Jesús Ruiz-Huerta: “Con la actual competencia fiscal a la baja pueden desaparecer los impuestos».
Asegura que no se ha producido ninguna injerencia por parte de Hacienda. Rechaza que la propuesta suponga una subida generalizada de impuestos.
Tras más de 10 meses de trabajo, Jesús Ruiz-Huerta, presidente del grupo de expertos que recibió el encargo del Ministerio de Hacienda para redactar el libro blanco para la reforma fiscal, acaba de entregar el documento final: un trabajo de 800 páginas con 118 propuestas para una fiscalidad del siglo XXI. Cuenta con una dilatada experiencia como profesor y catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como curiosidad, formó parte del tribunal que evaluó el acceso a la cátedra del antiguo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
R. Lo primero que quiero decir es que no hemos propuesto un hachazo fiscal. No se puede derivar de un examen ecuánime del libro blanco que proponemos un aumento generalizado de impuestos. Planteamos alternativas para afrontar en el futuro porque no se pueden afrontar hoy. Yo soy un académico, he dedicado mi vida a dar clase e investigar en la administración, pero desde luego el trabajo que intentamos hacer es muy ponderado, muy cuidadoso, con montones de evidencias y una reflexión compartida en el mundo del derecho y el de la economía, lo que no es fácil. En segundo lugar me gustaría decir que no es cierto que no hagamos caso al gasto público, todo lo contrario. Una cosa son las transferencias y los gastos asociados a los servicios públicos. Otra, lo que llamamos incentivos fiscales, que en términos constitucionales son beneficios fiscales o gastos fiscales. Eso también es gasto público.
P. Pero este recorte de beneficios fiscales hay que hacerlo con mucha cabeza…
R. Por supuesto. Y tampoco se puede hacer un recorte indiscriminado de gasto como se ha hecho otras veces. Los gastos fiscales son importantes, no hay que recortarlos, pero sí hay que revisarlos. La preocupación del informe es buscar qué tipo de recursos pueden ser adecuados para una Hacienda del siglo XXI, manteniendo criterios básicos constitucionales, que sean justos, adecuados y no tengan carácter confiscatorio.
P. La ministra María Jesús Montero rápidamente se desvinculó de llevar a cabo las medidas propuestas.
R. Estamos en un momento excepcional. Con un trabajo como este, de casi un año, me gustaría ponerlo en valor. Hemos preguntado a gente, a las autonomías, hemos elaborado ponencias que hemos discutido tres o cuatro veces en pleno, se han buscado alternativas compartidas por todos y hemos buscado el consenso, se han recogido las propuestas más viables y consensuadas. No se trata de un informe técnico para que se ponga en marcha mañana, es un trabajo pensando en el medio y largo plazo. Hay partes que se pueden impulsar antes y otras que a lo mejor no se pueden aplicar.
P.¿Qué cree que hará el Gobierno con el informe? Otros trabajos de expertos como el dirigido por Lagares tuvieron poca presencia en la reforma fiscal de aquel momento.
R. Se trata de un trabajo de medio a largo plazo. Queremos hacer propuestas de fiscalidad del siglo XXI para ciudadanos del siglo XXI. Estos ciudadanos están un poco cansados de la bronca política y lo que quieren son ideas para ir introduciendo reformas que sean buenas para todos. No se recogieron todas las propuestas del informe Lagares, pero sí muchas. Este es el trabajo que tenemos que hacer los técnicos.
P. ¿Qué medidas considera más urgentes para hacer frente a la crisis?
R. Se trata de abrir el debate. Hay contenidos en el libro que van a ser necesarios en el futuro, sí o sí. Por ejemplo, los temas de protección medioambiental. Hay un compromiso europeo y global con una serie de decisiones que no se han tomado aún y por ello hay que adoptarlas ahora, lo que va a implicar más costes. Otro tema es el de la economía digital, donde hay que poner a día de hoy lo que está pasando en la actividad económica de nuestra sociedad, por lo que hay que pensar en medidas que tengan en cuenta esos cambios. Lo más urgente es cumplir con nuestros compromisos en el ámbito internacional y cumplir con todos los procesos que se están llevando en Europa.
P. En estos 10 meses de trabajo se han producido dos bajas, se ha hablado que fueron por interferencias del Ministerio.
R. Puedo afirmar que se ha trabajado con plena libertad. Son temas delicados, a nadie le interesa la interferencia, al ministerio no y a los miembros del comité, en absoluto. En cierta medida es un asunto que ofende nuestra inteligencia. Yo no estaría en un comité en el que me dictaran lo que tengo que hacer. Llevo muchos años en estos temas, soy profesor y no me van a decir lo que tengo que comentar o decir, de manera que afirmo que no ha habido ninguna interferencia. Las salidas fueron de dos académicos con los que he mantenido buena relación hasta ahora. Estuvieron en el comité hasta diciembre. Los 17 hemos aprobado todo por consenso.
P. Uno de los temas más polémicos es la posible armonización fiscal. Autonomías como Madrid han dicho que pelearán por mantener su competencia.
R. España ha ido en la línea de fortalecer la autonomía de las comunidades autónomas a través de vías de corresponsabilidad, primero cediendo la recaudación de los tributos y paulatinamente pasando cuestiones normativas y de gestión. Ahora, en algunos impuestos especialmente sensibles como los patrimoniales, nos encontramos con un problema serio, porque descentralizar la capacidad normativa ha llevado a que en algunas regiones se apueste por la abolición del impuesto. Según dicen los juristas, los impuestos son de titularidad estatal, por lo que nadie puede eliminarlos. Pero en la práctica se puede hacer con una bonificación del 100%. Eso es lo que ha hecho Madrid en Patrimonio, y algo parecido con Sucesiones y Donaciones. La consecuencia es que se ha puesto en marcha un proceso de competencia fiscal a la baja, y eso hace que al final desaparezca el impuesto. Si no tenemos impuestos no hay capacidad de tener autonomía. Nosotros hemos preguntado a las comunidades autónomas, nos han contestado todas, y la mayoría son partidarias de no acabar con estas figuras.
P. Las regiones fijan estas bonificaciones de acuerdo a su capacidad normativa.
R. Sí, pero en el caso de Madrid lo que sucede es que se beneficia de la movilidad de bases imponibles hacia su territorio por haber rebajado los impuestos. Por eso puede tener sentido que pongamos un suelo en todas las autonomías y así garantizar una defensa. Planteamos la necesidad de buscar un equilibrio entre la defensa de la autonomía y el contenido de estos impuestos en términos de equidad. Buscar ese equilibrio no es fácil, sobre todo cuando hay mucha presión a la baja.
P. ¿No pueden hacer todas las regiones lo mismo que hace Madrid?
R. ¿Hasta el extremo de suprimir los impuestos? La experiencia nos dice que al final, si no tienes ingresos por esta vía, tienes que buscar otras para obtener esos recursos. Creemos que hay un problema serio y por eso creo que tiene sentido poner una limitación.
P. En el libro blanco abren la puerta a la supresión de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones si se aseguran los ingresos por otras vías.
R. Abogamos por mantener la tributación patrimonial. Un asunto del libro blanco es también la desigualdad. Comprendo que hay personas que no tienen interés en hablar de eso, pero hay organizaciones internacionales, tan poco sospechosas como el FMI, que dicen que las sociedades futuras pueden tener problemas si sigue creciendo la desigualdad y la concentración de la riqueza. Nosotros apostamos por la imposición sobre la riqueza. El impuesto sobre la renta es progresivo y cumple una cierta misión, pero en la parte alta de la distribución hay problemas para recoger la situación de las personas más ricas. Entendemos que estos tributos son un buen complemento. Si planteas un impuesto sobre el patrimonio donde el mínimo exento es un millón de euros y la vivienda habitual está en 300.000 euros no son las clases medias las que pagan.
P. En la reforma del IVA proponen modificar los tipos o incluso establecer uno único. ¿Por qué?
R. El IVA es un impuesto esencialmente recaudatorio y establecido casi en todo el mundo. Tenemos que preguntarnos por qué en España recaudamos menos de lo que debiéramos, y tiene que ver con las exenciones, pero sobre todo con los tipos. La Airef nos dice que hay una pérdida recaudatoria de 30.000 millones por esos tipos reducidos y superreducidos, que en la teoría se orientan a proteger determinados consumos y servicios para la gente de menos renta. Sin embargo, sabemos que el 40% de los sujetos con más renta se quedan con el 55% del beneficio fiscal. El modelo no funciona bien. Si cambiamos eso y recaudamos más a lo mejor podremos hacer políticas de gasto que estén mucho más focalizadas en la gente con más necesidades. El proceso es lento, pero pasa por analizar los tipos reducidos y superreducidos y ver si están justificados. Esta limitación de los tipos reducidos podría servir incluso para bajar el tipo general y mantener la recaudación.
P. Es en este punto en el que proponen compensaciones para las rentas bajas. ¿Cómo funcionarían?
R. En el caso de acabar con los tipos reducido y superreducido habría que pensar en esos mecanismos, sí. Una fórmula es a través del IRPF, compensando a la gente de la parte baja de la distribución. Se puede hacer a través de mecanismos concretos cuando hablamos de servicios básicos, a través de bonos, de subvenciones pensadas para los sectores más perjudicados… Hay fórmulas posibles, pero es un proceso complejo que lleva tiempo y reflexión.
Related Blogs
