El histórico acuerdo alcanzado el pasado octubre por más de 135 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para poner en marcha un marco fiscal común que garantice la tributación efectiva de las grandes multinacionales está tardando más tiempo del esperado en comenzar a surtir sus efectos. Consciente de que las disputas técnicas pendientes tras el pacto, las negociaciones multilaterales que abre su implantación en regiones como la Unión Europea o la incertidumbre económica que han generado la crisis inflacionista y la invasión rusa sobre Ucrania están provocando «ligeros retrasos» en la puesta en marcha del nuevo mecanismo internacional, la OCDE anunció ayer que ha diseñado un nuevo calendario de implementación «más realista» que sitúa la entrada en vigor de las dos grandes palancas del plan en 2024.
El elemento más avanzado es el conocido como Pilar 2, que implica la creación de un tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades (o su equivalente en cada país) que impida a las empresas que facturan más de 750 millones de euros al año pagar por debajo de ese umbral (medido sobre el conjunto de los beneficios tras algunos ajustes). La OCDE, que espera que la medida eleve la recaudación tributaria global en unos 150.000 millones de dólares anuales, aseveró ayer que los trabajos técnicos pendientes «están próximos a finalizar». «Todos los países del G7, la UE, varios del G20 y muchos otros» han dado pasos ya para su implementación, recoge la OCDE en el informe que ha entregado a los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 de cara a la reunión que mantendrán esta semana en Indonesia. Como resultado, «parece que la mayoría están planeando una entrada en vigor en 2024, lo que representa un ligero retraso» frente a las previsiones iniciales, admite la OCDE, que considera que, pese a todo, «la implementación del impuesto mínimo global en el Impuesto de Sociedades parece ineludible».
Más esfuerzo requerirá lanzar a tiempo el llamado Pilar 1, que implica la redistribución de los impuestos recaudados a las grandes multinacionales digitales entre los países en los que operen tengan o no presencia física en ellos. El plan busca gravar a las empresas con una facturación superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad de más del 10%. La idea es que una cuarta parte de las ganancias que excedan ese 10% sean repartidas entre los diferentes países en los que prestan sus servicios, lo que redistribuiría 125.000 millones de euros al año. La OCDE argumenta que dado el «revolucionario concepto» de este mecanismo, «las negociaciones en curso siguen siendo justificadamente intensas» en aras de lograr un acuerdo que debe fijar las normas del nuevo juego tributario global «garantizando que duren para las próximas décadas». A fin de hacer balance de los progresos alcanzados, los 140 países miembros de la OCDE tiene previsto organizar su primera reunión física en más de dos años -tras el paréntesis abierto por la pandemia- el próximo mes de octubre. Antes, en agosto, habrá un documento con los detalles técnicos.
A falta de ver el grado de consenso alcanzado para entonces, la OCDE ha impulsado «un cronograma nuevo y más realista» que pasa por alcanzar un acuerdo internacional sobre el Pilar 1 para mediados de 2023 «como fecha límite definitiva», a fin dar margen temporal suficiente para llevar a cabo las adaptaciones legislativas necesarias para que el sistema entre en vigor en 2024.
El secretario general de OCDE, Mathias Cormann, confía en que el nuevo plazo sea suficiente y recuerda que lo que hay sobre la mesa «son negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos que reforman de manera fundamental los regímenes fiscales internacionales para que sean más justos y funcionen mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada», lo que justifica el plazo adicional concedido.
EL EUROGRUPO PIDE PRIORIZAR INVERSIÓN EN RENOVABLES A DAR AYUDAS FISCALES
El Eurogrupo se reunió ayer para consensuar las directrices con las deberán elaborarse los Presupuestos nacionales de 2023, concluyendo que, ante el alza de precios energéticos, los estados deben primar la inversión en renovables como solución a medio plazo frente a la concesión de ayudas fiscales que palien sus efectos en el corto plazo.
Así lo convinieron los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, argumentando que «el efecto negativo» de los elevados precios de la energía no se resolverá con «medidas fiscales compensatorias», sino con mayores inversiones para el desarrollo de energías limpias y sostenibles. En todo caso, según recoge Europa Press, el Eurogrupo admitió la necesidad de seguir ofreciendo medidas de apoyo estatal, pero «ajustadas a los más vulnerables» y limitadas en el tiempo.
De cara a la elaboración de los presupuestos nacionales del año 2023, por tanto, el Eurogrupo aboga por desplegar incentivos a la transición energética mientras las medidas de apoyo fiscal se van acotando y centrando en los ingresos de los beneficiarios en lugar de en el precio de la energía. En todo caso, asumen que los paquetes que se pongan en marcha deben ser «flexibles» para adaptarse a cualquier cambio en la coyuntura, dada la incertidumbre imperante tras la invasión de Rusia sobre Ucrania. «Las políticas fiscales deberían centrarse en aliviar las restricciones de suministro que están frenando nuestras economías», dice el Eurogrupo, que insta a lograr que los Presupuestos permitan mejorar la «sostenibilidad de la deuda» y elevar el «potencial de crecimiento de forma sostenible para potenciar la recuperación».
Antes de entrar en la reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró que España está elaborando «un plan de contingencia, como ha solicitado la Comisión Europea a todos los Estados miembros» a fin de preparar al país «para cualquier eventualidad de cara al otoño», en referencia a un posible corte del suministro de gas ruso. Más allá, Calviño se mostró confiada en que esta semana España reciba el visto bueno definitivo al desembolso de un nuevo pago de 12.000 millones de las ayudas europeas.
Fuente: Expansión
