Es la tormenta perfecta. El envejecimiento demográfico al que se enfrentan buena parte de las principales economías traerá consigo un mayor gasto público, vinculado al pago de las pensiones y a servicios como sanidad y dependencia. En paralelo, la pérdida de población en edad de trabajar repercutirá en una caída de los ingresos fiscales y de las cotizaciones sociales que financian estos servicios y prestaciones.

De ello llevan advirtiendo desde hace años los principales organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo hizo por enésima vez la semana pasada en el informe Financiando el futuro: El impacto del envejecimiento de la población sobre los ingresos. En un ejercicio de prospectiva, el club de los países ricos prevé que de aquí a 2040 los ingresos de los gobiernos avancen a diferentes velocidades en función del factor demográfico. “Entre los países con menor crecimiento de los ingresos públicos se encuentran aquellos con una población más envejecida”, reitera la OCDE, que pone como ejemplo a España, Alemania, Italia, Grecia o Portugal, entre otros. En contraste, “los países con una población más joven tienden a estar entre aquellos con el mayor aumento en los ingresos”.

En efecto, España, al igual que varios socios europeos, se sitúa en la parte baja de la tabla que proyecta cuál será la proporción de población en edad de trabajar dentro de dos y cuatro décadas. Si hoy el país tiene a cerca de un 65% de sus habitantes con posibilidad de participar en el mercado laboral, la cifra perderá hasta nueve puntos porcentuales de aquí a 2060.

Para mostrar el peso de la recaudación asociada al trabajo, la OCDE también diferencia entre los ingresos de los gobiernos centrales y regionales, “ya que estos últimos dependen más de los impuestos a la propiedad y menos de los impuestos sobre los ingresos del trabajo”. El gran frenazo recaudatorio, por ello, se da en el primer grupo.

A partir de este diagnóstico la OCDE propone una serie de recomendaciones habida cuenta de que “se espera que las pensiones, los cuidados y los gastos de atención médica crezcan a largo plazo como resultado del envejecimiento”. Solo en España, con la indexación de las pensiones al IPC, el gasto en estas prestaciones rondaría ya el año que viene los 185.000 millones de euros.

El organismo que dirige Mathias Cormann, en concreto, pide adoptar reformas con el propósito de hacer que los ingresos tributarios “sean más resistentes” al envejecimiento. Entre todas las figuras impositivas, el documento señala a los gravámenes al consumo, especialmente el IVA. Son “más resistentes” al cambio demográfico, por lo que “en países donde el consumo aún no está sujeto a impuestos elevados, las tasas podrían incrementarse para impulsar la resiliencia al envejecimiento”. Allá donde el consumo ya está suficientemente gravado, la OCDE sugiere eliminar los tipos reducidos y superreducidos.

De cara al IRPF, uno de los tributos más afectados por estos procesos, la OCDE sugiere que no esté centrado únicamente en las rentas del trabajo y se incremente el peso de los impuestos al capital y a los ingresos por pensiones. A su vez, el organismo anima a ampliar los grupos de edad que tienden a obtener más ingresos laborales y tienen mayores retenciones. Esto se puede hacer “alentando a las mujeres, los ancianos e inmigrantes a unirse o permanecer en la fuerza laboral”. Un aumento de la productividad y, por lo tanto, de los salarios también podría mejorar la recaudación.

La OCDE también insiste en que la carga fiscal para financiar el sistema de salud no esté sesgada hacia los grupos de edad –los trabajadores– que potencialmente se benefician menos del Estado del bienestar, a fin de no crear tensión intergeneracional. Por lo tanto, a medida que la población activa se reduce, «gravarlos aún más para compensar la reducción de los ingresos fiscales podría crear distorsiones en el mercado laboral y crear problemas intergeneracionales que podrían conducir a un menor apoyo al Estado de bienestar». Una mayor dependencia de los impuestos sobre el capital, la propiedad y los ingresos por pensiones, argumenta la OCDE, podría aumentar la resiliencia del sistema tributario frente al envejecimiento de la población y a la vez minimizar cualquier tensión intergeneracional.

Fuente: Cinco Días