Tras un verano abrasador, en que España se ha visto consumida por decenas de incendios que han calcinado el país de norte a sur y de este a oeste, dejando miles de hectáreas yermas y sepultando al campo español bajo una montaña de pérdidas por la sequía, el nuevo curso político y económico comienza, un año más, bajo el aciago signo de la crisis.

Después de dos años de pandemia, que sumieron a España en un profundo bache económico del que aún pugnaba por salir, la guerra en Ucrania ha frenado en seco el proceso de recuperación, amenazando con sumergir a Europa en una nueva recesión. Con este sombrío telón de fondo, España se adentra en uno de sus periplos políticos y económicos más inciertos. Lo hace tras el Consejo de Ministros del martes pasado y el pleno del Congreso del jueves, en el que se dio luz verde a normas pendientes como la nueva Ley Concursal, el controvertido decreto ley sobre el plan de ahorro energético del Gobierno o el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Asignaturas que quedaron sin aprobar al final del curso pasado y cuyo debate y votación sirvieron a la clase política para escenificar el retorno anticipado de las vacaciones ante un otoño que se anticipa turbulento, tórrido en lo político pero gélido en lo económico. De hecho, el fantasma de un apagón energético sobrevolará Europa durante el otoño y el invierno y la imposición de los planes de ahorro energético también impregnarán la agenda española, en un contexto en el que la ciudadanía y los negocios arrastran, cansados, años de confinamientos, restricciones y trabas.

Con estos mimbres da España el pistoletazo de salida al nuevo curso, una etapa que, con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina (el 28 de mayo del año que viene) y los comicios generales a un año y medio vista, tendrá un marcado tinte electoral. Después de dos años y medio de crisis encadenadas, primero por el Covid y ahora por la invasión de Ucrania, Pedro Sánchez ha traspasado el ecuador de la legislatura con un profundo desgaste político, hasta el punto de que a mediados de agosto se vio impelido a salir a la palestra para negar que en sus planes figurase acometer una crisis de Gobierno. «Éste es un Gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura», aseguró el jefe del Ejecutivo en un intento de zanjar lo que calificó de «especulaciones».

Lo cierto es que pandemia y guerra han erosionado la imagen y las costuras de un Gobierno cogido con pinzas desde su mismo nacimiento, con dos socios, PSOE y Podemos, que discrepan en asuntos cruciales de Estado y cuyas diferencias han ido in crescendo en los últimos meses, hasta el punto de votar en sentido contrario en algunas iniciativas. A ello se añade la irrupción de Sumar, la nueva plataforma política de Yolanda Díaz con la que ésta podría concurrir a las elecciones generales y que ha supuesto la consumación de su divorcio de Podemos. A la fractura de la izquierda populista se suma la propia fragmentación parlamentaria, que convierte cada votación en el Congreso en un mercadillo persa, de precios y exigencias cada vez más altos al Gobierno por parte de sus aliados nacionalistas y secesionistas. Y la presión de un PP recompuesto, liderado por Alberto Núñez Feijóo, y que ahora ve posible y probable desalojar a Sánchez de la Moncloa, sobre todo tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, que provocó un cisma en el PSOE, con la salida de Adriana Lastra como vicesecretaria general del partido y la reestructuración de su cúpula. Para frenar ese deterioro e intentar impulsar la remontada en las encuestas, el PSOE ha confeccionado un intenso programa de actos, cuya ejecutiva aprobará hoy, que llevará a Sánchez y a sus ministros a participar en un maratón de eventos en apenas cuatro meses: treinta entre septiembre y diciembre. Todo un tour de force bajo el lema El Gobierno de la gente, destinado a reivindicar su gestión y explicar sus planes de futuro cuyo pistoletazo de salida será el próximo sábado, 3 de septiembre, con un acto en Sevilla.

Nueva alza del SMI

En este escenario de agitación política interna y gélidos vientos soplando desde el exterior, una de las primeras medidas del Gobierno tras el paréntesis estival será abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que tendría ya efectos en 2023. Para ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el jueves pasado no tuvo reparos en respaldar, e incluso alentar, las movilizaciones sindicales para reclamar subidas salariales, ha convocado a la comisión de expertos para el próximo viernes, 2 de septiembre.

Inicialmente, la intención es llevar el SMI al entorno de los 1.050 euros mensuales, propósito avalado por el propio jefe del Ejecutivo, que semanas atrás ya anticipó que ese nuevo incremento se abordaría en otoño, en un gesto de respaldo hacia su socia populista, pero también, y sobre todo, de reivindicación de la medida ante el propio electorado socialista. Sin embargo, Díaz ha sugerido en los últimos días que el alza podría ser mayor, al apostar por situar el SMI por encima de «la senda del 60%» del salario medio (los sindicatos piden subirlo a 1.100 euros).

El pacto de rentas que no llega

El nuevo aumento del SMI, que previsiblemente volverá a salir adelante con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal (su incremento es potestad legal del Gobierno), se produce en un contexto de fuertes presiones inflacionistas, con un IPC que en julio se disparó hasta el 10,8% frente a unos salarios que, pese a ir mejorando desde comienzos de año, lo han hecho a un ritmo cuatro veces inferior a la inflación (un 2,56% de media). Esta fuerte pérdida de poder adquisitivo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que (ahora animados por la vicepresidenta Díaz) amenazan con un otoño caldeado y conflictivo para forzar a los empresarios a mayores incrementos salariales. Un tira y afloja que no cesa desde que patronal y organizaciones sindicales dieran por rotas en mayo las negociaciones salariales para este año. Y todo ello en un contexto en el que el Banco de España insiste por activa y por pasiva desde hace meses en la necesidad de un pacto de rentas que reparta los sacrificios de la crisis y evite que el virus inflacionista contagie a los salarios y derive en un problema estructural. En marzo pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso encima de la mesa la necesidad de un pacto de rentas para «evitar una espiral inflacionista». Desde entonces, el acuerdo ha brillado por su ausencia, aunque el Ejecutivo asegura que no tira la toalla y que a partir de este mes de septiembre intentará impulsarlo de nuevo. Un pacto que para ser eficaz, según el Banco de España, debería incluir también a funcionarios y pensionistas. Quizás no sea misión imposible, pero sí parece harto difícil ante la determinación del Ejecutivo a revalorizar las pensiones con el IPC. En España hay 9 millones de pensionistas, un enorme caladero de votos que el Ejecutivo de Sánchez no parece dispuesto a contrariar. Que una vicepresidenta segunda del Gobierno aliente las protestas de los sindicatos frente a la patronal tampoco ayuda al necesario acuerdo para repartir los sacrificios de la crisis.

Segunda reforma de las pensiones

Precisamente, la segunda parte de la reforma de las pensiones es otra de las patatas calientes del nuevo curso. Tras sacar adelante en el Congreso a finales del año pasado las primeras modificaciones, que vincularon la revalorización de las prestaciones con el IPC, sepultaron el factor de sostenibilidad y fijaron acicates para demorar la jubilación y penalizaciones para los retiros anticipados, el Gobierno tiene que abordar ahora la parte del león de la reforma, aquella destinada a inyectar ingresos en el sistema, cuya viabilidad a medio y largo plazo sigue estando en el alero. Así, el Ejecutivo proyecta el aumento de las bases de cotización (junto a las pensiones máximas) para generar más recursos y reducir los desequilibrios; la puesta en marcha a partir del año que viene del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se resume esencialmente en un alza adicional de 0,6 puntos de las cotizaciones (0,5 puntos con cargo a las empresas y 0,1% a cuenta de los trabajadores); el nuevo sistema de cotización de los autónomos, fruto de una prolongada y ardua negociación; los nuevos planes de pensiones públicos, o la reforma del periodo de cálculo de las pensiones. Es uno de los puntos más sensibles y controvertidos, ya que el Ejecutivo quiere ampliar el periodo de cómputo más allá de los 25 años cotizados, algo que rechazan Unidas Podemos y los sindicatos por considerar que, en la práctica, supondría un recorte de la prestación. Por ello, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere arrancar las negociaciones con los agentes sociales a primeros de septiembre, acudirá a la reunión con una propuesta que pretende nivelar el aumento del periodo de cómputo con medidas que lo hagan más digerible, como «un mejor tratamiento de las lagunas, de los años que no se han cotizado, o (…) que se excluyan algunos años del cómputo», como afirmó hace diez días.

La carrera de los Presupuestos

Entre las grandes prioridades del nuevo curso figura, en letras mayúsculas, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. La renovación de las cuentas públicas es uno de los grandes desafíos del Ejecutivo de Sánchez, ya que su aprobación, o su rechazo, en el Congreso pueden suponer un punto de inflexión en lo que resta de legislatura. Aunque parece poco probable que Sánchez convocase elecciones en caso de que no lograra sacar adelante las cuentas (previsiblemente prorrogaría las actuales), ese hipotético naufragio agravaría la fragilidad de su Ejecutivo y traería consigo nuevas dosis de inestabilidad. PSOE y Unidas Podemos ya mantuvieron a primeros de agosto un primer encuentro para intercambiar «impresiones» sobre las cuentas públicas, que un año más tendrán que confeccionarse bajo el sello de la crisis. El timing del proceso pasa por aprobar el proyecto de ley en Consejo de Ministros durante septiembre para, antes de concluir el mes, presentarlo en el Congreso. A partir de ahí y dando por hecho que PSOE y Podemos serán capaces de lograr un acuerdo previo, lo que no será nada fácil (la formación morada exige derogar la Ley Mordaza y aprobar la Ley de Vivienda antes de sentarse a negociar), comenzará otra etapa igual de difícil: iniciar una procesión negociadora con sus aliados minoritarios para aunar los votos suficientes; esto es, un pulso de exigencias y renuncias que terminarán ganando, como muchas otras veces, nacionalistas e independentistas. De hecho, para ERC, la negociación de las cuentas para 2023 probablemente sea la última gran oportunidad de arrancar cesiones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ley Concursal con retraso

El Congreso dio por fin luz verde el pasado jueves a la reforma de la Ley Concursal, con la que el Gobierno pretende evitar una avalancha de concursos de acreedores y de liquidaciones empresariales. El problema es que su entrada en vigor se ha demorado más allá de la fecha prevista en un principio: antes de finales de junio, coincidiendo con el final de la última de las prórrogas de la moratoria concursal. Este interregno sin nueva norma ni moratoria ya ha tenido consecuencias. Los concursos de acreedores se dispararon un 21,7% en julio respecto al mismo mes del año pasado, según datos de Axesor, en un contexto en el que los indicadores comenzaban ya a anticipar un empeoramiento económico. La entrada en vigor de la nueva ley (prevista a los 20 días de su publicación en el BOE) aún puede demorarse varias semanas, hasta bien entrado septiembre, mientras que el reglamento que regula los procedimientos especiales para las micropymes aún lo hará más tarde (previsiblemente a comienzos de 2023), lo que impedirá que miles de empresas puedan beneficiarse de las nuevas ventajas preconcursales.

Reforma fiscal

En el tintero quedan de momento reformas cruciales como la del sistema tributario o de la financiación autonómica. La guerra en Ucrania, que ha agudizado la crisis energética y de precios y que parece abocar a Europa a un duro invierno económico, ha obligado a posponer la largamente anunciada reforma fiscal, en esencia una batería de subidas de impuestos para elevar la recaudación con el argumento de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa, soslayando que no es lo mismo presión fiscal (el peso que los ingresos públicos tienen sobre el PIB) que esfuerzo fiscal (la presión fiscal ajustada por renta per cápita), que en España en 2019 ya era un 8% superior al promedio de la UE, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation de EEUU. Sea como fuere, la crisis ha frenado la reforma tributaria, porque subir impuestos en estas circunstancias ahondaría aún más en el deterioro de la actividad económica. Así, Hacienda no contempla acometer en la segunda mitad del año su anunciada armonización fiscal, en realidad unos grilletes tributarios pensados para Madrid, donde el impuesto de Patrimonio virtualmente no existe y el de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%.

A cambio de esa subida masiva y generalizada, impracticable en el contexto actual sin penalizar las perspectivas electorales, el Gobierno ceñirá sus anhelos fiscales a sacar adelante los nuevos impuestos a energéticas y entidades financieras, en un claro guiño al electorado más populista. Lo que no es óbice para que Podemos insista en su exigencia de un gravamen para las grandes fortunas, pelea que podría intentar llevar a la negociación de presupuestos.

Financiación autonómica

La crisis también amenaza con dejar en el dique seco la reforma de la financiación autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno de Sánchez. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y las generales un poco más allá, es poco probable que el Ejecutivo decida abrir el melón de una negociación que es un auténtico rompecabezas, un avispero de intereses contrapuestos y donde los recelos de un trato preferente a Cataluña son constantes. La revisión del sistema difícilmente puede prosperar en medio del ciclo electoral que ahora se abre. El PP, consciente de la debilidad política de Sánchez, ha elevado la presión en este ámbito y en los últimos meses ha venido reclamando una reforma urgente y consensuada, que se aleje de la tentación de «contentar» a los barones socialistas. Según los populares, «las costuras» del actual modelo, caducado desde 2014, «han saltado por los aires» y «hay que sentarse a trabajar con un folio en blanco y en el que se vayan tomando en consideración parte de las reclamaciones de todas las comunidades autónomas», afirmó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán.

Inestabilidad institucional

Un año más, la apertura del año judicial se celebrará, el próximo 7 de septiembre, sin acuerdo entre los dos grandes partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva casi cuatro años caducado. Si el pacto con el PP de Pablo Casado estuvo en algún momento cerca, con el de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a alejarse, sobre todo después de que el actual presidente de los populares afirmara, a mediados de agosto, que desconocía el acuerdo sellado entre la anterior cúpula del partido y el Gobierno de Sánchez para reformar la ley del Poder Judicial y desbloquear así su renovación. Con el PSOE en declive en las encuestas y el PP en ascenso, cualquier posibilidad de pactos de Estado se difumina. En cualquier caso, el PSOE impulsó antes del verano una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el BOE a finales de julio, que le permitirá en septiembre nombrar dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, lo que, a su vez, forzará al CGPJ a nombrar a los otros dos que dependen de él para cubrir la vacantes establecidas. Estas maniobras y el evidente distanciamiento entre PP y PSOE, que no se ha reducido con Feijóo, condenan a España a otra travesía de meses por el desierto de la inestabilidad.

Todo ello en un contexto en el que España se prepara ya para asumir la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023, cuando los focos europeos estarán puestos en nuestro país. Al menos, las luchas intestinas en el seno del independentismo catalán auguran una Diada menos intensa que otros años el próximo 11 de septiembre y un menor ruido separatista.

Fuente: Expansión