Uno de los grandes proyectos de ley que el Gobierno de coalición que integran socialistas, Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana tiene pendiente de aprobar en el año que queda de legislatura supondrá un nuevo giro de tuerca a la presión fiscal.

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica no solo recoge los objetivos para reducir las emisiones contaminantes e implantar energías alternativas. También supondrá la entrada en vigor de tres nuevos impuestos autonómicos, que afectarán directamente a la mayoría de los valencianos y a un buen número de empresas.

El proyecto, que ya ha recibido el visto bueno del Consell que preside Ximo Puig y ahora tiene que tramitarse en el parlamento autonómico, justifica los nuevos impuestos para incentivar la descarbonización y modificar los hábitos de ciudadanos y empresas. De facto será una herramienta para aumentar la recaudación de las arcas de la Generalitat Valenciana a partir de 2025, cuando esta previsto que empiecen a aplicarse.

El que tendrá un mayor impacto en los valencianos en general será el que se aplicará a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Un tributo similar al que ya ha aprobado Cataluña, donde se estimaba una recaudación de casi 66 millones de euros para un parque automovilístico de 2,2 millones de vehículos.

En el caso valenciano, el nuevo impuesto gravará a coches, motos y furgonetas que no superen 3,5 toneladas de capacidad de transporte de mercancías. La cuota que se cobrará oscilará entre 70 céntimos y 1,40 euros por cada gramo de CO2 emitido por kilómetro en coches y motos, mientras que en furgonetas será de 70 céntimos.

Ejemplos prácticos

Tomando como ejemplo el coche más vendido en España en 2021, el Seat Arona, su modelo básico de gasolina pagará 80,5 euros. Para el segundo modelo más vendido, el Hyundai Tucson, también de gasolina, supone unos 157 euros. Los coches y motos que emitan menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro estarán exentos, al igual que las furgonetas de menos de 140 gramos.

El proyecto de ley elaborado por la Consejería que dirige Mireia Mollà, de Compromís, también se aplicará otro impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero de instalaciones productivas, en concreto de dióxido de carbono y de metano. En este caso, la futura norma fija que las empresas tendrán que pagar 200 euros por cada kilotonelada de CO2 equivalente emitida, aunque se podrán deducir las inversiones realizadas precisamente para reducir la contaminación de estos gases. Curiosamente, y a pesar del efecto disuasorio de la nueva norma, tanto los vehículos como las instalaciones pertenecientes a las Administraciones públicas están completamente exentos de ambos impuestos.

A centros comerciales

Si la futura norma se aprueba tal y como se ha formulado por los socios del Gobierno del Botànic que tienen mayoría parlamentaria, se impondrá otro tributo sobre grandes establecimientos comerciales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial que cuenten con aparcamiento. Un impuesto que los partidos de izquierdas justifican por el tráfico rodado y las necesidades de transporte que generan a su alrededor estas grandes superficies.

En este caso para fijar su cantidad se recurre a un ratio en función de la actividad a la que se dedica, la superficie utilizada y si está dentro o fuera de una zona urbana consolidada.

Fuente: El Economista