El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado hoy un informe realizado por expertos jurídicos en el que se argumenta que los nuevos impuestos sobre los beneficios de las empresas energéticas y de las entidades financieras, que mañana debatirá el pleno del Congreso, vulneran varios principios de la Constitución con lo que es de esperar que sean anulados y “por tanto, dentro de unos años tengan que ser reembolsados” en palabras de su presidente, Íñigo Fernández de Mesa. Éste ha afirmado que estos impuestos “por su ilegalidad solo sirven para generar ansiedad en los inversores” y calcula un impacto sobre la economía española de 5.000 millones de euros y 72.000 ocupados menos.

Los autores del informe consideran, en primer lugar, que “existe un fraude de ley en la tramitación” puesto que se ha llevado al Congreso como proposición de ley, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, y no como proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros, por lo que no cuenta con el dictamen del Consejo de Estado, ni habrá trámite de enmiendas al tratarse de un procedimiento de urgencia, ni hay una memoria de impacto normativo.

Esta circunstancia eleva el tipo efectivo sobre los beneficios en el caso de la banca “entre un 35% y 40%” según el profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Onrubia.

El hecho de que el nuevo impuesto a la banca se aplique solo a las entidades residentes en España quiebra los principios constitucionales al negar el derecho a la libre competencia. “No hay razón que explique la diferencia de tratamiento fiscal entre unas entidades y otras como las filiales extranjeras que operan en España” ha declarado Álvaro Rodríguez Bereijo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid.

Otro aspecto de la proposición de ley muy criticado en el informe es el régimen sancionador que vulnera, asimismo, “el principio de proporcionalidad” al recaer la sanción en la repercusión a terceros del importe del gravamen, “sin saber qué cantidad es la que vale” según Juan Martín Queralt, catedrático de Derecho y Tributario de la Universitat de Valencia.

La misma denominación de los nuevos gravámenes, “prestación patrimonial pública no tributaria” es también otro de los motivos de crítica pues todos han coincidido en que “se trata de impuestos al destinar su recaudación a “gastos generales del Estado”, lo que también se salta la seguridad jurídica.

Fuente: Cinco días