El Gobierno aprueba el alza del salario mínimo a 1.000 euros y el fondo público de pensiones.  La empresa podrá reducir 80 euros de la base de cotización por trabajador en los planes de empleo. 

Las empresas tendrán una reducción de las cotizaciones sociales de hasta 115 euros al mes -1.380 euros al año- por trabajador. Deducciones de hasta 10.500 euros de ahorro para el empleado.

Finalmente, el Gobierno ha elevado a 115 euros la reducción máxima de la cotización social por trabajador y mes que puede hacer la empresa en su aportación a los planes de pensiones. Esta cuantía supone 35 euros más en la reducción de las cotizaciones sociales que los 80 euros que había previsto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en los últimos borradores que presentó a la patronal y los sindicatos en sus negociaciones sobre el proyecto de ley de planes colectivos de empleo de promoción pública, que aprobó ayer el Consejo de Ministros.

Por lo tanto, en un año, una empresa que haga aportaciones al plan de pensiones de los trabajadores podrá reducir de su parte de la cotización social hasta 1.380 euros al año por cada uno. Según la Seguridad Social, esta cuantía supone un ahorro por salario medio para la empresa de 400 euros por trabajador al año.

Este es uno de los estímulos a las empresas y los trabajadores con los que el Gobierno quiere relanzar los planes colectivos de pensiones en las empresas -también conocidos como planes de empleo-, complementarios a la prestación de la Seguridad Social. Con ello, el Ejecutivo tiene los siguientes objetivos en la década que termina en 2030. En primer lugar, que el número de suscriptores de estos planes pase de dos a diez millones de personas. Y, en segundo lugar, que el ahorro en estos planes pase desde los 35.000 millones de euros de ahora a los 200.000 millones de euros.

El Gobierno quiere que la ley esté aprobada en junio, para poder entrar en vigor en enero del próximo año. En consecuencia, y además de la ya mencionada reducción de las cotizaciones sociales que podrán hacer las empresas por aportar a los planes de pensiones de sus trabajadores, otras medidas importantes que contiene el proyecto de ley de planes colectivos de pensiones de promoción pública son las siguientes:

• ¿Cómo será la deducción fiscal por la aportación a los planes de pensiones? La base imponible se puede reducir hasta un 30% para el salario medio. El trabajador podrá superar la aportación de la empresa en el plan de pensiones. No obstante, el empleado tendrá un límite en función de lo que ponga la compañía. En conjunto, no podrán superar los 10.500 euros al año de ahorro con deducción fiscal. Como ejemplo, si la empresa aporta 500 euros al año -42 euros al mes-, el trabajador podrá elevar su aportación en 2,5 veces lo que ponga la empresa. Es decir, hasta 1.250 euros. A estas cifra hay que sumar los 1.500 euros que tienen los planes individuales como límite de ahorro deducible. Por lo tanto, la suma de todas las aportaciones arroja una cuantía máxima de 3.250 euros que el trabajador podrá deducirse al año en el Impuesto sobre la Renta. Otro ejemplo: si la empresa aporta al plan de pensiones del trabajador 2.000 euros al año, o 166 euros al mes, el empleado podrá igualar esta cantidad, más los 1.500 euros que se fijan como límite máximo deducible en los planes de pensiones individuales. La suma de todas las aportaciones da una cuantía máxima deducible de 5.500 euros al mes.
• ¿Cuál es la deducción fiscal máxima de los autónomos? La cantidad que podrán deducirse los autónomos en el Impuesto sobre la Renta por tener un plan de pensiones en un año será de hasta 5.750 euros al año. Esta cantidad es la mitad de los 10.500 euros como techo máximo deducible en los planes colectivos.
• Cómo serán las comisiones de gestión de los planes de pensiones. En este caso, las comisiones no podrán superar un techo del 0,5% del fondo gestionado. Con ello, el Gobierno pretende introducir competencia en el mercado, y rebajar las comisiones del sector financiero, que se sitúan en torno al 1,5%. No obstante, el proyecto de ley emplaza al Gobierno a la elaboración de un próximo reglamento en el que se pongan los límites de las comisiones que tengan las gestoras y las entidades despositarias, como los bancos.
• ¿Quiénes pueden promover los planes de pensiones? Podrán promoverlos las empresas incluidas en los acuerdos sectoriales dentro de la negociación colectiva. El Gobierno quiere extender esta fórmula de la previsión a través de los convenios. Hay que tener en cuenta que los planes de pensiones son un instrumento también de moderación salarial. Son retribución diferida para el trabajador. Además, también podrán promover estos planes de pensiones las asociaciones de autónomos, aunque no será necesario ser un socio de las mismas. También las administraciones y las empresas públicas.
• ¿Cuáles son los colectivos de trabajadores a los que el Gobierno quiere dirigir estos planes? Como se dice anateriormente, precisamente, el principal objetivo de la reducción de las comisiones en la gestión de los planes tiene como fin abaratar el producto y, con ello, animar al ahorro a los salarios medios y bajos. Y, por lo tanto, también a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. El Gobierno también quiere que puedan entrar en estos planes los ayuntamientos. El Gobierno central y las comunidades autónomas ya tienen planes de pensiones.
• ¿Quién controlará los planes de pensiones de promoción pública? La financiación de los planes es privada, pero la máxima autoridad de control de los fondos de pensiones, donde se integran los planes, será el Gobierno. Una Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones seleccionará las entidades gestoras y depositarias, supervisará la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial del fondo. La Comisión Promotora y de Seguimiento estará formada por nueve funcionarios. De ellos, cinco pertenecerán a la Seguridad Social. Los cuatro consejeros restantes, con una relación de uno por cada Departamento, pertenecerán a los ministerios de Trabajo, Economía y Transformación Digital, Hacienda y Función Pública, y al Ministerio de Transición Ecológica. Todos ellos del área económica del Ejecutivo, como no puede ser de otra manera.
• ¿Qué es la Comisión de Control Especial de los Fondos Públicos? Será el órgano en el que estarán representadas las organizaciones empresariales y sindicales. Su composición, de trece miembros, será la siguiente: cinco representantes del Ministerio de la Seguridad Social. Otros ocho miembros, repartidos a partes iguales, entre las organizaciones empresariales y sindicales. Su mandato durará seis años, y cada tres años se renovará la mitad de ellos más uno. Bajo la supervisión de la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos, la Comisión de Control Especial se encargará de la política de inversión de cada fondo, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma.
• Entrada de las gestoras medianas y pequeñas. Finalmente, el Ejecutivo ha suprimido los límites mínimos que había puesto de gestión de capital y de fondo de solvencia, lo que facilita que puedan concurrir entidades medianas o colegios profesionales a la gestión de los fondos y planes de pensiones. Más allá de los grandes bancos y sus entidades.

Fuente: Expansion.com