Con motivo del debate del techo de gasto no financiero que ayer salió adelante en el Congreso de los Diputados -198.291 millones de euros, un 1,1% más que en 2022- , la ministra de Hacienda volvió ayer a retomar la promesa de aplicar una nueva tasa a las grandes fortunas – inspirada en la vieja demanda de Unidas Podemos con el fin de sufragar con esta recaudación los gastos que se derivan de la crisis energética.

Sin más detalle que el esbozo de una nueva figura fiscal para dos años y prorrogable si no acaba la guerra de Ucrania-, aplicada para el 1% de los contribuyentes, y que según María Jesús Montero empezará a gravar a primeros de enero del siguiente ejercicio presupuestario -si se aprueba-, el anuncio ha provocado la reacción generalizada de los expertos. En ese sentido, los economistas consultados por este diario subrayan la más que posible inconstitucionalidad de la medida, dada la doble imposición de un tributo que colisiona en España con el de Patrimonio, impuesto que hoy por hoy es competencia de las CCAA, tal y como recoge la Carta Magna.

Desde el Parlamento, Montero deslizó que su ministerio lleva semanas explorando esa posibilidad, para financiar los servicios públicos en época de crisis, y ayudar a la clase media, los más vulnerables y al sector productivo. La tesis socialista no es otra que, aporten más los que ganan más, al igual que las empresas energéticas y la banca, dijo.

Pero el debate «acelerado», como la propia ministra reconoce, no repara en la observación formulada por los especialistas. Economistas como Daniel Lacalle señalan que resulta contraproducente gravar con un nuevo impuesto a quien tienen tres casas, cuando a estos contribuyentes ya se las ha cobrado el IBI, Patrimonio y la plusvalía.

Explica Daniel Rodríguez Asensio a eE que un impuesto así es inviable para esta legislatura, y en todo caso, si el PSOE lo presenta para la siguiente, «tendrá que pasar el tributo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobar la eliminación de Patrimonio», porque de otro modo, «será una doble tributación de manual». Sostiene también que a «Sánchez le vale tanto la descentralización de instituciones y actividad económica, algo que ya hizo Franco con el INI, como la centralización de competencias en materia fiscal, que es algo muy propio de la URSS y de régimenes totalitarios».

Para el economista Santiago Sánchez López la medida anunciada por Montero es un disparate, destacando la referencia de otros países, como Francia, bajo el Gobierno de François Hollande, donde Patrimonio «dio lugar a pérdidas fiscales en los impuestos que gravan las rentas». Entonces, el efecto negativo dio lugar a que más de 300 altos patrimonios franceses se domiciliaron fuera del país, con lo que no pagaron ese impuesto y ningún otro.

Cabe recordar que, en el caso galo, fue el Consejo Constitucional de Francia quien tumbó un impuesto que gravaba a los ingresos superiores a un millón de euros.

Para el profesor de Economía de la Universidad Francisco Vitoria, José María Rotellar, la nueva figura fiscal del ala socialista del Gobierno es un impuesto más ideológico, ya que «su poder recaudatorio será pequeño». Así, y según lo estructuren, «podría darse un caso de doble imposición al estar vigente el impuesto de Patrimonio».

Salvador Marín, director de Servicios de Estudios del Consejo de General de Economistas se pregunta si realmente necesitamos hoy un impuesto a las grandes fortunas en España, y si antes se han analizado los costes de su implantación, los efecto de segunda ronda -salida de inversores, patrimonio, imagen de país, etcétera- o, el efecto real de su recaudación sobre las arcas públicas. Y lo que le parece más perjudicial -remarca-, «es la sensación que se puede trasladar de que aquí no se pagan impuestos, y nada más lejos de la realidad, porque España es un estado que recauda de forma eficaz y los ciudadanos y las empresas tienen una carga considerable en comparación europea de impuestos, tasas y contribuciones». Y remata, «los patrimonios ya son grabados a través de otros impuestos y hechos imponibles».

El fiscalista David Sanz Bujanda, del despacho Bernal&Sanz Bujanda, mantiene que la idea de gravar a las grandes fortunas es una ocurrencia, consecuencia de una acción política injustificada desde el punto de vista económico y legal que pretende ir en contra de CCAA como las de Madrid y Andalucía. Una ocurrencia -apunta- que es exactamente igual que el impuesto sobre la banca, que será recurrida y con el que la UE está absolutamente en contra. Y es que hay un principio básico en la ley fiscal que reza -añade-, «que una misma renta o patrimonio no puede soportar una doble imposición».

Figura superpuesta

Desde el punto de vista político, el PNV -socio de investidura del Gobierno- fue uno de los primeros en reaccionar. Fuentes de esta formación rebelaron al eE que el Gobierno no ha establecido ninguna consulta previa con este grupo, «cosa que lamentamos, a pesar de que así lo recoge el acuerdo de investidura firmando por Sánchez y Ortuzar». Los jeltzales critican que el Gobierno «haya pasado de plantear una reforma fiscal con un grupo de expertos a realizar reactivamente anuncios puntuales de medidas impositivas, dando la sensación de que no existe estrategia fiscal a medio o largo plazo».

Para PDeCAT, sucesores de la antigua Covergencia, el impuesto a los ricos es «una vez más un eslogan electoral antes que una propuesta seria. Si realmente el Gobierno pretende hacer una propuesta -exigen-, primero deberá remitir un texto y ya lo analizaremos». Por lo tanto -concluyen- «parece una figura superpuesta al impuesto sobre patrimonio».

Tambié ayer, y desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty tildó este impuesto de antieconómico y destructivo, al tiempo que la diputada popular, Elvira Rodríguez, se refirió a dicha tasa como «una iniciativa oportunista para que no se hable de otra cosa». Finalmente, y en el caso de Podemos, están contentos de sentarse en una mesa de negociación para hablar de la nueva figura fiscal, si bien no han mantenido conversaciones ni conocen la propuesta de Hacienda.

Robusto, pero menos

La ministra de Hacienda afirmó ayer en una entrevista que su ministerio no tiene datos para augurar una recesión económica. Mantuvo Montero que España goza de un crecimiento robusto con un crecimiento por encima del 4% para 2022, y del 2% para 2023; concretamente siete décimas menos que el último plan de estabilidad elaborado por el Gobierno este verano y enviado a Bruselas.

Antes, en el Congreso, se comprometió en el debate del techo de gasto a rebajar el déficit en 2022 al 5%, y al 3,9% en el próximo ejercicio presupuestario.

Fuente: El Economista