Montero pone en marcha oficialmente el diseño de las cuentas del próximo año y da al resto de Ministerios hasta final de este mes para presentar sus peticiones de gasto y fondos europeos.

El Gobierno dio ayer el primer paso para iniciar oficialmente la confección del proyecto de Presupuestos Generales de 2023, previsiblemente el que más complicado tendrá aprobar de toda la legislatura, asumiendo ya que el próximo ejercicio el Estado seguirá teniendo que extender sus brazos para tratar de paliar los efectos de la crisis inflacionista sobre hogares y empresas. En concreto, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año avanzando que «uno de los criterios de asignación de recursos en las cuentas públicas serán las medidas para proteger a los consumidores y a los sectores más afectados por el alza de precios provocado por la guerra» en Ucrania.

La orden, firmada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, establece concretamente que se «priorizarán» las medidas dirigidas a «apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad, promoviendo la integración de nuevas tecnologías renovables».

En este sentido, Hacienda recuerda que el Gobierno ya ha adoptado medidas para combatir el aumento de la inflación incluyendo en el Plan Nacional ante los efectos de la guerra medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible (15 a cuenta del Estado y al menos 5 sufragados por las petroleras); paquetes de ayudas directas a transportistas, agricultores o la industria gasintensiva; y acometiendo «la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad». El ministerio se refiere a la reducción del 21% al 10% en tipo de IVA aplicado a la luz; la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de la electricidad del 7%; y la rebaja del 5,1% al 0,5% en el Especial sobre la Electricidad. Una rebaja de impuestos, iniciada en 2021, que habrá mermado la recaudación fiscal en 7.000 millones de euros a finales de este mes y en 12.000 millones si, como es previsible, acaba alargándose hasta finales de este ejercicio. De hecho, el Gobierno tiene ya previsto prorrogar al menos por otros tres meses el plan de choque inicialmente impulsado para el periodo 1 de abril a 30 de junio y la orden ministerial deja claro que ya contempla extender algunas de las medidas a 2023, e incluso introducir nuevas.

La directriz presupuestaria supone el reconocimiento tácito por parte del Gobierno de que la crisis inflacionista no será tan pasajera como inicialmente se asumió y seguirá teniendo efectos perjudiciales sobre la recuperación económica en 2023. Después de todo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró mayo en el 8,7% y las últimas previsiones del Banco de España apuntan a un incremento medio anual del 7,2% en 2022 y del 2,7% el próximo año.

El alza de precios y su eco en los salarios está teniendo, sin embargo, un efecto positivo en la recaudación tributaria, que en el primer cuatrimestre ha crecido casi un 20% arrojando 11.500 millones adicionales a las arcas públicas que dan margen extra al Ministerio de Hacienda para costear las medidas de contención de la inflación.

«El objetivo de los Presupuestos de 2023 es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo que se inició en 2021 y continúa en 2022, pero teniendo en cuenta el contexto internacional actual marcado por el impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando en la economía con el encarecimiento de los precios de la energía y de otros productos», sostiene Hacienda. Aunque el Ministerio reconoce que la suspensión durante otro año de las reglas fiscales europeas da margen adicional, asegura que su compromiso es el de seguir reduciendo el déficit, hasta situarlo por debajo del 3% para 2025, y la deuda, que aspira a rebajar del 110% al final del lustro.

Para tratar de contener el gasto en este contexto, Hacienda advierte al resto del Gobierno de que «todas las partidas del Presupuesto serán objeto de una revisión exhaustiva y sistemática con el objeto de actuar sobre aquellas medidas e incrementos inerciales que no estén justificados», evitando así renovar o elevar determinadas partidas de forma automática.

Finalmente, Hacienda da al resto de ministerios hasta el 30 de junio para remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas de gasto para 2023 y a la Secretaría General de Fondos Europeos una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con los fondos del Mecanismo de Recuperación europeo. Los Presupuestos, avanza en este punto, volverán a incorporar los créditos necesarios para ejecutar el Plan de Recuperación vía deuda a la espera de que Bruselas vaya dando luz verde al desembolso de los cerca de 140.000 millones entre transferencias y créditos blandos que el país obtendrá hasta 2026. La cifra definitiva se conocerá a finales de este mismo mes, cuando la UE determine el reparto. En paralelo a los Presupuestos, el Ministerio de Asuntos Económicos prepara una adenda al Plan de Recuperación detallando cuántos créditos solicita y con qué objeto.

Una votación compleja

Una vez recopiladas las peticiones presupuestarias de cada área, el Consejo de Ministros aprobará en julio el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2023, el llamado techo de gasto, que en 2022 batió el récord en 196.142 millones de euros, y solicitará formalmente al Parlamento la suspensión de las reglas fiscales por otro año. Comenzará entonces la parte más delicada del proceso: el diseño de un proyecto presupuestario lo suficientemente atractivo como para que el Gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, logre los apoyos suficientes como para aspirar a aprobarlo.

Para empezar los socios de Gobierno tendrán que redactar un texto de consenso, cada vez más complejo por las tensiones internas y la cercanía de los procesos electorales. A partir de ahí está por ver si las tradicionales cesiones territoriales bastan esta vez para aplacar los ánimos de los grupos nacionalistas tras choques como el del espionaje con Pegasus a líderes secesionistas. Aunque previsiblemente el Gobierno haga un llamamiento a la responsabilidad y la necesidad de impulsar unas nuevas cuentas que ayuden a ejecutar las ayudas europeas y combatir la inflación, en el propio Ejecutivo asumen que de ser necesario agotarán la legislatura prorrogando las cuentas de 2022, que ya sirven para ambos objetivos.