La reforma tributaria comprometida entre España y Bruselas, pensada para echar a rodar en el primer trimestre de 2023, incluía entre sus muchos apartados el análisis de los beneficios fiscales del país de cara a modificar aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución. La turbulencia económica derivada de la crisis energética y de la inflación obligó al Ministerio de Hacienda a aparcar en el mes de marzo la reforma incluida en el Plan de Recuperación. Sin embargo, según se recoge en las cientos de páginas que dan forma al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el departamento que dirige María Jesús Montero seguirá revisando estas ventajas fiscales con el objetivo de ir reduciendo o eliminando las menos justificadas en un futuro.

Los beneficios fiscales, detalla el Componente 28 del Plan de Recuperación europeo, son medidas que minoran la recaudación, adoptadas por razones de política económica y social y que pueden afectar a determinados colectivos. Por ello, son considerados también como un coste fiscal.

Entre los motivos que explican su introducción, prosigue, figuran el logro de la equidad y el interés en reconducir la actuación de los agentes hacia determinados comportamientos que se consideran deseables desde los intereses del decisor social. Sin embargo, tras la presencia de cualquier beneficio debe haber una justificación para su existencia en uno u otro sentido, “ya que se trata de una medida que implica un coste monetario por la vía de la pérdida de la recaudación”.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, reconoció ayer en una jornada de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que mientras que hay beneficios que sí tienen los efectos buscados, como la nueva ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo, otros “no están cumpliendo su papel”.

En 2023, según el proyecto de PGE, el coste total de estos beneficios ascenderá a los 45.269 millones euros, casi un 8% más que lo presupuestado en las cuentas públicas de 2022. La mayoría de esta pérdida recaudatoria estará vinculada al IVA (22.400 millones) y al IRPF (11.200 millones). De ahí la necesidad de un análisis que permita tomar decisiones.

En esta tarea de evaluación, prosigue el documento, además de las cuestiones redistributivas, deben considerarse los efectos que estas ventajas tienen sobre la eficiencia del sistema fiscal. De este modo, “se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”, añade el texto.

En paralelo, y a los efectos de evaluar otros beneficios, “se ha constituido un grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos que, siguiendo la metodología de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, procederá a elaborar un informe por cada beneficio fiscal estudiado”, apuntan los PGE.

En el componente del Plan de Recuperación que recoge la reforma fiscal, el Gobierno ya dejaba constancia de los pasos dados por la autoridad fiscal en el análisis de 13 deducciones en el IRPF, el IVA, Sociedades y los impuestos especiales. Siguiendo parte de las recomendaciones, el Ejecutivo ya modificó los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF y el tipo reducido de IVA para bebidas refrescantes con azúcares o edulcorantes añadidos.

Entre otros, si se siguen las sugerencias de la Airef, quedarían por reformular en el IRPF la tributación conjunta (1.000 millones de euros de coste en 2023) y la reducción por arrendamiento de vivienda (700 millones). También habría que rediseñar o eliminar los tipos reducidos y superreducidos en el IVA, que costarán 11.000 y 4.000 millones de euros, respectivamente, en las cuentas de 2023. Estas recomendaciones, de hecho, ya fueron recogidas por el grupo de expertos para la reforma fiscal que entregó en marzo su libro blanco.

Fuente: Cinco Días