Los dos nuevos impuestos que el Gobierno pondrá en marcha a partir del próximo 1 de enero, de carácter temporal y extraordinario, han sido duramente criticados por los sectores afectados, banca y energéticas. Las patronales de bancos, eléctricas y de las petroleras han considerado «injustificados» los gravámenes y han advertido que frenará las inversiones y la recuperación económica.

Las asociaciones bancarias AEB y CECA señalaron que el nuevo impuesto «será perjudicial para la economía y para la inversión». En un comunicado, las asociaciones alertaron al Gobierno de que el nuevo gravamen «es una medida que no logrará su objetivo de combatir la inflación y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo, en un contexto de incremento de los precios y de tensiones geopolíticas».

Estas asociaciones señalan que el gravamen podría lastrar también la capacidad de las entidades de conceder crédito, así como su competitividad en el mercado único europeo. Poco antes, el  consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, había estimado que los 3.000 millones que prevé recaudar el Ejecutivo entre los dos años equivalen a 50.000 millones en créditos. «Pueden sufrir un impacto son los accionistas, pero también la economía en general», dijo Álvarez.

AEB y CECA mostraron su disposición «a dialogar con el Gobierno y con los grupos parlamentarios en su tramitación, sobre la base de un adecuado encaje con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica».

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) consideró que la introducción de un nuevo gravamen extraordinario y temporal dirigido a las empresas eléctricas «no está justificada por la existencia de beneficios extraordinarios, ya que estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha».

En un comunicado, la patronal de las grandes eléctricas -que tiene por asociados a Endesa, Iberdrola y EDP España- advirtió también de que estas medidas «generan inseguridad» en los inversores y «se alejan de las buenas prácticas regulatorias por su elevada complejidad técnica y su carácter sobrevenido».

Aelec advirtió de que la incorporación de un nuevo gravamen introducirá «una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversión» para acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior. Un objetivo «claramente contrario» al de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico

Las ‘grandes’ eléctricas han recordado que tienen vendida su electricidad a plazo a unos precios sustancialmente inferiores a los que fija el ‘pool eléctrico’; que están sujetas al mecanismo de la excepción ibérica, y también que se les aplican las distintas medidas adoptadas por el Gobierno que minoran sus ingresos de ventas por encima de un determinado precio. Por todo ello, defienden que no están registrando beneficios extraordinarios y, de hecho, «sus beneficios en España están siendo inferiores a los que registraron el año pasado.

Mientras, la Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP) se ha mostrado contraria al nuevo gravamen energético, presentado este jueves vía proposición de ley por los dos socios de Gobierno -PSOE y UP- en el Congreso, al considerarlo «arbitrario» y ha pedido «un marco legal estable que no frene las inversiones».

En un comunicado, la patronal de las petroleras -de la que forman parte Repsol, Cepsa, Galp o bp, entre otras- subrayó que los beneficios del sector son «cíclicos y volátiles», recordando que el año 2020 «las pérdidas fueron extraordinarias».

Críticas de Gestha

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la proposición de ley necesitará una mejora en el trámite parlamentario para beneficiar a las compañías que mejor se comporten con los precios que facturan a los ciudadanos, así como para concretar los años que se tendrán en cuenta para determinar las empresas obligadas al pago de esa prestación patrimonial.

Tal como está redactada la proposición de ley, los técnicos piensan que esta prestación patrimonial no afectará a los beneficios extraordinarios a los que se refirió Pedro Sánchez cuando los anunció, sino que recaerá sobre las empresas energéticas con mayor volumen de ventas y sobre los bancos con mayor margen neto de intereses y comisiones, aunque esas compañías puedan ser las más responsables e impongan un menor precio que la competencia.

«Paradójicamente, ese menor precio las llevaría a aumentar su cuota de mercado, por lo que tendrían que pagar una mayor cantidad», han señalado a través de un comunicado.

Gestha ha apuntado que otra cuestión importante es que esta proposición de ley debe aprobarse antes de que concluya el año para evitar la tacha de retroactividad.

En cualquier caso, Gestha ha remarcado que se ha optado por establecer una «prestación patrimonial» para simplificar el debate parlamentario y reducir el riesgo en los Tribunales, en vez aprobar un impuesto temporal como se hizo con el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como la tasa Google.

Fuente: Cinco Días