Patronales y asesores tributarios coinciden en reclamar la supresión del Impuesto de Patrimonio aprovechando una remodelación del marco impositivo en la que esperan que el Gobierno acepte priorizar el crecimiento y revisar los beneficios fiscales en lugar de impulsar una subida generalizada de los tributos.

Empresarios, asesores tributarios y contribuyentes en general aguardan con expectación las horas que restan hasta que, mañana, el comité de expertos académicos conformado por el Ministerio de Hacienda haga público el libro blanco que servirá de punto de partida al Gobierno para impulsar la reforma fiscal. La medida conforma, junto a la laboral y la de pensiones, el tercer pilar de grandes remodelaciones estructurales pactadas por España con la Unión Europea a cambio de las ayudas del Mecanismo de Recuperación. Desde la creación del grupo, el pasado abril, los diferentes actores del mundo tributario han ido presentando, sin embargo, exhaustivas baterías de propuestas que han hecho llegar al grupo de expertos, y que aspiran a ver ahora al menos parcialmente plasmadas en la hoja de ruta que se entregará al Ejecutivo.

En concreto, el comité de expertos para la reforma fiscal ha recibido medio centenar de propuestas de entidades y asociaciones; una decena de sugerencias de particulares; y 16 informes de las comunidades autónomas para complementar sus análisis. Destacan entre ellas, por su calado y por haber devenido luego en algunos casos en propuestas integrales para la reforma, las elaboradas por el servicio de estudios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el Instituto de Estudios Económicos (IEE); la patronal catalana Foment del Treball; el Círculo de Empresarios; el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); o la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuyas demandas se analizan aquí. Pese a la disparidad de opiniones en algunos campos, todas coinciden en plantear algunas reclamaciones comunes que entroncan en la petición concreta de que el Impuesto de Patrimonio sea suprimido y el deseo generalizado de que la reforma logre una mayor recaudación por fomentar el crecimiento económico en lugar de por conllevar una subida generalizada de impuestos.

La confianza en este punto es, sin embargo, relativa. «El problema del comité de expertos es que nace viciado por el diagnóstico previo del Gobierno de que lo que hace falta es subir impuestos, como si el paciente acudiera al doctor contándole la enfermedad y dirigiendo el tratamiento», sostiene Gregorio Izquierdo, director de Economía de la CEOE y director general del IEE, que opina que lo prioritario sería aumentar la seguridad jurídica del sistema tributario español, potenciar la lucha contra la economía sumergida, impulsar una mejora de la actividad y las rentas para aumentar la recaudación, y limitar la necesidad de ingresos abordando una evaluación en profundidad del gasto público.

Confrontado el punto de partida, estas son las principales iniciativas planteadas en distintos documentos de trabajo por los colectivos de empresarios y asesores fiscales antes mencionados:

Sociedades

En el ámbito del Impuesto de Sociedades, empresarios y fiscalistas coinciden en reclamar al Gobierno que vuelva a elevar al 100% la exención sobre dividendos y plusvlalías de filiales que rebajó al 95% en el Presupuesto de 2021. Más allá de que el año pasado solo recaudó 79 de los 473 millones de euros previstos, sus críticos denuncian que supone una doble imposición. «Tiene una justificación, fundamentalmente recaudatoria», aseveran en el REAF, instando a revertir la medida según se deje atrás la crisis.

Otro terreno de confluencia en las propuestas es la petición de que el pago fraccionado mínimo sea eliminado, asegurando que las empresas no se vean obligadas a anticipar una cuantía excesiva que acaba superando la cuota definitiva a pagar.

Beneficios fiscales

Las primeras diferencias de planteamiento se dan en el campo de los beneficios fiscales. Mientras que el REAF considera necesario una revisión en profundidad de ayudas selectivas como son las deducciones por I+D+i, empresas cinematográficas, arrendamiento de viviendas, adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero como fórmula para elevar la recaudación sin subir impuestos, la CEOE aboga por potenciar los incentivos vinculados a la inversión en I+D+i. Ambos coinciden, eso sí, en la necesidad de corregir las actuales limitaciones sobre la deducción de gastos financieros o las restricciones que constriñen la compensación de pérdidas (la compensación de bases negativas está topada al 50% para empresas que facturan de 20 a 60 millones y al 25% para las que tienen mayores ingresos).

El REAF propone, a su vez, utilizar los recursos liberados para ofrecer una deducción en cuota proporcional al incremento de plantilla, para incentivar la creación de empleo.

Empresa familiar

El consenso vuelve a ser amplio cuando se abordan los beneficios fiscales aplicados a la empresa familiar, donde se permiten reducciones del 95% al 99% en el pago del Impuesto de Sucesiones o Donaciones. Fiscalistas y empresarios subrayan, sin embargo, que es necesario dotar a estas ayudas de mayor seguridad jurídica para garantizar su aprovechamiento sin necesidad de entablar batallas legales con el Fisco que a menudo requieren esperar años hasta que los tribunales acaban fijando criterio. Muestra de ello es el reciente pronunciamiento del Supremo, avanzado por este diario, aclarando que activos financieros como los fondos de inversión pueden quedar sujetos a esta protección si son utilizados para fines empresariales, como dar salida a los excedentes de liquidez, lo que venía siendo objeto de disputa ante la interpretación más restrictiva que hacía la Agencia Tributaria.

Fiscalistas y empresarios piden criterios claros y estables en todo el país, mientras que las patronales abogan por ir más lejos y reclamar mejoras de su régimen específico, reduciendo las restricciones de acceso vigentes.

IRPF

En el ámbito de la Renta, las diferentes propuestas corren en paralelo. De una parte, la patronal aboga por impedir que los tipos marginales superen en ningún caso el 50%, como ocurre ya en varias regiones a partir de los 300.000 euros. Además, la CEOE propone situar la tributación máxima de los rendimientos del ahorro en tipos inferiores al 20%, frente a la escala del 19% al 26% actualmente vigente. Finalmente, los empresarios consideran necesario que se reviertan las limitaciones a aportaciones de planes individuales de pensiones aprobadas en 2021 y 2022, abogando por mantener el atractivo de estos complementos de la pensión pública aunque se busque potenciar en paralelo los planes colectivos de empresa. Desde el REAF, por su parte, proponen revisar la aplicación de los mínimos personales y familiares trasladando el reflejo de la renta que no debe gravar el impuesto a la deducción en cuota a fin de fortalecer la progresividad.

Unos y otros consideran, además, que es buen momento para que el Gobierno se plantee deflactar la tarifa del IRPF con la inflación, habida cuenta de que el IPC está en máximos de más de tres décadas, para evitar el efecto de la llamada progresividad en frío, que penaliza al contribuyente.

IVA

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, los asesores fiscales reconocen que hay cierto margen para revisar los grupos de bienes y servicios que están sujetos al tipo reducido (10%) y superreducido (4%), frente al general del 21%. Esta es una senda que, de forma recurrente, los organismos internacionales vienen conminando a España a recorrer a fin de alinear su sistema tributario al de los países del entorno. La patronal, que evita entrar en este debate más que para pedir prudencia en las actuaciones que puedan dañar a sectores especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, tiene otras reclamaciones. Desde el IEE instan a simplificar las obligaciones de las pymes y a facilitar la recuperación del IVA de las facturas impagadas, algo en lo que también incide el Círculo de Empresarios.

Impuestos verdes

«En el desarrollo de la fiscalidad medioambiental, que va a constituir el grueso de los tributos nuevos, en nuestra opinión debería hacerse siempre en consonancia con la Unión Europea», ha venido defendiendo Estella Raventós, presidenta de Aedaf. Su análisis coincide con loas del REAF y las patronales en la advertencia de que los impuestos verdes no deben seguir un objetivo puramente recaudatorio, sino de corrección de prácticas indeseables, en este caso contaminantes, por lo que conviene no considerarlos fuentes de ingresos relevantes a medio y largo plazo. Más allá, Carmen Jover, vocal del REAF, aboga por impulsar una cierta homogeneización de las múltiples y variadas figuras similares desplegadas hasta la fecha por las comunidades autónomas en forma de impuestos propios.

Fiscalidad regional

El punto que mayor grado de consenso arroja entre patronales y asesores fiscales es, sin duda, la petición de que la reforma fiscal se aproveche para suprimir el Impuesto de Patrimonio. La figura, recuerdan, nació con el objetivo fundamental de lograr un censo de las fortunas españolas, pero hoy día ha terminado desapareciendo de la mayoría de países de Europa, a excepción de España, Suiza o Noruega, fundamentalmente. «Este gravamen es confiscatorio, penaliza el ahorro y perjudica la inversión», asevera Foment. «En el caso de mantenerse el Impuesto sobre Patrimonio debe establecerse un escudo fiscal, por el que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de Renta y Patrimonio», ofrece el IEE como alternativa, abogando por reforzar una cobertura que hoy se sitúa en el 60% de esa suma.

En el resto de impuestos de gestión cedida a las regiones, destacan diferentes propuestas sobre Sucesiones y Donaciones. Mientras Foment pide dejar exentos los patrimonios inferiores al millón de euros y aplicar desde entonces tipos máximos del 9%, la CEOE admite llevarlos al 15%. El REAF, por su parte, pide una cierta armonización inicial del tributo que siga dejando a las regiones la libertad de fijar bonificaciones y deducciones.

Fuente: Expansión.com