Los españoles estamos desamparados. Necesitamos nuevos límites al déficit y la deuda, porque sus malas consecuencias las volveremos a pagar nosotros.

Felipe González terminó con un déficit fiscal, en 1995, del 6,8% del PIB. Para entrar en el euro, Aznar se lanzó a cumplir los criterios de Maastricht (algo que muchos consideraron imposible). Entre ellos, un déficit fiscal inferior al 3%, que se logró desde 1998.

Zapatero recibió España con un déficit fiscal del 0,4%. En seis años lo multiplicó por más de 40, hasta situarlo por encima de los 120.000 millones de euros en 2009 (11,3% del PIB). Contablemente, se registró superávit entre 2005 y 2007: un excedente insostenible surgido de la recaudación aportada por la burbuja inmobiliaria y de crédito. Contención en el gasto no hubo: entre 2003 y 2009, el empleo público aumentó un 13% (más del doble que el empleo privado), la licitación oficial creció un 50% y el gasto en prestaciones sociales (excluyendo pensiones y las de desempleo) se incrementó un 81% (la burbuja de los «nuevos derechos»).

Los límites que se pactaron originalmente en Maastricht fueron insuficientes para contener la irresponsabilidad de Zapatero. Por eso, además de la presión de Merkel y Obama («mis asesores me dicen que usted no toma medidas y eso nos perjudica a todos», le dijo el norteamericano a ZP), en marzo de 2011 se firmó el «Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza». Allí se asumía el compromiso de no superar un déficit estructural del 0,5% y reducir el déficit y la deuda pública a los límites ya acordados. De esa presión y ese Tratado surgió la acelerada reforma del artículo 135 de la Constitución, que Rajoy tradujo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Bajo la supervisión de la Comisión Europea, entre 2012 y 2018 se recortó el déficit fiscal todos los años y se creó la AIReF. Aún así, la deuda pública creció hasta el 100% del PIB en 2014 (casi un 30% del aumento de la deuda de esos años fue para pagar otras dos herencias que dejó ZP: facturas impagadas a proveedores y el rescate a las cajas de ahorro).

Lo primero que hizo Pedro Sánchez al llegar al Gobierno fue negociar con la Comisión Europea un alza del límite de déficit fiscal para 2019: de un 1,3%, el tope pasó al 2% del PIB. El déficit acabó siendo del 2,9%. La pandemia encontró a España con una deuda del 95% del PIB y un gobierno no sólo despreocupado por la AIReF y los límites de Maastricht y del acuerdo de 2011, sino incluso violando sus acuerdos con Bruselas.

Golpe a la credibilidad

La Comisión Europea suspendió la vigencia de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Luego, extendió la pausa a 2022. Pocos días atrás, con la excusa de la guerra en Ucrania, prolongó la suspensión de las reglas fiscales un año más. Esto supone un golpe a la credibilidad de la UE (si tienes unas «reglas» que no cumples durante cuatro años, en realidad no tienes regla alguna) y un refuerzo de sus erradas ideas keynesianas (como la inflación obligará a subir los tipos de interés, dejemos espacio para que el gasto público estimule la demanda). Esas ideas justifican la manipulación de los tipos de interés y el permanente aumento del gasto público para alcanzar el «pleno empleo». Lo que logran, en realidad, es un daño múltiple: crisis recurrentes, mala asignación de recursos, menor productividad, etc.

Es falso que la pandemia haya «obligado» a disparar el déficit: Suecia, Dinamarca y Luxemburgo no dejaron de cumplir, en 2020 y 2021, con los límites acordados. Otros nueve países (como Holanda, Finlandia y Portugal), tenían equilibrio fiscal en 2019, dispararon el déficit en 2020 y lo redujeron a menos del 3% en 2021. En vez de embridarlos, la Comisión Europea facilita las cosas a los gobiernos gastizos, como el de Sánchez.

Los españoles estamos desamparados. Necesitamos nuevos límites al déficit y la deuda, porque sus malas consecuencias las volveremos a pagar nosotros. Propongo algunas: límite constitucional al gasto público total (¿30% del PIB?, ¿35%?), con pena de inhabilitación vitalicia al presidente y ministros que lo violen. Prohibición de que los salarios públicos crezcan más que los del sector privado. Limitar el aumento del número de empleados públicos al crecimiento demográfico. En cuanto el déficit fiscal supere cierto nivel, suspensión automática de licitaciones y otros gastos.

Fuente: Expansión