Las previsiones económicas a años vista, más aun en contextos de fuerte inestabilidad e incertidumbre como el actual, suelen quedar en papel mojado. Sin embargo, sí sirven para tomar el pulso en el corto plazo a las políticas fiscales y presupuestarias de las que dependen indicadores como el déficit y la deuda de los estados. Así las cosas, este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto en duda las previsiones que el Gobierno de España maneja de cara al saldo fiscal del país. Mientras que el Ministerio de Hacienda confía en reducir el déficit de las Administraciones Públicas por debajo del 4% del PIB ya en 2023 para bajar del 3% en 2025, el fondo con sede en Washington cree que el saldo fiscal negativo seguirá por encima del 4% durante al menos un lustro más, desde el 4,4% que prevé para 2023 al 4,3% que estima para 2027.
En consecuencia, y dado que el crecimiento económico está perdiendo fuelle en todo el mundo debido a la crisis energética e inflacionaria, la deuda pública de España seguirá en cotas elevadas. El organismo que dirige Kristalina Gueorguieva, en concreto, prevé que la deuda del país se sitúe en 2023 en el 112,% del PIB para ir reduciéndose ejercicio tras ejercicio a un ritmo insuficiente para esquivar unas tasas inusualmente elevadas. En 2027, el horizonte de las previsiones, el indicador se situará en el 109,6%.
Las proyecciones han sido presentadas por el FMI en su tradicional Monitor fiscal, hecho público un día después de que el fondo certificase el drástico frenazo que vivirán prácticamente todas las economías del mundo en 2023. El crecimiento de España pasará del 4,3% previsto para 2022 al 1,2% de 2023, un avance que, pese al parón, estará por encima de la mayoría de los socios de la Eurozona. El PIB de Alemania e Italia, por ejemplo, registrará números rojos el año que viene.
Las previsiones de déficit no son elevadas únicamente en España. El promedio en la Eurozona oscila entre el 3,3% de 2023 y el 2,5% de 2027 y el del G7, entre el 4,6% y el 4,9%. Pero mientras que países como Alemania pasarán del 2,5% al 0,5%, otros como Francia no lograrán bajar de un saldo fiscal negativo del 5%. Italia, décima arriba, décima abajo, se situará en el 3%. Fuera de la UE también hay divergencias: mientras que Reino Unido logrará llegar al 1%, Estados Unidos rondará el 7%. En cuanto a la deuda pública, países como Francia, Italia o Estados Unidos superarán con creces los ya elevados niveles de España.
El FMI, por todo ello, insiste en la necesidad de que los gobiernos impulsen planes de consolidación fiscal que permitan ir reduciendo los desequilibrios fiscales. El problema, reconoce, es que toca hacerlo en un contexto de crisis que amenaza con el fantasma de la recesión grandes economías como Alemania. Las recomendaciones no son nuevas y el organismo viene insistiendo en ellas desde que irrumpió el Covid, con especial énfasis desde el inicio de la escalada de los precios.
El fondo pide que los gobiernos reduzcan gastos y sumen ingresos sin descuidar a las capas de la población más vulnerables y expuestas a la presión de los precios. Entre sus sugerencias están las ayudas muy concretas y focalizadas en este colectivo mediante transferencias directas, así como la necesidad de no reducir impuestos de forma masiva. También rechaza cualquier tipo de control de precios pensado para contener la inflación. Y reconoce que, como parte del esfuerzo, «los países pueden necesitar recaudar ingresos adicionales y contener el crecimiento de otros gastos, incluidos los salarios públicos».
El objetivo primordial de las economías avanzadas, tal y como resume el FMI, debe ser reducir los déficits públicos que se dispararon durante la pandemia para poder atender la emergencia sanitaria del Covid-19.
A la hora de analizar el déficit público, la diferencia entre estar por encima o debajo del 3% no es baladí. Lo mismo sucede con la deuda pública, aunque en este caso el corte se sitúa en el 60% del PIB. Estas cifras marcan las fronteras establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que da forma a las reglas fiscales comunitarias, por lo que sobrepasarlas puede dar lugar a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de las autoridades de Bruselas.
Las reglas fiscales se encuentran suspendidas desde el inicio de la crisis del Covid-19 para, precisamente, permitir a los Estados miembros desplegar un escudo de protección sin precedentes. La congelación se mantendrá por ahora también durante 2023, pero la intención de la Comisión y de algunos socios como España es retomarlas en 2024 después de haberlas modificado para adecuarlas a la realidad de cada economía. Hasta entonces, y a la espera de una posible actualización de la senda fiscal, los límites vigentes a la deuda y el déficit siguen marcando el camino.
Fuente: Cinco Días