La Comisión revisará sus previsiones de crecimiento para la UE y los Estados miembros por el impacto de la guerra.

El comisario de Economía del Ejecutivo comunitario, Paolo Gentiloni, reconoció este miércoles que la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias geopolíticas tendrán un impacto negativo en la expansión económica de la Unión Europea, pero “sin llegar a descarrilarla”. Por eso, Bruselas está revisando la gobernanza económica de la Unión a raíz de estos acontecimientos y abre la puerta a mantener las reglas fiscales –congeladas desde la irrupción de la pandemia y previsiblemente hasta este año– también en 2023.

Gentiloni apuntó que la incertidumbre derivada de la situación en Ucrania tendrá un impacto en los mercados europeos así como el sistema energético, por lo que destacó la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario tenga que revisar su pronóstico de crecimiento del 4% para 2022 de sus previsiones de enero, tanto a nivel europeo como de cada una de las capitales.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recordó por su parte tras el Ecofin que “aún es pronto” para valorar el impacto de la escalada bélica. Aunque “es obvio” que la guerra influirá en el crecimiento, recordó que España es uno de los países menos expuestos en términos económicos. Todo dependerá, añadió, de la duración e intensidad del conflicto, así como de las consecuencias que este genere en el panorama geopolítico.

Respecto a los precios de la energía, Bruselas estimó que se mantendrán en niveles altos durante todo el 2022 ya que la última ronda de sanciones ha aumentado la incertidumbre sobre el suministro de gas y petróleo desde Rusia.

A nivel nacional, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, destacó también este miércoles que el impacto de la guerra en el sistema financiero español y en las relaciones comerciales será “menor”, pero apuntó que “la clave” será el efecto que “ya” está teniendo el conflicto en una inflación “más persistente” y que “puede desembocar” en un menor crecimiento económico en Europa.

Por todo ello, y ante las perspectivas de que una inflación desbocada golpee a la recuperación, la Comisión decidió empezar un proceso para revisar la desactivación prevista para 2023 de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros que se desactivaron por la pandemia y que estaba previsto que volvieran a aplicarse a partir del próximo enero. A grandes rasgos, limitan el déficit y la deuda al 3% y al 60% del PIB.

Con todo, no será hasta mayo cuando la decisión final se tome, dada la incertidumbre que rodea a la escalada bélica. “Estamos en una situación de incertidumbre alta y por el momento no consideramos la aplicación de la regla en las circunstancias actuales”, dijo el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Desde Bruselas pidieron de nuevo a los países con mayores niveles de deuda y déficit públicos controlar la política fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Guía fiscal para 2023

El Ejecutivo comunitario también ha expuesto su guía fiscal preliminar para 2023 considerando los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania. Como norma, «las estrategias fiscales nacionales deberán reflejar a cada país con sus circunstancias. No hay una talla única para todos», indicó Dombrovskis.

En lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda, en los países como mayores niveles, el Ejecutivo comunitario aboga por reducir el indicador de manera que se proteja el crecimiento y la inversión. En este marco, Bruselas ha establecido dos estrategias diferenciadas: una para los Estados miembros con niveles de deuda elevada y otros para los que tienen ratios más bajas. Los primeros deberán reducirla gradualmente en 2023 a través de ajustes fiscales o contribuciones del Fondo de Recuperación, así como el recorte en el gasto público. El segundo grupo deberá fortalecer os niveles de inversión para las transiciones verde y digital.

Otras directrices fiscales para 2023 contemplan el impulso a la inversión pública y evitar el retraso de la consolidación fiscal, así como inversiones y reformas que promuevan el crecimiento sostenible.

Fuente: Cincodías.com