Interviene los precios del alquiler y limita las subidas del IPC al 2%. Topa los precios energéticos y eleva las indemnizaciones del despido. Opta por apalancar la economía sin reducir carga fiscal ni deflactar tarifas.

El presidente Pedro Sánchez anticipó este lunes su plan de choque contra la crisis energética e inflacionaria. La batería de medidas cuenta con un claro denominador común: carga el ajuste sobre el sector privado y evita bajar impuestos. Las iniciativas, que Sánchez cifró en 16.000 millones de euros, se dividen entre 10.000 millones de créditos ICO y 6.000 millones del plan directo. De estos 6.000 millones, solo 1.000 millones asumirá el Estado a través de la rebaja de los carburantes.

El grueso lo integra la intervención de los precios del alquiler, que pagarán los propietarios al no poder subir la renta con el IPC y limitar la actualización a un 2%. Además, las empresas asumirán más cargas con el plan de Moncloa, ya que propone la elevación de las indemnizaciones del despido, que este martes se concretarán en el decreto que prepara el Ejecutivo.

Las eléctricas también pagarán parte del paquete. En materia energética, prevé topar el alza del gas y establece una revisión del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, que supondrá una rebaja de los precios.

Aunque el plan completo asciende a 16.000 millones de euros, 10.000 millones irán a créditos ICO. Estos préstamos se utilizarán en gran parte para la refinanciación o el aumento de créditos ya existentes. De esta forma, el Gobierno ha optado por apalancar la economía sin reducir la carga fiscal ni deflactar las tarifas de los impuestos para hacer frente a la crisis.

En lo que respecta a la parte energética, Sánchez anunció que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida «excepcional y temporal» para fijar un precio de referencia del gas, que no ha precisado, tras lograr en el Consejo Europeo una excepción ibérica que permita limitar los precios de la electricidad. Por su parte, la actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos permitirá que dichos cargos se reduzcan hasta el 55% durante 2022.

En materia laboral, Sánchez no citó la palabra «prohibir» en referencia a los despidos objetivos durante su intervención, aunque de sus palabras se colige que la intención del Gobierno es prohibir de forma coyuntural el despido con un coste de 20 días de indemnización, lo que lo elevaría a 33 días.

También echa mano al déficit

Parte del paquete presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye también un plan de gasto que asumirá el Estado e irá directamente al déficit. Además de la subvención para la gasolina que costará unos 1.046 millones de euros, el presidente anunció una subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de las ayudas fiscales a la generación eléctrica y ayudas para el sector agrícola, ganadero y la pesca.

Sánchez avanzó un nuevo plan de ciberseguridad a escala nacional, que contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros e incluirá «más de 150 actuaciones esenciales», además de que se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G en «servicios imprescindibles».

Para el tejido económico y empresarial, Sánchez, anunció ayudas por valor de 362 millones para el sector de la agricultura y ganadería, y de 68 millones para la pesca y acuicultura. El plan de choque incluye también las medidas acordadas con el sector de transportes la semana pasada dirigidas a acabar con el paro convocado por camioneros y otros conductores profesionales, valoradas en 1.050 millones de euros.

Por otra parte, Sánchez anunció una extensión del bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a 1,9 millones de hogares. El bono social eléctrico llegó en 2021 a 1.218.120 beneficiarios, lo que supone un 0,16% menos en comparación con los 1.220.172 beneficiarios registrados en 2020. De esta forma, el número de beneficiarios de esta ayuda destinada a facilitar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad al consumo eléctrico se mantuvo en un nivel estable en comparación a 2020.

«Nos vamos a desvivir por distribuir el esfuerzo de forma equilibrada», subrayó Sánchez. «El objetivo es proteger a sectores y familias, especialmente a los más vulnerables, así como la senda de creación de empleo», añadió. También incorporará el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) «para llegar a más familias vulnerables».

Fuente: ElEconomista.es