Las regiones que secundan la iniciativa del comité de expertos duplican a las que se oponen a ella sea frontal (Madrid, Andalucía y Murcia) o parcialmente (Galicia y Castilla y León). Cada comunidad ha hecho llegar sus propias propuestas para modular la reforma tributaria.

El comité de expertos elegido por Hacienda para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria ha propuesto fijar «límites mínimos de gravamen efectivo» en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones comunes a todas las autonomías del régimen común. A falta de ver cómo puede acabar afectando al calendario reformista español la convulsión económica que ha desatado la invasión rusa de Ucrania, la propuesta supone el pistoletazo de salida para poner en marcha el compromiso ya alcanzado por el Gobierno con Bruselas de impulsar una «armonización de la tributación patrimonial» que evite «la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades» en el arranque de 2023. El Libro Blanco, sin embargo, no solo contiene la valoración de los académicos sino que detalla la postura de cada comunidad autónoma revelando que hay el doble de territorios favorables a la armonización que los que se oponen.

Durante el proceso de elaboración del Libro Blanco, llamado a servir de hoja de ruta para el diseño de la reforma fiscal que acabe impulsando el Gobierno, el Comité de Expertos recopiló ocho decenas de propuestas de diferentes organismos e instituciones, incluyendo aportaciones de cada autonomía. En el proceso, los expertos analizaron la postura de cada territorio ante una posible limitación de sus competencias normativas en tributación patrimonial. Como resultado, detalla el Comité, «tres comunidades autónomas (Andalucía, Madrid y Murcia) se oponen claramente a restringir el ámbito actual de sus competencias normativas en el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones». «Otras dos (Galicia y Castilla y León) también se oponen, aunque de forma más matizada», agregan. «Finalmente, 9 comunidades se pronunciaron favorablemente, bajo distintas fórmulas», concluyen. Son Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Es decir que, sin contar con Baleares, la única del régimen común cuya voz no queda reflejada, las regiones a favor de la armonización triplican a las que se oponen frontalmente y duplican a las que son contrarios en mayor o menor medida (las cinco regiones gobernadas por el PP). Eso sí, matiza el texto, incluso los territorios que abogan por fijar límites piden respetar parte de su autonomía fiscal. Estas son las propuestas de las comunidades:

Andalucía

Andalucía muestra su «oposición al concepto de una armonización fiscal que pueda entenderse como una pretensión a restringir la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos, y que se utiliza para limitar las competencias de las comunidades», dice, «en lugar de ampliarlas».

Aragón

Aragón aboga por cierto grado de armonización en la imposición patrimonial, siempre que se formule «en unos términos que pusieran en valor todas sus ventajas sin grave lesión del también irrenunciable principio de autonomía política y financiera de las CCAA».

Asturias

Asturias ve «necesaria una armonización de mínimos de tributación», y entiende que «que la reforma de los tributos cedidos tradicionales no puede suponer una merma de la recaudación o de los ingresos autonómicos y que debería mantenerse el peso relativo de estos tributos sobre el PIB».

Canarias

Canarias hace una propuesta diferencial para cada tributo. En Patrimonio pide que el Estado «determine una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio e igual en todo el territorio» para «evitar estrategias de competencia fiscal a la baja». A partir de ahí, la competencia regional se ceñiría «exclusivamente a la tarifa del impuesto» y en deducciones o bonificaciones por circunstancias personales. En Sucesiones y Donaciones ve «necesario regular que las bonificaciones de la cuota tengan un carácter progresivo» de forma que «a mayor cuantía de la cuota tributaria menor porcentaje de bonificación».

Cantabria

Cantabria defiende «la necesidad de realizar una armonización en todas las CCAA con el objetivo de evitar la competencia desleal entre las distintas comunidades autónomas», si bien matiza que «es importante señalar que esta armonización debe respetar la autonomía financiera recogida en nuestra Constitución».

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha pide «armonizar bases imponibles y liquidables, establecer una tributación mínima y restringir la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, pero con ciertos límites».

Castilla y León

Castilla y León muestra su «rechazo a la armonización fiscal al alza» si supone «subidas de impuestos», pero apoya una «armonización de los sistemas fiscales autonómicos a la baja».

Cataluña

Una de las propuestas más elaboradas remitidas al comité de expertos es la que sella Cataluña. Promueve «una compartición de espacios fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas de régimen común» en la que el primero fijaría los elementos de Patrimonio y Sucesiones (exenciones, base imponible, mínimo exento, tarifa, deducciones y bonificaciones), permitiendo luego que «calculada la cuota líquida estatal, se permite deducir la cuota a ingresar autonómica, sin que la primera resulte negativa». El Comité de Expertos valora que la propuesta catalana aumente la capacidad normativa de las regiones, que tendrían una potestad acotada para modificar los impuestos, a la vez que permitiría al Estado asegurar una tributación mínima. En resumen, «si las CCAA deciden recaudar lo mismo o más que el Estado, percibirían el 100% de la recaudación» y si «decidieran una tributación inferior, la diferencia recaudatoria respecto del mínimo estatal integraría los ingresos del Estado». Cataluña estima que esta iniciativa elevaría la recaudación de Patrimonio en 1.000 millones (básicamente al aplicarse en Madrid, que hoy la bonifica al 100%). Mientras se pone en marcha, Cataluña propone fijar un reparto similar al del IRPF pero permitiendo deducir de la cuota líquida estatal la cuota a ingresar autonómica.

Extremadura

Extremadura entiende que «la capacidad normativa de las comunidades autónomas no debiera vulnerar los elementos configuradores de los tributos cedidos, reservándose el Estado los elementos esenciales de los tributos», lo que identifica como «el hecho imponible, las exenciones, los sujetos pasivos, y la base imponible». A partir de ahí, las regiones tendrían capacidad normativa, con limitaciones similares a las que se fijaron para la Renta en 1996 de que «la cuota resultante no pudiese ser superior al 20% de la que se obtuviese de aplicar a la misma base la tarifa complementaria regulada en la Ley del IRPF».

Galicia

Galicia, la región que preside el próximo presidente nacional del PP, es menos belicosa ante la armonización que otros feudos populares como Madrid. Defiende que «la armonización de la imposición patrimonial, de acometerse, debe respetar la autonomía financiera de las CCAA y asumir un cierto grado de diferencia territorial en la fiscalidad inherente a la propia autonomía, de manera que cada una busque la relación ingreso-gasto que estime oportuna» aduce, defendiendo que «debería funcionar como los mecanismos de la UE, exigiendo el resultado, pero sin limitar la forma de conseguirlo» para no dañar el autogobierno ni la autonomía financiera de las regiones.

La Rioja

La Rioja plantea que «la armonización debe permitir conjugar las especialidades de cada comunidad autónoma y el ejercicio de su corresponsabilidad fiscal con la uniformidad de figuras impositivas y una limitación cuantitativa de los beneficios fiscales que cada una pueda establecer».

Murcia

Otro de los grandes opositores al cambio es Murcia, que advierte de que «cualquier medida que se proponga adoptar no puede establecerse de manera unilateral, sino que deberá consensuarse con los gobiernos regionales, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la legislación resultante debe establecer normas armonizadoras que aseguren la unidad de mercado con el fin de evitar obstáculos que puedan fragmentarlo».

Madrid

El grupo contrario a la armonización fiscal lo encabeza sin duda Madrid, que defiende que «la imposición por parte del Estado de unos límites específicos de carácter cuantitativo al ejercicio de las competencias normativas en materia de tributos cedidos a las CCAA excedería del carácter de condición básica común para adentrarse en el terreno del incumplimiento de los principios constitucionales, singularmente del principio de autonomía».

C. Valenciana

Por su parte, la Comunidad Valenciana sostiene que «a la vista del proceso de competencia fiscal a la baja imperante en el panorama autonómico vigente, especialmente acentuado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, procedería el establecimiento de unos límites mínimos y máximos dentro de los cuales las CCAA pudieran ejercer su poder tributario». En el caso de Patrimonio, la región aboga por una «limitación de la potestad normativa de las CCAA sobre el establecimiento de deducciones y bonificaciones de la cuota» en función de circunstancias personales «sin que, en ningún caso, puedan suponer una reducción de la cuota superior al 25% o 50%», pudiendo modularse estos porcentajes en casos de discapacidad.

Con esta batería de propuestas, y el dictamen de los expertos, juega ahora Hacienda para abordar su proyecto de armonización fiscal.

Fuente: Expansión.com