La ministra de Hacienda asevera que se centrará en impulsar el nuevo impuesto a las firmas energéticas mientras Unidas Podemos exige una reforma tributaria que eleve la presión sobre grandes fortunas y empresas.

El Gobierno da ya oficialmente por aplazada «la reforma fiscal copleta», que tenía previsto impulsar en el arranque del próximo año a partir del Libro Blanco elaborado por el comité de expertos académicos conformado por Hacienda, dada la crisis inflacionista y la incierta situación económica que deja la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Así lo confirmó ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, después de que EXPANSIÓN avanzara el pasado lunes 4 de julio que el Ejecutivo había decidido aparcar la medida estrella de la reforma fiscal, la armonización autonómica de Patrimonio y Sucesiones, y que el resto de grandes medidas quedaban en el alero dada la escalada de precios y la convulsión provocada por el conflicto bélico que ha estallado a las puertas de la Unión Europea.

De hecho, el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, a finales de febrero, ya provocó que Montero asegurara que no se produciría «ningún alza fiscal inmediata» en el mismo acto en el que el comité de expertos le hizo entrega del Libro Blanco para la reforma tributaria, el pasado 3 de marzo. Ayer, sin embargo, la ministra fue aún más lejos y dejó claro que dada la «coyuntura económica complicada», que amenaza con volver a dirigir a una recesión a algunas de las principales economías internacionales, el Gobierno ha decidido aplazar definitivamente «la reforma fiscal completa». Una determinación, recogida ayer por El País, que la ministra confirmó a los medios de comunicación, según informa Servimedia, antes de inaugurar en Santander el curso de verano Conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos mejorar’, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En todo caso, Montero aseguró que el Gobierno seguirá trabajando en garantizar «una redistribución y un reparto más justo» del impacto de la guerra, y recordó que su Ministerio ultima la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes empresas energéticas del país que entrará en vigor en 2023 y permitirá gravar los beneficios extraordinarios logrados por el sector este ejercicio. Para diseñar esta nueva figura tributaria, Hacienda está estudiando el ejemplo de Italia, que ya actuó en este mismo sentido.

La reforma fiscal, no obstante, había sido anunciada para acabar con la brecha de recaudación tributaria existente entre España y la media de países de la UE, de unos siete puntos. Aunque la inflación está ayudando a lograr coyunturalmente unos ingresos públicos récord, el Ejecutivo tenía en mente una reforma estructural que, de hecho, fue comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación como parte del paquete de medidas a aprobar a cambio de las ayudas comunitarias. El retraso, que dada la incertidumbre económica y el calendario electoral (con comicios autonómicos el próximo mayo y elecciones generales a finales de 2023), promete dejar cualquier decisión de calado para la próxima legislatura, puede hacer que la UE penalice a España en el reparto de fondos por incumplimiento de hitos.

Más allá, el anuncio abrió un nuevo frente en el seno del Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, reclamó ayer en TVE «una reforma fiscal ambiciosa y urgente», argumentando que «no se puede posponer» dada la necesidad de «que las grandes empresas y fortunas contribuyan» más.

Fuente: Expansión