La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que el Gobierno negociará con la Comisión Europea la futura reforma fiscal, cuyas medidas tendrán que ser «compatibles» con el entorno de crisis energética e inflación, según una entrevista con la Efe. Montero explicó que hay reuniones previstas a lo largo del próximo trimestre «para trabajar conjuntamente con la Unión Europea aquellas medidas que sean compatibles con la situación que vive el conjunto de Europa» sin suponer un «esfuerzo añadido» a las familias.

El Gobierno se había comprometido en el Plan de Recuperación a implementar una reforma fiscal en la primera parte de 2023 que siguiera las recomendaciones del grupo de expertos -que apuntaban especialmente al transporte y la energía-, pero que se ha ido retrasando ante el nuevo entorno económico derivado de la guerra.

«Había que acomodar la reforma fiscal a la coyuntura en cada momento», justifica, porque «no tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando estamos practicando una bonificación».

Ahora, Montero aclara que negociará con Bruselas cómo se va a cumplir ese hito, lo que pasa por medidas que no entren en «contradicción» con los objetivos de lograr un crecimiento económico sostenible, «y por tanto verde», así como una mayor justicia social, rebajando la brecha de recaudación con otros países europeos.

El cumplimiento de todos los hitos del Plan de Recuperación es imprescindible para que la Comisión autorice los desembolsos, que en el caso del primer semestre de 2023 -donde se enmarca el compromiso de la reforma fiscal- asciende a 7.000 millones de euros.

Las medidas no serán solo recaudatorias, ha advertido la ministra, sino que tendrán el «afán» de modificar conductas industriales y personales, así como alinear el impuesto de sociedades con la directiva europea.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que si -«ojalá»- la situación económica mejora, la intención del Gobierno es abordar el próximo ejercicio otras medidas, como «una fiscalidad medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles fósiles» y que fomente las renovables.

Impuestos «solventes»

Con respecto a los nuevos impuestos para banca y energéticas, la ministra se ha mostrado confiada en la «solvencia técnica y experta» de la ley para hacer frente a los recursos que ya han avanzado las empresas.

«Era de esperar que aquellos llamados a hacer (…) una mayor contribución a las arcas públicas no aplaudieran la medida», ha reconocido, pero es de «sentido común» que «aquellos que están ganando más dinero con motivo de la crisis energética» y la subida de tipos «aporten» para financiar las medidas para paliar los efectos de la inflación.

El diseño del sistema de control para que estas cargas no se trasladen a los clientes corresponderá «de forma independiente» a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que «tiene el talento y el conocimiento» para saber «cómo y de qué manera tiene que vigilar» los mercados.

Montero confía en sacar adelante la medida en el Congreso con los socios habituales del Gobierno, donde ha generado «bastante consenso», aunque se ha mostrado abierta a negociar modificaciones durante la tramitación.

En concreto, ha asegurado que analizará «la letra» de la reclamación del PNV de modificar la norma para permitir la gestión de los tributos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra, aunque ha advertido de que las enmiendas «no pueden desvirtuar el sentido de la norma».

Fuente: El Economista