dólar hasta niveles previos a la quiebra de Lehman en 2008. Muchos países emergentes han perdido el acceso a la financiación exterior y no pueden asumir los actuales precios de los alimentos y de la energía.

En el último año, la prima de riesgo española se ha doblado hasta 120 puntos básicos. Aún así se ha desacoplado de la prima italiana, que se ha triplicado y ha llegado a aproximarse peligrosamente a los 300 puntos básicos. España es un país que crece y que ha reducido significativamente el déficit público de 35.000 millones en el segundo trimestre de 2021 a 25.000 millones en el mismo trimestre de este año.

Pero el escenario que describe el propio Gobierno para 2023 es mucho más complejo. El empleo estaría estancado, el déficit dejaría de reducirse y es probable que aumente de nuevo. Ambas cosas pueden aumentar la percepción de riesgo de los inversores internacionales sobre la deuda pública española. Seguramente España no será la causa del tsunami financiero, como sí lo fuimos en 2012 y acabó en rescate. Pero el contagio nos puede venir desde Inglaterra por el Mar Cantábrico o desde Italia por el Mediterráneo. El propio Gobierno reconoce en su plan que hay riesgo de que el BCE se vea forzado a subir los tipos más de lo previsto si la inflación sigue repuntando. Oscar Arce, director de análisis del BCE, la pasada semana en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodista de la Información Económica en Madrid, afirmó que analizan muy de cerca todas las decisiones fiscales que toman los Gobiernos. Aumentos del déficit público meten más dinero en el sistema y aumentan la presión sobre la inflación y sobre los tipos de interés.

Eso es lo que sucedió en el Reino Unido. Liz Truss prometió en su campaña de primarias bajar los impuestos, emulando a Margaret Thatcher. Cuando llegó a Downing Street lo hizo y además aprobó un aumento de gasto público que duplicaba lo que suponía la menor recaudación provocada por su bajada de impuestos. El Banco de Inglaterra ese día publicó un comunicado diciendo que el plan fiscal no afectaba a sus previsiones de inflación. Los inversores, cansados ya de perder dinero en sus inversiones en deuda pública británica, huyeron despavoridos y provocaron la mayor crisis de la libra esterlina desde 1992. Los fondos de pensiones británicos no tenían liquidez para mantener sus posiciones y se vieron forzados a vender masivamente provocando el colapso del mercado y forzando al Banco de Inglaterra a intervenir de emergencia.

El Gobierno español, en el informe enviado a Bruselas, define su plan presentado en el Congreso como prudente. Pero la realidad es que ha aprobado una subida del gasto en pensiones del 11% y una subida del gasto en salarios del 4%. Solo esas dos partidas suponen un aumento del gasto del 5% y superan ampliamente el 3,3% de crecimiento que recomendó el Consejo europeo y que el BCE exige para comprar deuda pública española en caso de una crisis como la que padecimos en 2012. Además, ha enviado a Bruselas un plan B que aumentaría el gasto aún más.

Las comunidades autónomas, que son Estado y sus presupuestos consolidan en Bruselas, también están siendo muy imprudentes anunciando bajadas de impuestos y consolidando el gasto extraordinario realizado durante la pandemia como estructural. Tanto el Gobierno central como los autonómicos están incumpliendo el artículo 135 de la Constitución que exige, con un déficit estructural próximo al 4%, presentar Presupuestos que lo reduzcan.

Con inflación elevada y tipos de interés al alza ya solo nos faltaba afrontar, otra vez, una crisis de deuda pública y subidas de nuestra prima de riesgo. Veremos.

Fuente: Cinco Días